Canarias tiene 2,2 millones de habitantes, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. ¿Son pocos, demasiados o la cantidad justa y perfecta? Esa es la pregunta que rondó, a principios de siglo, las cabezas de algunos gobernantes autonómicos, especialmente durante los mandatos de Román Rodríguez (entonces en CC, hoy líder de NC) y Paulino Rivero. Sin embargo, luego pareció disiparse la preocupación de los cargos públicos regionales por el riesgo de sobrepoblar las Islas, y el crecimiento económico no se detuvo en ningún momento, cimentado sobre una actividad tan próspera (en un privilegiado lugar del Atlántico como el nuestro) como precaria en cuanto a condiciones laborales si no se legisla adecuadamente. Ahora, el debate vuelve a surgir, y, aparentemente, algunos de los temores susurrados entonces comienzan a cumplirse.
El inicio del curso político, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre y representa la recta final de la presente legislatura, vendrá marcado por, entre otros asuntos, el de la sostenibilidad demográfica del Archipiélago. No es menos reseñable que se trata de un tema ideológico, puesto que está relacionado con materias tan sensibles como la transición ecológica, el modelo de desarrollo económico, la planificación territorial o la estrategia de promoción interior y exterior. Lo constituyen, por tanto, aspectos en los que acostumbran a chocar los bloques progresista y conservador, representados mayoritariamente en la actualidad por PSOE y CC. Esta última formación política, de hecho, pasó de ser quien destapara el melón a, con su actual secretario general, Fernando Clavijo, relegarlo a un segundo plano, dato a tener en cuenta sobre el papel que desempeñará en la articulación de medidas en uno u otro sentido.
Por el momento, el Parlamento ha dado luz verde a un Comisión de Estudio que se encargará de analizar el estado actual de la Comunidad y la capacidad que tiene de soportar el vigente tránsito de viajeros, así como el ritmo de asentamiento de población en el territorio. En las dos primeras décadas de este siglo, las Islas vieron incrementados sus habitantes en un 32%, es decir, 530.000 personas, muy por encima de la media nacional, algo que Román Rodríguez, en calidad de vicepresidente del Ejecutivo, valora como “desmesurado”. A su juicio, “debemos buscar fórmulas que posibiliten frenar un crecimiento poblacional descontrolado, para seguir reduciendo el desempleo mediante una gestión adecuada del territorio y los recursos naturales. Solo así puede evitarse el desfase de nuestros servicios públicos y el caos circulatorio en las carreteras”.
Sus argumentos, alineados con los principios de la izquierda, se asemejan a los empleados por uno de sus sucesores: Paulino Rivero. En abril del año pasado, durante un encuentro de expresidentes autonómicos organizado por la Cámara legislativa, al que también estuvo invitado Jerónimo Saavedra (PSOE), Rivero hizo hincapié en este punto, remarcando que, antes de actuar, se ha de lograr entre los grupos que conforman el arco parlamentario “la convicción de que tenemos un problema”, lo que, entiende, “le ha faltado” a Canarias a lo largo de los diferentes mandatos. Primero, para reflexionar al respecto, y en segundo lugar, para “plantearlo en Europa”. Cabe destacar sobre, precisamente, las actuaciones en el ámbito del club comunitario, que no fueron pocas las dudas surgidas hace unos años, por personas de distinto color y signo, en torno a la posibilidad de que cualquier ley o propuesta pudiera contravenir el principio de libre circulación sobre el que se erige la Unión Europea.
No obstante, en esa cita sostuvo que hay recetas que se pueden aplicar para alcanzar un equilibrio de desarrollo, ya que el tempo de 20.000 habitantes más al año “va creando poco a poco un problema social de primera magnitud”. Se refirió, en concreto, a aumentar los controles sobre la inmigración regular, dado que, entiende, la que accede por vía precaria (pateras o cayucos) no es exactamente el problema. De hecho, cabe destacar que la mayor parte de los arribados por la denominada ruta canaria tienen como destino final el continente europeo, como se desprende tanto de los datos recogidos por las ONG como por el Gobierno central, así como los testimonios de los protagonistas de tan desesperados como peligrosos desplazamientos desde África.
RETORNO
Más de 20 años después de que se planteara por primera vez este debate, se ha vuelto a poner sobre la mesa. Y con más razón que nunca: nos encontramos ante una época de cambios, marcada por la irrupción de la pandemia de la COVID-19, la guerra en Ucrania declarada por Rusia y la contienda económica de China y Estados Unidos. Un cóctel que se ha traducido en inflación y dificultades para acceder a determinadas materias primas -como el grano, del que Kiev era principal exportador mundial-, por lo que las voces autorizadas afirman que debe venir aparejado de cambios en el modelo productivo de muchas regiones. ¿Será el caso de Canarias? Por ahora, el presidente Ángel Víctor Torres ha puesto el acento en que hay un crecimiento asimétrico en función de cada isla, por lo que algunas se pueden categorizar como “vaciadas” y otras “caminan a una velocidad distinta”. Subraya que, por ejemplo, mientras los habitantes de Fuerteventura han subido un 180%, en La Palma tan solo un 2%.
Desde la izquierda del PSOE, Podemos ya ha propuesto en varias ocasiones “resetear” el sistema productivo isleño tal y como está concebido, de modo que deje de ser “tan dependiente” del turismo. En esta línea, defiende que se establezca una moratoria turística “total” en el Archipiélago, de modo que no se puedan construir más hoteles y se frene la llegada de más visitantes por no existir camas donde alojarlos. Una vía en la que se trabajó en 2002, cuando Román Rodríguez era presidente del Gobierno, junto a la constitución de un grupo de profesionales multidisciplinar que abordara el reto demográfico, entonces denominado Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias.
En el informe emitido por ese órgano provisional, digitalizado por la biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y accesible en Internet, los miembros auguraban que el aumento de los habitantes de la autonomía “tendrá consecuencias sobre la provisión de los servicios públicos, especialmente en el ámbito de la salud pública, la educación, la vivienda y los servicios sociales”. Es más, advertían de que “determinadas islas, como Lanzarote y Fuerteventura, no han estado preparadas para recibir tanta población, y las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, ya de por sí con una densidad de población muy alta, pueden alcanzar algún grado de saturación”.
Como parte del diagnóstico inicial, que permite conocer las razones por las que tomarse en serio la necesidad de adoptar medidas en este sentido, los autores del documento afirmaban que “el hecho diferencial canario se basa” en la “condición insular, que históricamente ha sido reconocido como un factor vulnerable”, y “la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial, porque las islas no soportan la misma capacidad que los territorios continentales, sobre todo las islas alejadas”.
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