El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife advierte sobre un “alarmante” incremento en los últimos meses de los casos de intrusismo profesional en el sur de la Isla que afectan a operaciones inmobiliarias, trámites de extranjería, casos de herencias y reclamaciones de responsabilidad. Estas prácticas ilegales, que ejercen personas sin formación ni la suficiente solidez técnica al no haber obtenido el título académico acreditativo, está causando un “notable impacto social”, que se aprecia en un aumento de afectados, muchos de ellos extranjeros que han trasladado su residencia a la comarca sur y que han visto perjudicado su patrimonio.
Los falsos abogados, actúan bajo una apariencia de legalidad representando a una entidad o de manera individual y ofrecen sus servicios como letrados asesores o gestores. En la mayoría de los casos se benefician de la situación de vulnerabilidad de sus clientes por la falta de dominio del idioma. De hecho, gran parte de las quejas que recibe el Colegio de Abogados por estas prácticas irregulares corresponden a ciudadanos de diversas nacionalidades que residen en la zona meridional de la Isla.
Las operaciones de compraventa de viviendas y apartamentos así como la tramitación de documentos en Extranjería son los ámbitos desde donde llegan más quejas al colegio provincial de abogados, desde el que se recuerda que para ejercer la profesión es obligatorio obtener la licenciatura de derecho, superar el examen del Estado y darse de alta en un colegio profesional de letrados del país. Además, recomienda, en caso de duda, consultar la web del Consejo General de la Abogacía Española, donde existe un censo de letrados con los profesionales ejercientes en todo el territorio nacional.
Según pudo saber este periódico, algunos servicios se publicitan en Internet como “asesoramiento jurídico y fiscal en la compraventa de viviendas y herencias”, se anuncian como “despachos de abogados independientes” y aseguran que colaboran con las “autoridades gubernamentales para garantizar el mejor servicio posible”. En el anuncio aparecen los logotipos de diferentes organismos, entre ellos el del Gobierno de Canarias y la Agencia Tributaria.
Los expertos consultados señalan que el delito de intrusismo profesional en la abogacía está cobrando actualmente una especial trascendencia y subrayan la “peligrosidad” de esta práctica por cuanto entran en juego bienes jurídicos protegidos. El Código Penal, en su artículo 403.2, establece penas de prisión de seis meses a dos años. Desde el Colegio de Abogados se han puesto en marcha diversas campañas para generar conciencia sobre la necesidad de contratar los servicios de letrados colegiados y garantizar así los derechos, intereses y patrimonio de los clientes.
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