Acabadas las vacaciones navideñas, este primer día de clases se presenta cuesta arriba para unos 37.000 estudiantes de Canarias. Y es que las empresas de transporte se han ratificado en la convocatoria de una jornada de paro que no afecta a otros servicios complementarios, como el de comedor. Así lo trasladó el sábado la patronal FET a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno regional. El departamento que dirige Manuela Armas emitió un comunicado en el que lamenta esta decisión, pese a haber “aceptado todas las demandas” de la Federación de Empresarios de Transportes. El segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de centros públicos suman más de 244.000 alumnos. En medio de este conflicto, la consejería ha permanecido en contacto directo con representantes de la FET desde el 5 de enero y ha expresado su voluntad de continuar con las conversaciones. Al no ser una huelga propiamente dicha, los servicios mínimos no están garantizados.
La consejería arguye que “la deuda histórica adquirida por ejecutivos anteriores”, que reivindican los transportistas, es un compromiso que se ha plasmado en los Presupuestos de 2023, con un incremento de 9 millones de euros respecto al ejercicio anterior. En Canarias existen actualmente 1.486 rutas de transporte escolar, lo que supone a la Administración autonómica una inversión anual de más de 50 millones.
La FET protesta por “los retrasos en el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos por la Consejería de Educación con el sector”. Tras acordarlo durante una asamblea extraordinaria, la patronal avisó de que no descartan endurecer las medidas de presión en las próximas fechas si no se desbloquea “el colapso administrativo-económico de los servicios de transporte”. Al respecto, la federación recuerda que el servicio estuvo a punto de no ofrecerse al inicio del curso 2022-23 debido al “enorme desfase económico” existente entre el precio de lo contratado y lo que se viene abonando a los transportistas. Sin embargo, una propuesta de la Consejería de Educación acerca del calendario de actualización económica permitió que el sector del transporte accediera a comenzar con normalidad “en la confianza del cumplimiento de lo comprometido”. De la información recibida deducen que “no se sabe” cuándo se van a poder regularizar los conceptos económicos de los contratos de transporte escolar. “Y ni siquiera se ha formalizado un documento de reconocimiento de deuda que permita a las empresas transportistas acudir a productos financieros con la garantía de la deuda pendiente”, recalca la FET. Hoy en día están en vigor “cuatro contratos de transporte escolar respecto de los que Educación se había comprometido a actualizar los módulos económicos sin que ninguno de ellos haya recibido tal incremento”. Para 2023, apunta, tampoco se han fijado fechas de regularización de los precios atrasados. Desde hace más de diez años se adeuda a los transportistas la cláusula de IPC, por unos 14 millones de euros.
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