Por Diego Rodríguez Veiga. | Miguel Ángel Rodríguez Arias es un tipo curioso. ¿Por dónde empezar? Es de Barcelona (1977), pero vive en La Palma por sus parajes. Aunque es abogado, tiene alma de poeta y explica el panorama judicial citando a Blas de Otero antes que la Constitución. De hecho, está ultimando un par de poemarios en los ratos que no redacta querellas. No usa WhatsApp, tira de SMS. De él nace la idea -malinterpretada- de que “España es el país con más desaparecidos después de Camboya”. Le recibió el Papa… Ah, y tiene un cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau presidiendo su despacho. Se trata de un retrato del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, por eso de ganar guerras aún estando en minoría.
Si el cuadro está ahí, mirándole mientras bucea entre sentencias para encontrar la jurisprudencia, es porque se siente un poco así en su trabajo del día a día. Y, de momento, no le falla la percepción: Rodríguez Arias es el abogado que ha logrado dar con la fórmula jurídica que está permitiendo poner en la diana de los tribunales a la cúpula de ETA, a los verdaderos cabecillas que estuvieron detrás del pistolero de turno.
Gracias a su labor, unida al de la asociación de víctimas Dignidad y Jusiticia para la que trabaja, en los últimos meses se han reabierto hasta siete casos, con 22 exjefes de la banda terrorista investigados y ocho de ellos formalmente imputados. Mientras se espera a ver qué resultados tiene todo esto, lo cierto es que su fórmula le ha llevado a convertirse en una especie de alquimista y azote contra el terrorismo que busca someter a ETA al Núremberg que nunca tuvo. Porque igual que pasó en los juicios contra los nazis, tan culpable (o más) era el dirigente de la organización como el soldado que acataba órdenes.
Grosso modo -ya desgranará él mismo los detalles EL ESPAÑOL | Porfolio- la fórmula consiste en considerar los crímenes de la banda como de lesa humanidad, para que no prescriban, y aplicar la “autoría mediata por dominio de la organización” y la “comisión por omisión”. Es decir, que (1) los jefes tenían un control absoluto de la banda, por lo que son responsables de lo que sucede, y (2) que los mismos podían haber parado los crímenes y no lo hicieron.
-Usted tiene una amplia carrera como abogado a favor de los Derechos Humanos y, aunque empezó a despuntar con las desapariciones forzadas en el franquismo, entró en todo esto con ETA. Es como un “volver a casa”.
“Sí, son los atentados de ETA los que despiertan la inclinación por el Derecho Internacional y por los Derechos Humanos. Mientras estudiaba la licenciatura, yo era lector de Francisco Tomás y Valiente [presidente del Tribunal Constitucional asesinado en 1996]. Me gustaba leerle en prensa y en todos los viajes que hice por universidades europeas mientras estudiaba siempre llevaba un libro de Tomás y Valiente. También fui a San Sebastián a las manifestaciones de ¡Basta Ya! y, cuando lo de Miguel Ángel Blanco, estuve en las vigilias junto a otros jóvenes pidiendo a los jefes de ETA que no lo mataran.”
-Quién le iba a decir…
“¡Exacto! Quién me iba a decir a mí, entonces, que 25 años después iba a ser yo el que reabriría la causa contra los jefes. También influyeron, por supuesto, los crímenes impunes del franquismo y la toma de conciencia de las fosas de los desaparecidos. Pero creo que el factor que más peso tiene es el de ver los atentados en directo, eso de ver que a alguien que estás leyendo en prensa, de repente, lo matan. ¿Sabes?”
Además del caso de Miguel Ángel Blanco, el trabajo de este abogado y de Dignidad y Justicia ha servido para que el Parlamento Europeo inste a considerar estos crímenes como de lesa humanidad y que se vuelva a investigar el atentado con coche-bomba contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (2008), el asesinato de Gregorio Ordóñez (1995), el del juez Querol Lombardero (2000), los ataques a la T4 del aeropuerto de Barajas (2006), el asesinato de dos policías en Sangüesa (2003) y el de la comisaría de Santa Pola (2002).
Este último atentado ha tenido este jueves una actualización. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado tomar declaración como imputados a seis exjefes de ETA por el atentado en la ciudad alicantina. La decisión se ha producido tras identificarles como dirigentes de la organización en aquella fecha. Las cosas están empezando a cambiar, parece, la Justicia no se fija ya sólo en el pistolero.
Derechos Humanos y el Papa
Miguel Ángel Rodríguez Arias nació en el Hospitalet, aunque acabó viviendo en Castilla-La Mancha y estudió en la universidad de ahí, en Ciudad Real. Lo suyo era el Derecho Penal Internacional y tenía el objetivo de convertirse en profesor e investigador jurídico. Tras acabar en la universidad española, inició una tourné por centros extranjeros de Italia y Alemania (Turín, Pavía, Milán y la Selva Negra) que han marcado su forma de ver el Derecho y allanaron el camino para la fórmula que ha patentado ahora.
Que es un fanático de la materia se le ve pronto, en cuanto abre la boca, y en las anécdotas que cuenta. Como cuando estando de Erasmus en Turín vio que la Corte Penal Internacional había convocado una de las reuniones preparatorias del Estatuto de Roma [el instrumento consultivo de la Corte Penal Internacional] en Trento y la universidad invitó a sus estudiantes a acudir. Él fue el único en hacerlo, ni siquiera fueron los italianos, ahí estaba solo ese entusiasta estudiante de Erasmus español. Tras la formación y numerosos galardones jurídicos, entró en el Instituto de Derecho Penal Internacional como profesor e investigador.
-¿Cuál es la semilla de la situación a la que hemos llegado?
“Me otorgaron la medalla Cesare Beccaria, que está auspiciada por las Naciones Unidas, por una investigación sobre la responsabilidad de actores no estatales en crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez que me aproximo, porque antes siempre se había pensado que los crímenes de lesa humanidad los cometían actores estatales y es evidente que no”.
-Ahí ya se le abre el camino.
“Claro. Cuando acabo mi etapa de formación, me pongo a trabajar en paralelo en lo que yo creía que eran las grandes lagunas en España en relación a crímenes contra la humanidad: lo que sucedió en el franquismo y en ETA”.
-Sin embargo, se le conoce primero por las desapariciones forzadas (las fosas comunes y los niños robados) en el franquismo.
“Yo ya abordaba lo de Miguel Ángel Blanco como desaparición forzada con ejecución extrajudicial, que es un delito contra la humanidad. Pero publiqué un artículo en Jueces para la Democracia, la revista jurídica progresista de referencia en España, que era la primera vez que se hablaba en España de las desapariciones del franquismo como crímenes contra la humanidad, no sólo como una cuestión de Memoria Histórica. Por otro lado, tenía que hacer un libro y decidí centrarlo en las desapariciones infantiles [en los niños robados], porque son desaparecidos que siguen vivos. Pero después ya me pongo con mi primer artículo de lesa humanidad de ETA, también nacional, y es el primer artículo en el que se habla de que lo que ha cometido la banda terrorista cumple con todos los requisitos de los crímenes contra la vida. Y yo creo que lo de ETA no se agota en el terrorismo. No pido tipificar nada nuevo, no, es que lo que hay que hacer es aplicar lo que ya está tipificado”.
-He leído que le recibió el Papa.
“Sí, lo pedimos porque buscábamos la colaboración de la Iglesia para el tema de los niños robados porque, en España, en ese asunto hay una presencia e interacción por parte de organizaciones de tipo religioso”.
– ¿Y cómo es Francisco I?
“En el trabajo del Derecho Internacional eso es habitual, el encontrarse con gente así. En ocasiones vas a una institución, en otras a otra. Yo recuerdo con cariño los encuentros con el papa Francisco, me dio una buena impresión personal. No siempre pasa así. Sentí que él se mostraba como era, que estaba a la altura de su persona.
-Entre los desaparecidos del franquismo y los crímenes de ETA… se mueve usted entre dos trincheras enfrentadas.
“Para mí es una cuestión de Derechos Humanos. Todos, ahí no distingo. A mis alumnos siempre les digo que no tengan genocida favorito, que tengan equipo de fútbol favorito y ya. Para que nuestro país avance de verdad hay que dejar las cuestiones ideológicas a un lado e ir a lo que dice el Derecho Internacional y aplicarlo con normalidad”.
Hartos de la impunidad de ETA en todos esos atentados sin resolver, desde la asociación Dignidad y Justicia decidieron ponerse en contacto con Rodríguez Arias. El presidente de la misma, Daniel Portero (que es diputado del PP en la Comunidad de Madrid e hijo de Luis Portero, fiscal jefe del TSJ de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000), cuenta a esta revista que se interesó en el abogado por esa experiencia que había mostrado en el Derecho Internacional en sus trabajos anteriores. Fue allá por el año 2012”.
-¿Qué le dijo Daniel Portero? ¿Por qué le quiso Dignidad y Justicia?
“Le llamó la atención lo que había dicho de que los de ETA también son crímenes contra la humanidad. Contactó conmigo porque buscaba vías nuevas para luchar contra la impunidad. Y yo creo que las cosas se habían estado haciendo mal. Desde la lógica del Derecho Internacional, lo normal es ir a por los jefes. Sin embargo, en España vamos siempre a por los autores materiales. Y eso es como intentar volar sin alas. Yo también quiero a los autores materiales, claro, pero cógete el juicio internacional que quieras, a los del nazismo, a los de los crímenes de cualquier dictadura, siempre se va a por los jefes en primer lugar.”
-Una de las labores más importantes que ha hecho ha sido la de sacar la cifra exacta de crímenes de ETA que habían quedado sin resolver. Antes se decía “más de 300”, ahora se sabe que son 379. Me han contado que le afectó personalmente.
“Es que era muy abrumador. Yo soy una persona que escribe poesía, no sé, los Derechos Humanos significan algo… es que era estar durante más de un año despertándome rodeado de fichas de gente asesinada por todas partes. Veías el asesinato, si tenían hijos, viudas, etcétera, todos los días. De hecho yo no guardé ninguna copia en papel del trabajo. No lo quería tener en el escritorio ni en la estantería, y tuve que desconectar unos meses”.
Pero el giro más importante que ha aportado Miguel Ángel Rodríguez Arias es esa fórmula que permite acercarse a encausar a los jefes de ETA como no se había hecho hasta ahora. Sus estudios en Alemania le hicieron caer sobre las tesis de los juristas Claus Roxin y Hans-Heinrich Jescheck, esencialmente la autoría mediata por dominio de la organización y la comisión por omisión. Esto es, primero, que el que tiene el poder en una organización también es responsable de sus actos y, segundo, que si tiene el poder de detener ciertos actos delictivos y no lo hace, también es responsable.
-¿En qué le ha influido en su fórmula Claus Roxin de la autoría mediata por dominio?
“Él es el gran maestro del Derecho Penal Europeo y su doctrina no la contesta nadie de los Pirineos para arriba. Sirve para casos de impunidad, cuando hay organizaciones terroristas con una gran capacidad, que están muy organizadas, que tienen muchos miembros, que son complejas… que no solo cometen actos delictivos, sino que tienen la capacidad de borrar las huellas de lo que han hecho”.
-¿Y se ha aplicado en la realidad?
“Sí, en Chile, en Argentina. La ha respaldado el Tribunal Supremo Federal alemán y es la gran doctrina que se ha aplicado en los últimos 50 años con normalidad en el escenario terrorista. Se ha aplicado también con los terroristas de Sendero Luminoso en Perú. En Colombia se ha aplicado contra líderes de grupos paramilitares, como es El Iguano, al que se le condena por 130 asesinatos como autor mediato por dominio. Y en su caso no hay órdenes, no hay nada. Lo que hay es la aplicación de los requisitos de Roxin”.
– ¿En España se ha aplicado?
“Pues se da la circunstancia de que el Tribunal Supremo español también lo ha reconocido porque España, con la reforma del artículo 28 del Código Penal, lo hizo siguiendo el artículo 25 del Código Penal alemán. Y esto lo estamos combinando con la comisión por omisión. Y en otra sentencia del Supremo esto ya se había aplicado a miembros del GRAPO. Los jefes del grupo podían haber dado la contraorden y haber liberado a Publio Crodón (que murió durante el secuestro en 1995) y no lo hicieron y fueron condenados. El Código Penal español dice que no solo responde un autor, sino todos, cada uno a su forma. Todos los que tengan una participación significativa deben responder. Eso sería la normalidad”.
– ¿Siente que van sólo a por el que tiene las huellas en el arma?
“Se considera un asesinato resuelto cuando cogen a uno. Con Tomás y Valiente ya está resuelto porque el pistolero pagó con la cárcel. Resulta que asesinar al expresidente del Tribunal Constitucional fue idea de un pistolero… Ya, claro…”
