El hueco que dejó Alberto Rodríguez tras perder su acta de diputado de Unidas Podemos sigue vacío justo un año después, pero todo ha cambiado entre ellos.
El que fue número tres de los morados tardó apenas unos días en abandonar la formación, enemistarse con sus compañeros y solicitar su reincorporación como obrero industrial en Canarias, pero nunca cerró la puerta del todo a la política. Ahora, tiene sus propios planes, según recoge EL ESPAÑOL.
Alberto Rodríguez, uno de los parlamentarios más respetados y queridos de la primera ola de Podemos, se dio de baja del partido tras la condena por una agresión a un policía en una manifestación en Tenerife —que él siempre ha negado—. Dos semanas después, el 22 de octubre, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, le retiró el escaño.
La expulsión desató quizá la mayor tormenta política que ha vivido el Gobierno de PSOE y Podemos, con choques constantes entre los socios (e, incluso, entre los propios morados) y tensiones entre el Poder Judicial y el Legislativo.
En apenas dos semanas, la decisión de Batet puso en jaque el pacto de coalición. Entremedias, el Ejecutivo más minoritario de la historia acababa de perder un diputado clave para las reformas que venían, desde la laboral hasta los Presupuestos Generales.
Mientras tanto, Alberto Rodríguez vivió todos estos juegos de poder desde el salón de su casa. Sobre todo, le defraudó la actitud de Unidas Podemos, aparentemente más preocupado por recuperar el escaño —que corriera la lista y la siguiente candidata ocupase el asiento— que por combatir lo que él siempre ha defendido como una injusticia.
El punto de vista del partido, ejemplificado en la figura del portavoz Enrique Santiago, era que los morados no podían “arriesgarse” a perder uno de sus 35 escaños. Sobre todo, en un Congreso tan fragmentado. Su tesis era que la vía de la geometría variable no era una posibilidad para el Gobierno y que hacía falta volver a la mayoría de la investidura. Con o sin Alberto Rodríguez.
Y eso fue la gota que colmó el vaso, “la que ha llenado la cachimba”, en palabras del exsecretario de Organización de Podemos. A sus ojos, su propio partido le estaba acusando indirectamente de egoísta, en lugar de dirigir sus críticas al PSOE y a la presidenta Batet.
Las únicas que le apoyaron fueron sus dos sustitutas en la lista de Podemos Canarias, que hasta el momento se niegan a recoger el acta como símbolo de protesta. Y a día de hoy, doce meses después, el escaño vacío sigue siendo un dolor de muelas, perpetuo, para el Gobierno.
Un año sin escaño
Alberto Rodríguez ha tenido un año para pensar, pero también para moverse. Volvió a la refinería que dejó en 2016 para convertirse en diputado, pero siempre con la vista puesta fuera. “Tampoco en Madrid, él ya piensa en la política canaria”, señala una persona cercana al exdiputado.
Su objetivo, en el que lleva trabajando desde su vuelta a casa, es la construcción de un espacio político de “obediencia canaria”, tras meses de contactos con otras personas y colectivos; algunos, de Podemos.
A finales de marzo la delegación canaria de los morados se partió en dos tras la salida de la diputada nacional Meri Pita, que se mudó al Grupo Mixto del Congreso. Tras ella, una decena de cargos insulares le respaldaron al denunciar la “esclerosis organizativa” de la dirección nacional, a la que reprochaban no tener en cuenta la voz de los territorios. Algunos volvieron y se reconciliaron con Alberto Rodríguez.
¿Y con Yolanda Díaz? “Si su espacio respeta esa obediencia canaria, si entiende que Canarias tiene derecho a decidir sobre su futuro y sobre las cuestiones que le afectan, por supuestísimo que tiene las puertas abiertas. Pero hablando de tú a tú, desde el respeto mutuo”, constató el exdiputado a EL ESPAÑOL. Esta semana asistirá a una reunión de varios partidos de izquierdas para encaminar las elecciones autonómicas.
El papel de las formaciones a nivel regional será decisivo en la conformación del frente amplio de la vicepresidenta, que busca descentralizarse y apoyarse en los liderazgos periféricos. Él tiene claro que está dispuesto a dialogar con la vicepresidenta: “Fue la única que me llamó cuando me destituyeron”.
Proceso judicial
Hace ya más de un año, Alberto Rodríguez fue condenado por el Tribunal Supremo a un mes y medio de cárcel por un delito de atentado a la autoridad. Los jueces concluyeron que agredió a un policía durante una manifestación, celebrada en 2014 en (La Laguna) Tenerife, que protestaba contra la visita del ministro José Ignacio Wert.
Además de la de prisión —que el Supremo sustituyó, a efectos de ejecución, por una multa de 540 euros, que Rodríguez abonó—, la Sala de lo Penal le impuso otra pena, de carácter accesorio: la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. Es decir, para el derecho a ser elegido para un cargo público durante el mismo tiempo de la anterior condena (mes y medio).
En base a la Ley Electoral (LOREG), el 22 de octubre de 2021, la presidenta del Congreso retiró a El Rastas su acta de diputado, lo que abrió un hondo conflicto con Unidas Podemos. El partido amagó, incluso, con interponer una querella contra Batet. Aunque, finalmente, no la presentó.
La LOREG establece en su artículo 6 que son “inelegibles” para un cargo representativo “los condenados por sentencia firme” a una pena de cárcel durante el mismo periodo que dure ésta.
Y añade que “las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad”, lo que provoca, por tanto, que una condena a equis tiempo de cárcel —cualquier duración, ya que la Ley Electoral no distingue— sea incompatible con el ejercicio de un cargo electo como es el de diputado.
Y, por el momento, el escaño permanece sin dueño. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la candidata de Podemos Canarias que seguía a Alberto Rodríguez en la papeleta electoral renunció a ocuparlo. La siguiente aún no ha respondido ni en un sentido ni en otro. La Junta Electoral Central tampoco puede imponer plazos ni obligar a ningún candidato a pronunciarse. Con ello, se crea una situación excepcional, de la que no existen precedentes jurídicos.
Ahora, el Tribunal Constitucional estudiará la retirada del escaño a Rodríguez, tras haber admitido a trámite su recurso. Se trata, como admitió el TC, de un asunto de “especial transcendencia constitucional”, ya que tampoco existen precedentes.
Y, aunque reconoció que su condena se basó en una “prueba de cargo válida”, la Fiscalía del Constitucional se mostró a favor de que el máximo intérprete de que el tribunal de garantías dé amparo a El Rastas, abriendo la puerta a que se reconozca que sus derechos fueron vulnerados al privarle del escaño.
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