Dos empresas y un millar de patinetes eléctricos. Esa es la situación actual de este vehículo de movilidad personal (VMP) de alquiler en Santa Cruz, donde, a diferencia de París, se sigue apostando por la regulación frente a la prohibición. Y es que la consulta realizada en la capital francesa para dirimir si se prohibía la actividad comercial de alquiler de patinetes ha reabierto el debate en muchas ciudades españolas, en las que la presencia de este nuevo medio de transporte está causando numerosos problemas. En París se ha optado por prohibir la actividad de alquiler de esos VMP, que son ya 15.000, y que en 2022 protagonizaron hasta 459 accidentes, con un resultado de tres fallecidos y 426 heridos.
En Santa Cruz, con una cantidad mucho menor de patinetes y de accidentes, aunque, desgraciadamente, con un fallecido, se ha optado por su regulación a través de la nueva ordenanza de Movilidad que actualmente está en exposición pública.
En esta norma se regula el uso del patinete de forma generalizada, tanto para usuarios particulares como para las empresas de alquiler. De esta forma, ratifica la prohibición de que estos vehículos circulen por las aceras e introduce novedades, como la obligatoriedad de todos los usuarios de llevar casco y chaleco reflectante, y limita su uso a mayores de 15 años. Violar alguna de estas directrices estará considerado como una infracción muy grave, por lo que las multas irán desde los 1.500 hasta los 3.000 euros.
A las empresas se les obliga a contar con una app que garantice la información en tiempo real de la ubicación de todos los vehículos, además de dotarlos del software necesario para impedir la finalización del arrendamiento si se estaciona fuera de los lugares habilitados. También para que evite su circulación por aceras y espacios peatonales.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, aseguró que la situación actual es mucho menos caótica en la ciudad que la que hubo al comienzo de su implantación, tras el confinamiento. Defiende que “es un método de movilidad personal que ha venido para quedarse”, aunque admite que su implantación está siendo algo caótica, dado que la regulación tiene que ser estatal. “Ante la lentitud del Estado, muchos ayuntamientos nos estamos viendo en la obligación de regular parte de esa implantación, como, por ejemplo, el uso del casco”, explicó. Añadió que “ahora mismo estamos reordenando el uso del patinete, porque nosotros no podemos prohibir este vehículo de movilidad personal que está autorizado por la Dirección General de Tráfico (DGT)”, mientras que en lo referente a la actividad comercial, “hemos logrado regular su implantación para que podamos convivir todos”. “Es cierto que al principio -continúa- cuando aparecieron cuatro o cinco empresas de golpe, nos encontramos con patinetes por cualquier sitio, pero hemos visto que con la colaboración de las dos empresas actuales se ha conseguido un uso más correcto. La introducción de aparcamientos geolocalizados, de forma que si no se deja el patinete correctamente estacionado se sigue cobrando, ha ayudado a mejorar la situación”.
En cuanto al uso privado, la concejala llama a la responsabilidad y a la concienciación con el resto de usuarios de la vía pública. “La nueva ordenanza de Movilidad nos va a dar las herramientas necesarias para un mejor control”, añadió.
La posibilidad de que el Ayuntamiento licite su propio servicio de alquiler de patinetes eléctricos, como ocurre en Las Palmas de Gran Canaria, sigue estando sobre la mesa. “El Área de Movilidad se creó en julio pasado y hemos tenido que priorizar asuntos como los contratos de señalización y mantenimiento o la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, y, como con la cooperación de las empresas hemos visto que se ha conseguido mejorar, hemos retrasado esta decisión”. Indicó que “en cuanto tengamos aprobada de forma definitiva la ordenanza de Movilidad (que se prevé para finales de mayo), podremos retomar esta licitación”.
UP y Cs
Desde la oposición en el Ayuntamiento, tanto UP como Cs coinciden en que lo que se necesita es una mayor y mejor regulación frente a la prohibición. Ramón Trujillo, portavoz de UP, señaló que “no estamos de acuerdo con la prohibición, porque una cosa es regularlos para que no ocupen espacios en las aceras o molesten a los vecinos, y otra muy distinta es prohibirlos”. Estima que “tienen un montón de aspectos positivos, como el ahorro energético frente al coche, el poco espacio que ocupan o la posibilidad de liberar espacio urbano de los coches. Son un elemento de movilidad sostenible que hay que promocionar junto con los carriles bicis y VMP”.
Desde Cs, Matilde Zambudio se manifestó en términos similares. Apuntó a la falta de regulación su principal problema. “Se necesita una regulación municipal uniforme y reforzada, a su vez, a nivel nacional. Nuestra opinión es que este medio de transporte debe de estar controlado, se puede limitar el uso, el número de patinetes o que el servicio se preste por el propio Ayuntamiento”. “No estamos en posición de afirmar -continuó- si jurídicamente es viable prohibir que las empresas operen en Santa Cruz, no tenemos esa respuesta, entiendo que podría ser una opción a estudiar, pero, sobre todo, lo que tenemos claro es que se debe primar por encima de todo la seguridad del peatón”.
Prohibición
Frente a estas opiniones partidarias de la regulación está la plataforma en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, Queremos Movernos. Su portavoz, Ana Mengibar, es clara al respecto. “Por supuesto que hay que prohibirlos”, afirmó y añadió que “son un negocio que solo beneficia al que hace caja a costa de la inseguridad vial y la inseguridad ciudadana”. “La única solución -continúa- que observamos viable es la obligatoriedad de puntos de anclaje conectados al pago del alquiler. Que paguen desde que desenganche el patinete y no finalice la facturación hasta que lo vuelvan a enganchar”. Además, denunció que “nosotros pagamos por sitios reservados de uso exclusivo y en calles como El Pilar, no tenemos ni un sitio,en cambio para patinetes sí hay”.