La orden de registro del FBI que se hizo pública este viernes plantea serios problemas para el polémico expresidente de Estados Unidos. El documento judicial revela que el FBI está investigando a Donald Trump por una posible violación de la Ley de Espionaje. El recibo que acompaña a la orden de registro indica que Trump poseía documentos que incluían una nota escrita a mano; documentos marcados con “TS/SCI”, uno de los niveles más altos de clasificación gubernamental Top Secret; otro elemento etiquetado como “Info re: presidente de Francia”, así como documentos sobre el perdón presidencial de uno sus confidentes más cercanos, Roger Stone.
¿Don Espía?
La orden muestra que la policía federal investiga a Donald Trump por la eliminación o destrucción de registros, obstrucción a la justicia y la violación de la Ley de Espionaje, que puede abarcar delitos más allá del espionaje, como la negativa a devolver documentos de seguridad nacional a pedido. La condena bajo los estatutos puede resultar en encarcelamiento o multas. Según informó Politico, los documentos subrayan la extraordinaria amenaza a la seguridad nacional que los investigadores federales creen que presenta los documentos perdidos, una preocupación que provocó que el fiscal general Merrick Garland aprobara el inaudito registro domiciliario de Trump.
La excusa de Trump
En una declaración de la oficina del expresidente, se afirma que Trump a menudo llevaba documentos clasificados a su residencia y había emitido una “orden permanente nunca revelada” de “que todos los documentos eliminados de esta manera se consideraran desclasificados”. “El poder de clasificar y desclasificar documentos recae únicamente en el presidente de los Estados Unidos”, según el comunicado, sin considerar que el proceso de desclasificación conlleva una serie de trámites. The Washington Post publicó que el FBI tenía como misión confiscar documentos clasificados sobre armas nucleares. En un nuevo comunicado Trump calificó el tema de las armas nucleares como un “engaño” y sugirió que el FBI plantó evidencia, sin ofrecer información que indique cómo sucedió tal cosa.
La orden de registro
La orden de registro publicada señala que la misión de los agentes era buscar todos los “documentos físicos y registros que constituyan evidencia, contrabando, frutos de delitos u otros artículos poseídos ilegalmente en violación de tres delitos potenciales”, incluida una parte de la Ley de Espionaje que prohíbe la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa nacional. La orden también cita la destrucción de registros y el ocultamiento o mutilación de material del Gobierno.
Antecedentes
A principios de 2022, unas 15 cajas con materiales que deberían haberse entregado a los Archivos Nacionales antes de que Trump dejara el cargo fueron confiscadas en la propiedad de Palm Beach. Las investigaciones pertinentes sugirieron que había más material todavía en posesión del expresidente, que difícilmente entregaría de forma voluntaria.
Todavía hay mucho que no sabemos sobre lo que los agentes estaban buscando y lo que encontraron, pero el proceso de solicitud y recepción del permiso para la orden indica la importancia de lo sucedido.
Importancia del registro
Para que nos entendamos, un registro domiciliario del FBI significa que probablemente la persona investigada enfrentará cargos. Para llegar a emitir la orden, un juez federal tiene que determinar que hay razones sólidas para creer que se cometió un delito federal y que la evidencia del delito está de hecho, en el lugar donde se va a efectuar el registro.
En este caso, dado el alto perfil del investigado, para obtener la orden, el Departamento de Justicia tuvo que haber salvado más obstáculos que los corredores de la Spartan Race Ultra, es decir, presentar una declaración jurada detallada a un juez analizando la evidencia en su poder de que se cometió un delito brindando argumentos claros para creer que la evidencia de ese delito estaba en Mar-a-Lago en ese preciso momento.
Es extremadamente improbable que un juez apruebe una orden con evidencia obsoleta y el Departamento de Justicia se lo habrá pensado mucho antes de emitirla debido a los enormes riesgos para su reputación y la de la nación en general. Riesgos que el Departamento de Justicia no correría de no tratarse de algo más grave que una simple mala gestión de documentos. Antes incluso de que los fiscales llegaran al punto de pedirle a un magistrado que aprobara la orden para seguir adelante con una búsqueda de consecuencias históricas y políticas, los investigadores tendrían que haber obtenido la aprobación de los niveles más altos del Departamento de Justicia. Según los medios estadounidenses, estamos hablando como mínimo, de la fiscal general adjunta Lisa Monaco, y también habrían consultado al fiscal general Merrick Garland y al director del FBI Chris Wray.
¿Qué significa esto para Trump?
Una orden de registro y la presencia del FBI significan una investigación criminal. Hay otros estatutos de retención de registros que conllevan sanciones penales, como la Ley de Espionaje, que la Fiscalía considera pudo haber sido violada.
Reacción del partido Republicano
El Partido Republicano reaccionó en principio con amenazas y comparaciones con la Gestapo, aunque al darse a conocer la potencial investigación sobre espionaje, algunas de esas voces bajaron el tono, llegando a cancelarse una rueda de prensa que estaba prevista.
Las condenas de los conservadores se habían intensificado cuando los legisladores y candidatos afines al polémico exmandatario compararon la investigación con un persecución política propia del “Tercer Mundo” e incluso con los nazi, o usando términos como “dictadura” y “república bananera”. El senador republicano por Florida, Rick Scott, presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional, dijo que el gobierno federal ha seguido el camino de “la Gestapo”. El Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York emitió un comunicado pidiendo el arresto de cualquier persona involucrada en el registro, y otras barbaridades similares. Algunos congresistas conservadores que se habían distanciado de Trump, aprovecharon la oportunidad para acusar a los demócratas de cacería política, en un año con elecciones de medio término que empezaba bien para los republicanos, y que comienza a favorecer a los demócratas después de las recientes victorias legislativas de Biden, la reducción de la inflación y la decisión del Tribunal Supremo con respecto al aborto, que ha provocado respuestas inesperadas en algunos estados rojos como Kansas.
Sin embargo, algunos críticos republicanos del partido ven con preocupación que la abrumadora y virulenta respuesta republicana desvela una peligrosa lealtad al expresidente que sigue viva y coleando entre los más radicales. Las declaraciones denunciando la acción del FBI han generado una gran cantidad de comentarios que declaran o anticipan una “guerra civil”, reavivando los mismos temores que durante el intento de insurrección del 6 de enero de 2021. En Cincinnati, Ohio, un hombre fue abatido por la policía cuando trató de colarse armado en el edificio del FBI, y algunos medios ultraconservadores han desvelado el nombre de los agentes que participaron en el registro, con el fin de ponerlos en peligro.
Lo cierto es que el expresidente, jugando una vez más su carta de víctima de caza de brujas, aprovecha el tirón para reanimar su influencia, que empezaba a decaer tras la fatiga generada por sus incontables procesos legales y el ascenso de nuevas figuras en el partido, lo que supone que Trump podría salir de este embrollo más fuerte que nunca.
Mientras tanto, en Nueva York…
En esta semana movidita para Trump, el exmandatario invocó su derecho a acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución y se negó a responder preguntas de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en su comparecencia de esta semana, como parte de una investigación civil de más de tres años sobre si la Organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y las autoridades fiscales al proporcionar estados financieros, cuando menos, engañosos.
Trump, siguiendo en la misma línea de sus declaraciones con respecto a sus otros problemas legales, dijo que se trataba de una “reunión” que no es otra cosa que “una continuación de la mayor caza de brujas en la historia de los Estados Unidos”, subrayó el presunto magnate. “Mi gran empresa y yo estamos siendo atacados por todos lados. ¡Banana Republic!”. La investigación civil de la fiscal general está llegando a su fin y es posible que pronto se tome una decisión sobre una acción de ejecución, sin embargo, el fiscal de distrito de Manhattan tiene una investigación criminal en curso por separado sobre la Organización Trump.
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