Todo el gobierno del Cabildo de Fuerteventura, en manos de un solo consejero

En los casi 110 años de historia que atesoran los cabildos en Canarias, no se había visto nada igual, ni siquiera remotamente. Porque una cosa es que el gobierno de una de estas corporaciones locales se haya quedado en minoría (lo cual tampoco es ninguna novedad) y otra bien distinta es lo que está pasando ahora mismo en Fuerteventura, donde en la actualidad un solo consejero está al frente de todas y cada una de las áreas de gobierno.

El sin duda atareadísimo político es Juan Nicolás Cabrera, y fue elegido en 2019 como consejero del cabildo bajo las siglas de un pequeño partido llamado AMF (Asambleas Municipales de Fuerteventura, no confundir con el histórico Asamblea Majorera, AM). Se ha llegado a esta insólita situación porque el actual presidente, Sergio Lloret, también de AMF, se ha visto obligado a acogerse a la preceptiva baja por paternidad.

Ambos personajes estaban dejando su particular legado en la historia de estas administraciones centenarias, porque resulta que entre los dos llevan desde el pasado diciembre al frente de todo el gobierno insular de los majoreros tras quedarse sin el apoyo de los partidos que les auparon al poder en 2021 gracias a una moción de censura contra el entonces presidente Blas Acosta (PSOE).

Desde una perspectiva cronológica, toda esta historia arranca en las elecciones de 2019, cuando los majoreros eligieron a sus 23 consejeros insulares de tal modo que siete lo fueron por el PSOE, otros tantos por AM-Coalición Canaria, cuatro más para el Partido Popular, tres para AMF-Nueva Canarias y los dos restantes de Podemos.

Como corresponde legalmente, el más votado, el socialista Acosta, fue elegido presidente con una mayoría razonable tras la cita con las urnas, pero a medio mandato, en 2021, Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera (su compañera no quiso seguirlos), sin duda atraídos por el suculento premio que acordaron con AM-CC y el PP, dieron el paso al frente. Así, la Presidencia pasó a manos de Lloret gracias a una moción de censura.

Sin embargo, el nuevo equipo tardó poco más de un año en romperse, dadas las profundas desavenencias surgidas entre AM-CC y AMF y, tras el sonoro portazo de los coalicioneros, en diciembre pasado les secundaron los populares.

Aunque parezca mentira, Lloret no consideró oportuno dimitir pese a solo contar con el apoyo de dos de los 23 consejeros insulares (o sea, el suyo y el de Juan Nicolás Cabrera) y, dado que legalmente solo es posible una moción de censura en cada mandato, sigue como presidente. Ello, pese a que los servicios jurídicos le alertaron de que para convocar un consejo de gobierno (es decir, tomar cualquier tipo de decisiones) hacen falta al menos tres consejeros.

En esto llegó, de lejos, lo mejor de esta historia. Felizmente, Lloret fue padre la semana pasada, aunque ello le haya complicado todavía más su precaria posición política, por cuanto la ley le obliga a respetar al menos 15 días de baja por paternidad, lo que ha terminado de provocar que Juan Nicolás Cabrera no solo sea, ahora mismo, el presidente en funciones del Cabildo de Fuerteventura, sino que absolutamente todas y cada una de las áreas del Cabildo de Fuerteventura están a su cargo hasta que termine la baja en cuestión.

Esta situación, como cabría de esperar, ha provocado un aluvión de críticas por parte del resto de formaciones políticas, empezando por las del histórico líder de AM, Mario Cabrera, quien reconocía ayer a DIARIO DE AVISOS su bochorno por lo que sucede a cuenta de “este esperpento” por “unos personajes que todavía dicen que son capaces de gobernar entre los dos”.

“Lo peor es la parálisis total y la inseguridad jurídica”

Pocos interlocutores como Mario Cabrera (presidente de Fuerteventura de 2003 a 2015) para preguntarle sobre las consecuencias que la actual inestabilidad política en el Cabildo puede suponer. “Lo peor es la parálisis total en la acción de gobierno y la tremenda inseguridad jurídica en cualquier decisión”, resumió el nacionalista a este periódico, para quien “sin duda estamos ante una crisis sin precedentes, no ya en la Isla sino en toda Canarias”, remachó. Para Mario Cabrera, “está claro que las consecuencias pueden ser muy graves desde que cualquier particular pueda sentirse perjudicado y reclame contra un acuerdo aprobado en estas circunstancias”.