Por Natalia Torres / EFE. | El pasado 11 de marzo, el Cabildo de Tenerife anunció que no se iniciará ningún expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al conocido monumento a Franco en Santa Cruz, tal y como pedía la Asociación de San Miguel Arcángel. Esta decisión se apoyó en el informe encargado a la Universidad de La Laguna en el que se apuntaba que carecía de valores artísticos excepcionales. La citada asociación recurrió ante el juzgado, a la vez que solicitó medidas cautelares para proteger la escultura de Juan de Ávalos mientras se resolvía el recurso.
Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio a conocer el acuerdo del pasado día 13 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tenerife, de estimar el recurso de la citada asociación en contra de la decisión del Cabildo de Tenerife y proteger este vestigio en lo que se resuelve el citado expediente.
El TSJC se ha pronunciado, con medidas cautelares, una vez que el Juzgado número 3 de la capital las había desestimado.
El Alto Tribunal canario señala que el objeto de este recurso “no es la confrontación” del monumento a Franco de la Avenida de Anaga con la Ley de Memoria Histórica de 20/2022, algo que suscitaría “una indudable apariencia de buen derecho” a favor de la Administración, sino determinar “el posible interés cultural” de la escultura de Juan de Ávalos.
Toda vez, abunda el alto tribunal canario, que es la Ley de Memoria Democrática, “con absoluta coherencia”, la que “pone freno” a “posibles excesos que pretendan la destrucción de algo que se considere de interés cultural o artístico”. En ese caso, la ley prevé “la posibilidad de reinterpretación o resignificación” del monumento “en otro sentido al que pudiera tener como monumento franquista”, añade el TSJC.
Asimismo, recalca la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, que “el discutir a priori en fase cautelar sobre el alcance del interés artístico o cultural de una escultura, carente, por otra parte, de símbolos franquistas, sí que implica una verdadera intrusión en el fondo de la cuestión”.
Esta última afirmación ha provocado la sorpresa tanto en el Cabildo como en la Viceconsejería de Cultura, donde recuerdan que diversos estudios señalan claramente el homenaje a la figura de Franco que hay detrás de la obra de Juan de Ávalos.
Ayer, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, recordaba que “ni los técnicos del área de Patrimonio del Cabildo ni la Universidad de La Laguna, a la que encargamos un estudio sobre el monumento a Franco, consideran que haya ningún elemento artístico que justifique su mantenimiento”. Martín añadió que quedan a la espera de lo que determine la justicia, en relación al recurso que presentó la asociación San Miguel Arcángel sobre la decisión del Cabildo de no incoar el expediente BIC. Explican desde la Corporación insular que solo un juez puede obligar a la institución a iniciar ese expediente, por lo que todo queda igual hasta que se dé ese pronunciamiento.
El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, por su parte, mostró su sorpresa por la afirmación de la inexistencia de simbología franquista, para reiterar que “estamos en el firme compromiso con las leyes de memoria histórica y la defensa de los valores democráticos. Desde el Gobierno de Canarias seguiremos explorando todas las vías jurídicas y administrativas”.
El Ejecutivo había anunciado anteriormente que estudiaba actuar de oficio para retirar el monumento ante la negativa del Ayuntamiento.
“Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz ayer no quisieron pronunciarse sobre este asunto, recordando que es un proceso judicial en el que el Consistorio no está inmerso, y sí la Asociación San Miguel Arcángel”, indica.
El último de los reconocimientos al dictador que sigue en pie en España
El 19 de febrero de 1966 tuvo lugar la inauguración del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. Así lo recoge la edición de DIARIO DE AVISOS del 22 de febrero de ese año, en la que se detalla que, “a la una de la tarde del sábado, tuvo lugar en Santa Cruz un brillante y emotivo acto con motivo de la entrega, por parte de la comisión nombrada a tal efecto y que preside el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento al Caudillo, al Ayuntamiento de la capital”.
Más de 50 años después, con varios estudios y leyes en los que se evidencia su carácter franquista, se sigue discutiendo su retirada de la vía pública.
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