economía

El coste y los retrasos de las materias primas frenan 140 obras públicas en Canarias

Fepeco reprocha a las administraciones su “incapacidad técnica” para actualizar el precio de los proyectos tras quedar desiertos concursos por valor de 53 millones
obras públicas en Canarias

Un total de 140 obras públicas no pudieron ser adjudicadas en Canarias entre enero de 2021 y el pasado mes de junio al quedarse desiertos los concursos convocados por las distintas administraciones públicas, según confirmó a este periódico la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco). El coste global de los proyectos sin licitar ascendió a 53 millones de euros.

Según los datos de la patronal de la construcción, de los 140 proyectos que no pudieron materializarse, 90 correspondieron a la provincia de Las Palmas (por valor de 29 millones de euros) y 50 a la de Santa Cruz de Tenerife (24 millones).

Óscar Izquierdo, presidente de Fepeco, atribuye esta situación “no tanto a falta de predisposición política, sino a la escasez de personal y a la insuficiente capacidad técnica del Gobierno, cabildos y ayuntamientos para actualizar el precio de los proyectos”, en algunos casos fijados en 2019 y 2020. “Las administraciones públicas, en todos sus niveles, se muestran incapaces y están impidiendo que las licitaciones que salen lo hagan con precios actualizados y toda obra que no salga a concurso a precio de mercado se va a quedar desierta”, advierte.

Esta paralización en las adjudicaciones afecta a obras públicas de organismos e instituciones como el Servicio Canario de la Salud, AENA, la Jefatura del Mando de Defensa de Canarias, autoridades portuarias, Paradores Nacionales, cabildos, ayuntamientos, institutos sociales, consorcios y mancomunidades, entre otros. Varios ayuntamientos consultados por este periódico admiten estar “muy preocupados” ante este panorama.

La consejera de Educación, Manuela Armas, admitió la semana pasada en el Parlamento que el Gobierno de Canarias “va a tener dificultades” a la hora de contratar obras por el alza de los precios de los materiales de construcción y el encarecimiento y los retrasos en el transporte, que, señaló, traen como consecuencia que las mesas de contratación queden desiertas y se retiren algunas empresas adjudicatarias.

Además, se están registrando retrasos en obras ya en marcha, como en el caso de la rehabilitación de Las Chumberas, por la espiral alcista en el precio de las materias primas, los problemas para el transporte de materiales (el 90% de lo que llega a Canarias procede de Asia), agravados por las dificultades para conseguir contenedores y colocarlos en barcos (en muchos casos mediante subastas), y una “deficiente” conectividad entre la Península y el Archipiélago, con solo un viaje por semana desde Algeciras, algo “impresentable”, a juicio del líder de los constructores tinerfeños, al entender que “el riesgo de desabastecimiento, no solo de materiales de construcción sino de alimentos, está más cerca de lo que parece”.

Además, recordó que la prioridad para el embarque en el puerto andaluz son los productos perecederos por delante de los materiales de construcción, lo que lleva a algunas empresas del sector a esperar hasta un mes para que los suministros lleguen a Tenerife.

Combustibles

Pero el factor que más daño está generando a la construcción es el desbocado precio de los carburantes. “Un tractor puede consumir cuatro o cinco veces más que una guagua”, remarca Izquierdo. “Esta subida nos está ahogando, porque utilizamos una cantidad de combustible enorme, superior incluso a las empresas de transportes”. Por ello, advierte: “Si no hay una ayuda urgente por parte de los gobiernos central, canario y los cabildos para hacer frente al coste del combustible en la construcción, la mayoría de empresas van a tener que cerrar, así de claro, sobre todo las que se dedican al movimiento de tierras, demoliciones o las que cuentan con mucha maquinaria”.

Por último, desde la federación de la construcción se alerta sobre el aumento “desmesurado” de la economía sumergida en trabajos de conservación, mantenimiento, reformas y rehabilitación de viviendas, por lo que pide que esas tareas desgraven fiscalmente “para obligar a entregar facturas”.

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