La adjunta Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, se comprometió ayer a solicitar un informe a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para aclarar si “persiste la práctica de no renovar o interrumpir contratos en caso de embarazo”. Se reunirá con sus responsables para mediar y conseguir que traten de resolver el problema que afecta a decenas de médicas y sanitarias, ya que esto “no puede condicionar una renovación contractual”.
Las representantes de la Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias, Dácil García, por el Hospital Universitario de Canarias, y Purificación Ramírez, del Hospital de La Candelaria, informaron a Beatriz Barrera de que persisten las interrupciones de contratos a las “sanitarias temporales por estar embarazadas” pese a la instrucción de acabar con esa discriminación. Recalcan que aún estando en vigor la orden a la que se refiere el Consejero, Blas Trujillo, esta no es suficiente para “erradicar esta lacra”.
Recalcan que las afectadas sufren un doble perjuicio: por un lado, el “daño moral infligido por su no renovación”, y, por otro, la “no computación del tiempo sin contrato durante su embarazo a efectos de la baremación en los procesos extraordinarios de consolidación”.
Barrera se mostró sorprendida y lamentó que todavía se produzcan, mientras se habla de conciliación familiar y cuando se legisla “para facilitar que las mujeres que así lo decidan sean madres”. “Lo que no podemos es adoptar prácticas que desincentiven la maternidad”, agregó.
Antes de la reunión, Dácil García destacó que “nos sentimos sorprendidas y decepcionadas” con las declaraciones de Trujillo, porque se queda “tranquilo diciendo que eso ya no pasa, cuando sigue pasando”, y hay ciertas gerencias donde “hay interrupciones de contratos por embarazo a partir del 2018”.
La portavoz recalcó que “el daño está hecho y han reconocido que ha habido un acto discriminatorio”; por tanto, “deben poner y buscar una solución”. “Nos encantaría que un gobierno que se dice progresista y feminista busque una solución para que partamos de la misma base y se equiparen las mismas oportunidades para concurrir a un puesto de trabajo”, dijo.
Aquellas sanitarias que han tenido una o dos interrupciones laborales anteriores a 2018 “parten con una desventaja con respecto a sus compañeros en muchos sentidos, como en antigüedad y en méritos a la hora de llegar a un puesto de trabajo estable”, ya que “no prospera hacia la consolidación”. Y la penalización adquisitiva con “un tercio menos de sueldo” por no hacer guardias. “Nos vemos obligadas a hacerlas y en casos son perjudiciales para el embarazo”, recalcó Puri Ramírez.
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