La mayoría de los empresarios que ha prestado declaración entre el pasado miércoles y el jueves ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife aseguraron a la jueza titular del mismo que se consideraban estafados por los hechos que se investigan en el llamado caso Mediador, que versa sobre una presunta trama de corrupción y la posible comisión de delitos, tales como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad.
No en balde, en uno de los autos dictados por dicho juzgado a cuenta de las diligencias que se instruyen en esta causa, ya se menciona que, a juicio de los investigadores, el malestar generado entre los que habrían aceptado abonar las cantidades reclamadas y se cansaron de esperar a que se materializaran las compensaciones acordadas hizo que el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas optase por distanciarse de dicha trama.
Así se detalla en uno de los aludidos documentos judiciales, donde se acota a un año la presunta participación de Espinosa, transcurrido “desde que el general del Cuerpo quedara integrado en la misma, que data desde el mes de septiembre de 2020, y que se da por finalizada un año después, aproximadamente, en concreto cuando los empresarios comenzaron a advertir que, a pesar de haber efectuado los pagos exigidos, no veían prosperar el resultado prometido”.
Respecto a las mordidas en cuestión, y siempre según el relato de los indicios recopilados durante la investigación, presuntamente se llevaban a cabo por distintas vías.
Así, “la forma en que los empresarios habrían satisfecho los pagos o comisiones a favor de la parte política de la trama sería mediante el ingreso o transferencia a favor de una de las asociaciones de la que es presidente el diputado [Juan Bernardo Fuentes] por importe de 5.000 euros, y, en cuanto al miembro del Cuerpo, los indicios evidencian la existencia de múltiples pagos en restaurantes, establecimientos hoteleros, vuelos, tarjetas correo prepago, otros favores e incluso la entrega de dinero en metálico”, se detalla en uno de los autos judiciales.
Sobre la “parte política”, que también incluye al exdirector general autonómico Taishet Fuentes (sobrino del diputado y al que relevó en tal responsabilidad durante esta misma legislatura hasta su cese en junio de 2022), fuentes de la investigación detallan que hasta seis queserías canarias habrían abonado ese canon de 5.000 euros, que, al parecer, se excusaba como ayudas para un equipo de fútbol de Antigua (Fuerteventura).
En cuanto a Espinosa, cabe recordar que en los registros efectuados por las autoridades respecto a quien llegó a liderar la Comandancia de Las Palmas, y que se llevaron a cabo en tres domicilios localizados en las provincias de Madrid, Huelva y Sevilla, se encontró una notable cantidad de dinero guardada en un par de cajas de zapatos, y que las distintas informaciones cifran entre 50.000 y 100.000 euros, aunque la fuente que se antoja más fiable sostiene que eran unos 61.000.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado su intención de personarse como acusación popular en el caso Mediador al recordar que uno de los valores que caracterizan a la Guardia Civil es “el firme rechazo y la lucha contra las prácticas irregulares dentro del instituto armado”.
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