Organizaciones ecologistas alertan sobre el auge de las edificaciones ilegales en el sur de Tenerife en espacios rústicos protegidos, especialmente en las medianías, donde la presencia de contenedores, roulottes y casas de madera no deja de crecer por la comarca. “Nos cargamos lo único que nos queda y se están provocando unos daños ambientales tremendos”, denuncian.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, calificó de “feroz” el nivel de ocupación entre los 200 y los 600 metros sobre el nivel del mar: “Se está destruyendo suelo rústico, estamos acabando con la siguiente franja de suelo que podíamos ocupar después de la colmatación de la costa, pero es que ahora estamos yendo todavía más arriba”.
A su juicio, el problema se ha agudizado en los últimos años por la “enorme presión demográfica” que soporta Tenerife, por lo que reprocha a las administraciones públicas su “falta de voluntad” para poner coto a esta situación. “No están haciendo lo suficiente para crear el marco que permita un crecimiento adecuado a los recursos de la Isla”, sostiene.
Varios ayuntamientos ya expresaron su preocupación a este periódico por el boom de edificaciones en terrenos prohibidos a través de la parcelación ilegal de suelos rústicos para, posteriormente, convertirlos en urbanizables por la vía de los hechos. Desde algunas alcaldías se ha advertido de que ciudadanos extranjeros han sido víctimas de “engaños”. “Les venden terrenos protegidos diciéndoles que se puede construir”, manifestó a DIARIO DE AVISOS uno de los regidores municipales, que recomendó informarse en los ayuntamientos antes de cerrar cualquier compra.
La Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello ve “responsabilidades compartidas” al considerar que los ciudadanos extranjeros “tienen el deber de informarse qué tipo de propiedad están comprando” y avisa de que “algunos piensan que aquí se puede hacer de todo, y en eso tiene mucha culpa la dejación de las administraciones públicas a la hora de cumplir sus funciones”.
infracciones
La Agencia de Protección del Medio Natural, encargada de controlar la disciplina urbanística y ambiental de las Islas, abrió el año pasado más de 1.500 expedientes de infracción, de los que más de la mitad correspondieron a construcciones ilegales de viviendas. Las sanciones pueden alcanzar los 300.000 euros en supuestos muy graves. El Gobierno de Canarias destaca que la vía correcta para la reclasificación de los suelos establecida por ley es a través del planeamiento.
Para Coello, “se tiene que actuar mucho más rápido cuando se detectan incumplimientos y no permitir los aplanamientos de terrenos, porque esas reparcelaciones llevan consigo la eliminación de la cubierta vegetal y la fauna de la zona”.
Hay que recordar que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural intervino a finales del año pasado, a petición del Ayuntamiento de Arona, en una parcelación ilegal de 150.000 metros cuadrados en suelo rústico de protección agraria en Lomo Negro. Se procedió al precinto de tres parcelas, propiedad de una misma empresa, y se pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Por su parte, Eustaquio Villalba, portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), achaca la proliferación de urbanizaciones ilegales a la “dejadez interesada” de las administraciones públicas y recuerda que la mayor parte de este tipo de urbanizaciones, en medianías y zonas más próximas a la costa, no dispone de saneamiento, “puesto que es caro, y se ha resuelto permitiendo los pozos negros, que es un elemento muy contaminante”.
En opinión de Villalba, la ocupación actual del territorio es un problema “gravísimo”, pero insiste en que no se trata de un fenómeno nuevo. “Es la consecuencia de un modo de hacer política basado en el caciquismo y en la búsqueda del voto para asegurarse el poder a costa de la destrucción de gran parte de nuestro territorio”, enfatizó.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas