La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima la medida cautelar de suspensión de la expropiación de terrenos del Ayuntamiento de Valle Gran Rey por la Consejería de Transición Ecológica para una empresa privada para instalar placas fotovoltaicas, en una hectárea municipal en Arure.
En los fundamentos de derecho, el TSJC, señala que la cuestión es que la ejecución del proyecto (cuestiones jurídicas aparte) lleva aparejada la expropiación de terrenos municipales pertenecientes a la demandante, es decir patrimonio público, cuando se barajan posibles alternativas a una planta en terrenos de protección ambiental. Por mucho que en su conjunto constituya parte del programa canario de ejecución de los proyectos de energía renovable; esto no le exime de que siguiendo su aprobación un procedimiento excepcional, sea también más garantista si cabe, el sometimiento al control jurisdiccional cuando este es demandado máxime por una corporación pública que representa a toda una comunidad afectada.
Y por último siendo una instalación de una hectárea, que va a generar 6 puestos de trabajo, no parece que el interés general energético, ni el cambio climático puedan sufrir en demasía por la espera a que se resuelvan en sentencia las cuestiones planteadas, cuando al contrario la ejecución del proyecto que conlleva expropiación y ocupación de un terreno de protección ambiental de estimarse el recurso genera un daño mucho más difícil de reparar.
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