Jocelyn Atkinson es una británico-canaria que vive en la Isla desde hace unos 39 años. Lleva más de seis meses sin que entre un euro en su cuenta bancaria esperando a que la Seguridad Social le regularice la pensión de jubilación que le correspondería cobrar.
Residente en Tegueste, teme que si esta situación se alarga más, pueda perder la casa, ya que no puede hacer frente a los pagos de la hipoteca. “Llevo 38 años pagando el piso en el que vivo, estoy desesperada”, afirmó a DIARIO DE AVISOS.
Tras toda una vida trabajando, 12 años en Inglaterra y 22 años en Tenerife vinculada en sus últimos empleos de representante comercial, encontró que cada vez le costó lograr consolidar un trabajo a partir de los 52 años de edad. “Por desgracia, parece que si tienes más de 50 años ya las empresas no te quieren, no valoran tu experiencia ni que sepas varios idiomas”, lamentó. De esta manera, estos últimos 15 años ha estado cobrando el paro o un subsidio que no llegaba a los 480 euros y con el que malvivía pagando la hipoteca, los gastos corrientes de la vivienda y la comida. Sin embargo, su calvario comenzó en octubre de 2022 cuando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le hizo un ingreso en su cuenta de 293 euros. “Me asusté, porque si ya está sobreviviendo ajustada y mal con 480 euros, imagínate recibir la mitad”, denunció a este periódico.
Acudió a la oficina del SEPE a preguntar qué había pasado y la respuesta es que había cumplido los 65 años y debía solicitar una resolución de la Seguridad Social para corroborar si con su trayectoria laboral ya podía optar a la jubilación en España o no. “Me han tenido cinco meses sin resolver esos trámites, del tingo al tango y en ocasiones mintiéndome”, lamentó Jocelyn, cuando le decían que estaban esperando por la respuesta de Gran Bretaña, “cuando no era cierto, ese papel lo tienen hace tiempo y para darme la ayuda ya me lo pidieron. En estos últimos meses no han pedido ninguna documentación sobre su expediente en Inglaterra”.
Atención presencial, casi imposible
Intentar coger una cita previa presencial en las oficinas de la Seguridad Social de Tenerife es casi imposible, incluso ha visto cómo el único lugar donde tenían hora para ella era en San Sebastián de La Gomera, mientras que por teléfono, decenas de llamadas sin que nadie conteste y, cuando algún trabajador lo hace, le dice que “no sabe, que no puede resolver mi problema”, reconoció tras visitar el SEPE en varias ocasiones en ese periodo.
Tras cinco meses de espera, el 10 de marzo llegó la resolución denegando la jubilación y la entregó en la oficina del SEPE en Santa Cruz de Tenerife; “sin embargo, por la tarde, recibió una llamada de la funcionaria diciendo que este documento estaba erróneo y tenía que presentar una reclamación”, indica.
“Si ya tenía un gran enfado y decepción por el retraso, la respuesta negativa y llevar cinco meses sin cobrar ni un euro, imagínese cómo se incrementó cuando en Tenerife me dijeron que un trabajador de la Seguridad Social, que está en Baleares, que no sé no sé por qué están tramitando mi expediente allá, se equivocó en mi valoración”, recalcó Jocelyn.
Además, si una trabajadora o funcionaria en Tenerife se dio cuenta del error, “¿por qué no tramitan ellos el expediente y lo agilizan? ¿Por qué necesitan que tenga que presentar yo una reclamación que irá por vía ordinaria si la culpa ha sido suya?”, se cuestionó.
Jocelyn Atkinson se teme que nuevamente va a tener que esperar otros cuatro o cinco meses hasta recibir una nueva contestación. “Hay un atasco de papeleo muy importante. Tengo varios amigos, tanto ingleses como de otros países europeos, que llevan esperando medio año o más desde que comenzaron la petición de jubilación, incluso una señora inglesa llegó a tardar 12 meses y terminó ingresada en el hospital por una enfermedad mental”, manifestó.
La semana siguiente a presentar la reclamación, una trabajadora de la oficina de la Seguridad Social de Santa Cruz que se percató del error la volvió a llamar y no supo darle un tiempo mínimo para resolver su reclamación: “Me comentó que en unos 15 días, pero ya llevo más de un mes”. “No se qué está pasando, pero tras presentar la reclamación estoy esperando a la revisión del caso y otra vez más estoy al final de la lista…Debo esperar otros cinco meses hasta que lleguen a mi expediente, se revise y resuelva cuando ha sido un error de ellos”, denunció.
Disgusto, ansiedad y pensamientos suicidas
Nuestra protagonista, que cumplirá 66 años en septiembre, ha intentado sacar dinero de donde puede para seguir pagando el seguro de defunción. “Yo creo que de este disgusto me voy a morir y mis hijas no tienen que pagar los platos rotos”, indicó. Igualmente, señaló que “con todo este retraso me están hundiendo más. Si ya lo pasaba mal con 480 euros al mes ahora estoy desesperada”. “Están jugando con mi vida, tengo un gran estrés y ansiedad, porque no estoy pagando las facturas, casi pienso en tirarme al mar si espero otros meses más”, denunció.
El Ayuntamiento de Tegueste conoce la situación de Jocelyn Atkinson, que confirmó a DIARIO DE AVISOS que ha hablado tanto con la alcaldesa, Ana Mena, como con la concejala de Servicios Sociales, María Candelaria de la Rosa, pero no le han dado ninguna solución o ayuda mientras se resuelve este drama.
Miles en el limbo
Esta situación no es única, miles de personas sufren retrasos en sus expedientes, al menos de cinco meses a un año de espera, algunos tienen unos ahorros para aguantar y otros son insolventes. “Los funcionarios con los que he hablado se ponen en nuestro lugar y entienden que no se puede sobrevivir si no tienes ingresos, pero eso no nos vale, el sistema está fallando. Canarios, españoles, comunitarios, extranjeros, todos tenemos un problema cuando nos jubilamos”, criticó Atkinson
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