Tras lustros en los que las estadísticas de atención a las personas dependientes provocaban vergüenza a los canarios, al advertir que el Archipiélago invariablemente figuraba a la cola del país respecto al tiempo transcurrido desde que se solicitaban las ayudas hasta que finalmente se lograba completar el expediente, todo apunta a que, al fin, los isleños pueden ya ir con la cabeza levantada, porque tal oprobio, señal inequívoca de un fracaso colectivo como es no atender adecuadamente a los menos favorecidos entre los suyos, está en evidentes vías de convertirse en cosa del pasado.
Prueba de ello es que, tras los buenos resultados anteriores, ha sido el mes pasado, nada menos que agosto, cuando Canarias ha logrado volver a batir su propio récord mensual a la hora de completar trámites tan cruciales para sus destinatarios, a tal punto que se estiman en casi 1.200 las ayudas finalizadas en el mes de vacaciones por excelencia.
A este respecto, la directora general de Dependencia y Discapacidad de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Marta Arocha, no dudó ayer, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, en calificar de clave al “esfuerzo del personal, que ha hecho horas extras para suplir a sus compañeros que disfrutaban de las vacaciones este mes” y que así los excelentes resultados obtenidos ya el pasado julio no solo no han menguado, sino que incluso son mejores.
Estos datos ya reflejados respecto a los dos últimos meses no parecen flor de un día, porque son la continuación del notable avance ya logrado este año; no en balde el departamento que dirige Arocha desde el pasado enero (en una segunda etapa, dado que ya desempeñó tales funciones en 2016) ha conseguido atender a, aproximadamente, unas 5.000 personas en estos primeros ocho meses de lo que va de 2022.
Esta cifra de 5.000 expedientes resueltos adquiere una particular importancia habida cuenta de que se trata del objetivo fijado para todo el año en curso, a pesar de que aún restan cuatro meses del mismo.
Hechos recientes demuestran que dicho tope dista mucho de ser meramente orientativo, por cuanto el antecesor de la actual directora general, Miguel Montero, abandonó el cargo por voluntad propia a finales de 2021 porque -explicó entonces- no había alcanzado tal meta.
Es menester añadir que el mayor logro anual en tal sentido desde que se tramitan estas ayudas en Canarias corresponde precisamente a 2016, cuando el equipo de la entonces consejera Patricia Hernández superó en poco los 3.500, como recordaba ayer Arocha.
“Canarias ha conseguido desde el pasado marzo atender a una media de 1.000 personas al mes en términos brutos, convirtiéndose durante varios meses consecutivos en la Comunidad Autónoma con mayor número de prestaciones concedidas en términos porcentuales, tal y como reflejan los datos publicados mensualmente por el Imserso”, explicó la actual directora general.
Cuestionada sobre los motivos para ser más eficaces, Arocha detalló que “se ha dado mucha importancia tanto a las prestaciones económicas, PVS y Pecef, pero también a las prestaciones de servicio, siendo una combinación de ambas la mayoría de los PIAS que se conceden en la Dirección General.
Actualmente se abren diferentes líneas de trabajo, en negociación con los cabildos insulares, para conseguir la ampliación de plazas, pero también con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para lograr integrar la ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos en el sistema de la dependencia, consiguiendo así una correcta financiación para los municipios canarios y que se cumpla con las intensidades exigidas por la Ley de Dependencia”, sostiene.
Pero más allá de esos detalles técnicos, hay un hecho evidente: “El trabajo que antes hacían unas 100 personas ahora lo llevan a cabo unas 360. Es una cuestión de prioridades políticas y el actual Gobierno de Canarias ha destinado más medios económicos y humanos que nunca. Por eso, cada vez mejoran los resultados”, asegura Marta Arocha.
Se sigue tardando más de dos años
Lo cierto es que aún resta mucho tramo por recorrer como para que los canarios presuman ante el resto de España sobre su capacidad para gestionar la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 (entró en vigor al año siguiente) por el Gobierno de España, que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y cuya principal función es, básicamente, cubrir los gastos y cuidados de las personas que no puedan valerse por sí mismas, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez. Aunque los ciudadanos deben realizar una aportación, en función de su renta, pero el objetivo final es que nadie quede desatendido por falta de recursos.
A pesar de los progresos reseñados que se han logrado en Canarias, el hecho es que, en estadísticas oficiales que corresponden al pasado mes de mayo, en el Archipiélago se seguía tardando una media de 943 días (unos dos años y medio) en completar todo el expediente administrativo. Sin duda, y dada la necesidad imperiosa que, por motivos obvios tienen los beneficiados en recibirla al fin, basta con la mera comparación con territorios como Andalucía (680 días de media), Cataluña (580 días) o Murcia (573 días) para comprobar el desfase.
Lo más duro es recordar a tantos que fallecieron sin que se vieran reconocidos sus derechos en tal sentido por mor de la burocracia. Por ellos, que se cuentan por miles, se antoja importante cualquier mejora que ayude a que nuestra sociedad sea más justa.
