El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves, 5 de noviembre, una nueva regulación de la prestación económica por cuidado de hijos con cáncer u otras enfermedades graves. La norma amplía los periodos de reconocimiento de la ayuda, incorpora nuevas patologías y flexibiliza las condiciones para las familias que necesitan reducir su jornada laboral.
El cambio figura en el Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre, aprobado por el Gobierno y publicado en el BOE número 276. Entre las principales novedades destacan la ampliación del periodo inicial de la prestación a seis meses, las prórrogas de ocho meses y la incorporación del trastorno del espectro autista (TEA) al listado de enfermedades contempladas.
La ayuda, conocida como CUME, existe en España desde 2011. Su finalidad es compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores que reducen su jornada para cuidar de forma directa, continua y permanente a un hijo con cáncer u otra enfermedad grave. La nueva regulación también resulta aplicable en Canarias.
Quién puede solicitar la prestación por cuidado de hijos enfermos
La prestación está dirigida a progenitores, adoptantes y acogedores que necesitan reducir su jornada laboral al menos un 50% para atender a una persona afectada por cáncer u otra enfermedad grave.
Entre los requisitos generales se encuentra la necesidad de acreditar médicamente la enfermedad y los cuidados que precisa la persona afectada. También deben cumplirse las condiciones de afiliación y cotización establecidas por la Seguridad Social.
El nuevo reglamento contempla diferentes situaciones familiares, como las familias monoparentales, los casos de custodia compartida y las parejas separadas o divorciadas.
Además, permite que ambos progenitores puedan acceder a la prestación de forma alternativa o simultánea en los supuestos previstos legalmente. Cuando exista convivencia compartida, la alternancia podrá realizarse por periodos mínimos de 15 días, mediante acuerdo entre los progenitores y sus respectivas empresas.
La ayuda se amplía a seis meses y las prórrogas a ocho
Uno de los cambios más relevantes afecta a la duración de los periodos de reconocimiento. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el reconocimiento inicial pasa de dos a seis meses, mientras que las prórrogas se amplían de cuatro a ocho meses.
Esto permitirá espaciar las renovaciones administrativas en enfermedades que requieren tratamientos prolongados. No significa que la prestación finalice necesariamente a los seis meses, puesto que podrá prorrogarse mientras se mantengan los requisitos.
También se flexibiliza la documentación sanitaria. La acreditación podrá realizarse mediante informes de profesionales de atención primaria o especializada del servicio público de salud correspondiente.
Nuevas enfermedades y ampliación de la edad
El reglamento incorpora nuevas patologías al listado de enfermedades graves que pueden dar acceso a la prestación. Entre ellas figuran el trastorno del espectro autista (TEA) y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.
Su inclusión no supone el reconocimiento automático de la ayuda, ya que deberá acreditarse la necesidad de cuidados directos, continuos y permanentes.
La regulación también desarrolla la posibilidad de mantener la protección más allá de los 26 años cuando la persona afectada tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 65% o una dependencia de grado III, conforme a las condiciones legales.
Otra novedad permite compatibilizar la prestación con la escolarización del menor o la realización de prácticas formativas, siempre que persista la necesidad de atención.
Cuánto se cobra por esta prestación
La cuantía depende de la base reguladora del trabajador y del régimen de protección aplicable. En su modalidad general, el subsidio busca compensar la pérdida de ingresos derivada de la reducción de jornada.
Para el supuesto especial de protección de personas mayores de 26 años con discapacidad o dependencia en los grados previstos, el Gobierno ha establecido una prestación equivalente al 50% de la base reguladora utilizada para calcular la incapacidad temporal por contingencias profesionales, con independencia del porcentaje de reducción de jornada solicitado.
La norma también introduce ajustes para los trabajadores autónomos, especialmente en el tratamiento de sus bases de cotización durante el cobro de la prestación.
Según los últimos datos difundidos por el Ministerio, en España existen 19.753 procesos de esta prestación en vigor, con una duración media de 664,2 días. La mayoría de las personas beneficiarias son mujeres.
El Gobierno prevé además elaborar una guía técnica para unificar los criterios de valoración médica y reducir las diferencias de interpretación entre territorios.






