Tras cumplirse un mes desde el inicio de la huelga indefinida convocada por las tres asociaciones de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), sus efectos por lo que respecta a los juzgados empiezan a ser realmente dramáticos para la ciudadanía, en general, y el sector, en particular, pese a lo cual nada apunta a una pronta resolución de este conflicto laboral, cuyos orígenes se remontan a hace más de un decenio.
Desde que el pasado 24 de enero comenzara dicho paro, solo en los tribunales de Canarias se han suspendido más de 9.000 actos judiciales, de los que la mitad son juicios, entre ambas provincias, según informan las portavoces de los huelguistas Esperanza Torregosa (Santa Cruz de Tenerife) e Isabel Morales (Las Palmas).
Además, la paralización de la actividad judicial siempre supone un quebranto económico, y, en este caso, se estiman en, al menos, unos 38 millones de euros los paralizados ahora en los juzgados isleños, si bien seguramente la cantidad es mayor, porque mientras sí que consta respecto a la provincia tinerfeña tanto las cantidades afectadas que ya estaban pendientes de resolución judicial hace un mes, en la de Las Palmas solo se sabe el cálculo aproximado de los trámites que comenzaron desde el inicio de la huelga. Todo ello a pesar de que el comité de huelga ha recomendado a quienes secundan el paro, que, pese a no haberse incluido entre los servicios mínimos, sí que liberen los pagos relacionados con la manutención de menores.
Sea como fuere, los pronósticos son pésimos respecto al resultado de la reunión prevista para hoy en el Ministerio de Justicia con dicho comité de los LAJ, dado que su duración ha sido prefijada en apenas hora y media.
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