Canarias necesita dar respuesta a una demanda de 17.000 viviendas sociales

La Diputación del Común está preparando un informe extraordinario sobre la situación del acceso a la vivienda en Canarias, tras registrar un aumento del 64% en el número de quejas en 2022, dado que no se está garantizando el derecho a una vivienda digna.

Así lo avanzó el diputado del Común, Rafael Yanes, tras entregar el informe anual al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, incidiendo en la “gran preocupación” que muestra la sociedad en este asunto.

Reconoció que Canarias “necesita un parque público de viviendas suficiente” para hacer frente a la demanda, ya que apenas cuenta con unas 16.200 viviendas para alquiler y haría falta, al menos, otras 17.000. Recordó que durante la década de los años 90, la comunidad facilitó unas 20.000 casas en alquiler a sus inquilinos por razones de interés social y “se olvidó de construir” otras 20.000, por lo que es necesario realizar una nueva ola de construcción de vivienda pública, y dotarse de una legislación que impida su venta a manos privadas.

Sobre la limitación de compra a los no residentes, cree que “tiene difícil encaje legal”, porque en la UE el acceso a la propiedad “está garantizado”. Las administraciones tienen que “ayudar a que los ciudadanos puedan comprar o alquilar una vivienda”, insistió.

Abuso inaceptable

Por otro lado, Rafael Yanes volvió a incidir en la “cita previa obligatoria” que se ha instaurado de forma general y arremetió contra ella afirmando que “la cita previa obligatoria es un abuso inaceptable” de la Administración pública. “No se puede exigir, porque no están garantizadas las dos vías necesarias para pedirla: ni la telefónica, que es deficiente, ni la informática, que no está al alcance de toda la población”, añadió.

Reconoció que “muchas veces no contestan” al teléfono y cuando lo hacen es una máquina que “confunde” al ciudadano “en la maraña burocrática”. Y en cuanto a la informática, recordó que hay 66.000 “mayores que viven solos” y “muchos de ellos no tienen habilidades” telemáticas. Además, el 64% de los municipios canarios “tiene carencia en el servicio de acceso a internet”. Por tanto, la cita previa “es aconsejable y es preferente, pero nunca puede ser obligatoria”.

Yanes fue crítico con las oficinas de la Seguridad Social donde el vigilante “impide entrar aunque haya funcionarios disponibles” y genera “indefensión”.