En el año 2021 y en los primeros cuatro meses de 2022 se paralizaron 313 desahucios en Canarias, según los datos del Gobierno de Canarias. Según los aportados por el Consejo General del Poder Judicial, solo durante este primer trimestre sí que se ejecutaron 676 lanzamientos, es decir, gente que fue desahuciada de su casa por orden judicial, lo que supuso un incremento del 10% en relación al mismo periodo del año anterior. Según estos datos, Canarias se ha situado como la tercera comunidad con la tasa más alta de lanzamientos hasta marzo de este año, que se fija en 31,3 por cada 100.000 habitantes.
Detrás de estos números hay noches sin dormir, angustia, idas y venidas a los servicios sociales o a los juzgados, de gente que, en su mayoría, desconoce por completo el procedimiento legal por el que acaban perdiendo sus casas, una falta de recursos que hace que muchas veces se llegue tarde al intento de parar esos desahucios.
Son cifras en las que se reflejan nombres como el de Ana María, que el pasado cuatro de julio logró parar, por tercera vez, el desahucio de la que ha sido su casa durante los últimos 17 años, la que primero fue de sus padres, hipotecados hasta su muerte, la de su hermana, ya fallecida, y la de ella que, a sus 58 años, con dos hijos adolescentes, una prestación de desempleo para mayores de 52 años de 463 euros, se ha visto en la tesitura de comer y salir adelante o pagar una hipoteca a la que no podía hacer frente.
Ana María es el ejemplo de la necesidad que la población en general tiene de formación jurídica básica, de conocer los recursos a los que tienen derecho, y la necesidad de que el sistema, pero también las entidades financieras, dejen de triturar personas.
“Cuando me llegó el primer aviso, me dijeron que fuera a presentar mis papeles al juzgado y que allí ya me dirían”, cuenta Ana María. “Pensaba que era entregarlos en una oficina de registro o algo así, y lo que me encontré fue con la vista de desahucio, con el abogado de la entidad financiera, el juez, y yo allí sin abogado” cuenta como si aún no terminara de creérselo.
Respondió como pudo, como supo, a lo que le preguntó el juez, que acabó dictaminando que debía abandonar la casa. Ese primer desahucio, gracias a que Ana María ya estaba en contacto con los servicios sociales, se logró parar. Pero llegó un segundo. “Ahí me asignaron un abogado de oficio. Después de mucho rogar que me explicara que estaba haciendo, que me diera los papeles que había presentado, al final logré que me los diera y me fui directa al juzgado y los presenté yo, y se paró”.
Cuenta esta vecina de Santa Cruz que a esas alturas ya había oído hablar del protocolo antidesahucios del Ayuntamiento capitalino. “Me fui al Ayuntamiento y me dijeron que como ya estaba paralizado, que cuando llegara el siguiente aviso que acudiera para activarlo”.
Y llegó. Lo hizo el pasado 21 de junio, con fecha de lanzamiento para ese lunes 4 de julio. “El día 21 me presenté en el Ayuntamiento y me dijeron que habían activado el protocolo, pero el 30 de junio aún no sabía nada, y el desahucio era para el día 4. Llamé por teléfono y me atendieron creo que desde Viviendas, y allí dijeron que justo ese día 30 había salido para el juzgado y para la Caixa los papeles del informe de vulnerabilidad”, cuenta de un tirón Ana María.
Sin embargo, al día siguiente, recibió una llamada en la que le confirman que no se ha parado el desahucio porque el informe no ha llegado al juzgado, “no sé el motivo, y me anuncian que el lunes a las diez y media se ejecutaría. Y entré en desesperación”.
“Entiendo que esta casa no es mía -continúa- que ya es del banco, yo no me quiero quedar aquí como una caradura, no soy una sinvergüenza. Soy alguien que no tiene familia, mis padres fallecieron, no tengo hermanos, ni un familiar al que recurrir para que me ayuda a recoger mis cosas y poder quedarme en su casa. Yo necesito llevarme mis cosas, no solo la ropa de mis hijos y la mía, sino que tengo que desmantelar una casa en la que llevo viviendo 17 años, cuadros, lámparas, muebles…, son mis cosas, lo único que tengo, pero no tengo nadie que me recoja. Cuando me dicen que soy vulnerable yo lo que contesto que lo que estoy es en el umbral de la pobreza”.
La desesperación de Ana María la llevó a intentar contactar directamente con el alcalde, José Manuel Bermúdez, y le mandó un mensaje a través de Facebook, y respondió. “Sinceramente pensé que no me respondería, no tiene por qué, le escribí y le conté lo que estaba pasando. Me contestó, y me dijo que no me preocupara, que iba a ver qué se podía hacer”. Esa misma tarde llamaron a Ana desde el IMAS asegurando que el lunes se comunicarían con la comisión judicial para intentar parar el desahucio.
Sin embargo, el mismo lunes, Ana María vio como empezaron a llegar los cerrajeros, con la puerta de hierro preparada para instalarla en su casa y de nuevo pidió ayuda al alcalde. “Mis hijos estaban desquiciados, llorando, pasaron mala noche. La comisión judicial me comunicó por teléfono que estaban intentando ponerse en contacto con el IMAS, donde me dijeron que estaban en ello. Pero ver llegar a los cerrajeros fue terrible”.
“Al poco tiempo llegaron los señores de la comisión judicial -continúa- y me dijeron que tranquila, que ya había llegado el informe de vulnerabilidad y que se iba a paralizar”. Ana María volvió a su casa a esperar la llamada definitiva que le confirmara lo que le había anticipado la comisión judicial. “A las cinco minutos me llaman y me dicen que se había paralizado y que lo había hecho directamente el alcalde llamando al juzgado”.
“La angustia es lo peor de todo” sentencia Ana María cogiendo algo de aire, para a continuación reflexionar sobre su situación. “Me mandaron a Provivienda, pero son alquileres privados, y según me dijeron ni siquiera llego a los requisitos mínimos para acceder al programa, que son unos ingresos mínimos, y la posibilidad de conseguir un trabajo. Así que para un juez no soy los suficientemente vulnerable y para otras cosas soy demasiado vulnerable”.
Ana María no quiere terminar su historia sin agradecer a José Manuel Bermúdez su intervención, momento en el que no puede evitar emocionarse. “Yo sé que el alcalde no tiene porque pedir por mi, porque para eso hay gente que trabaja en situaciones como la mía, pero quiero agradecerle que se preocupara por mi, aunque no sea su labor atender uno a uno a sus vecinos, para mí fue como un ángel caído del cielo, una bendición de dios. Me pongo a llorar porque hasta ahora nadie había hecho nada por mí, porque cuando una está sola, y ves que alguien se preocupa por tí no puedes más que agradecerlo infinitamente”.
Esta vecina tiene por delante aún una larga batalla, porque habrá un cuarto intento. De momento el banco le ha denegado un alquiler social alegando que ya hay una sentencia y que no pueden hacer nada. Ana sabe que tiene que irse pero necesita una casa a la que poder llevar sus cosas, o al menos un lugar donde guardarlas y una casa en la que instalarse con sus hijos. “Los alquileres están a 700 o 800 euros y yo no puedo con 463 euros acceder a esos pisos. Necesito una casa, no me importa que sea fuera de mi barrio, pero tampoco me puedo ir a otro municipio porque no hay las ayudas que hay en Santa Cruz”.
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