Dos de las siete familias desalojadas en marzo de 2021 de Las Bajas, en el municipio de Güímar, que tenían derecho a un alquiler por demostrar que tenían allí su única residencia, tienen que abonar 9.000 y 7.000 euros, respectivamente, por no haber abonado los alquileres de los pisos que hasta septiembre de ese año estaba pagando la empresa constructora de las obras de emergencia que decretó el Ayuntamiento de Güímar, por “riesgo de desprendimiento” en el talud que da a los túneles de la TF-1.
Los caseros, ante el impago, denunciaron a los inquilinos y ahora la jueza, les ha dado la razón, determinando el pago de 500 euros mensuales durante el período que los desalojados estuvieron de inquilinos y la constructora no pagó.
Esas dos familias llevan un mes viviendo en sus casas de Las Bajas, pese a que oficialmente ese núcleo sigue precintado, así como el camino que conecta El Puertito con Punta Prieta.
Ana Hernández, otra de las vecinas afectadas por el impago, señala que “todavía no he tenido el juicio, pero cuando llegue me iré a vivir a mi casa, porque no tengo donde ir, ni los 800 euros que piden de alquiler”.
Hace tres semanas, el Ayuntamiento de Güímar aprobó una ayuda de 7.000 euros para cada familia para un año de alquiler, pero Ana Hernández dice que “no tenemos avales para que nos alquilen y con 500 euros al mes no hay nada que alquilar”, comentó. Según ella, ninguna de las siete familias afectadas ha querido aceptar esa ayuda del Ayuntamiento. “Solo quieren regresar a sus casas; nos fuimos por cuatro meses y ya llevamos un año y medio fuer de ellas”.
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