La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz ha dictado una instrucción que deja sin protección a los inmuebles que no estén recogidos en el catálogo del Plan General de Ordenación (PGO) que está en vigor, que se corresponde con la Adaptación Básica de 2005. Esto supone que cientos de inmuebles que se habían incluido en el catálogo del anulado Plan de 2013, y en el borrador acordado con el Cabildo, aún pendiente de aprobación, en el que se pasó de un millar a más de 1.300 bienes arquitectónicos protegidos, dejan de tener un tratamiento especial dentro de la Gerencia, y que consistía en denegar las licencias que se pidieran (de demolición o de obras), a la espera de que el Cabildo emitiera un informe sobre los valores patrimoniales de los edificios en cuestión.
Según puede leerse en la citada instrucción, la continua llegada de sentencias anulando la denegación de esas licencias en primera instancia, por haber recurrido los propietarios al juzgado, ha llevado a la Gerencia a emitir esa instrucción. Así, deja sin efecto el procedimiento a seguir en el caso de inmuebles que están incluidos en el catálogo de 2013, en el borrador del catálogo del futuro Plan General, así como los inmuebles enumerados en el Informe de Patrimonio Histórico del Cabildo de 15 de julio de 2010 (inmuebles susceptibles de catalogación), “de modo que sólo se podrá tener en cuenta la catalogación vigente”.
Continúa la orden de Urbanismo señalando que “aquellos expedientes que se encuentren en tramitación y que afecten a este tipo de inmuebles, deberán retrotraerse a la fase de informe técnico, el cual se pronunciará sobre la ordenación vigente establecida por la Adaptación Básica del PGO 2005”.
Además, “aquellos expedientes cuya licencias hayan sido denegadas y se encuentren en vía de recurso potestativo de reposición o recurso contencioso administrativo, salvo que cuenten con sentencia desestimatoria, deberán revocarse las resoluciones de denegación, retrotraer las actuaciones a la fase de emisión de informe técnico, el cual se pronunciará sobre la ordenación vigente establecida por la Adaptación Básica del PGO 2005”.
El portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, destapaba ayer este asunto, al apuntar que son “cientos” los inmuebles que se van a ver afectados por esta instrucción. Trujillo calificó esta situación como de “barra libre” para aquellos que quieran demoler edificios históricos antes de que se apruebe el catálogo de protección.
Según la información de la que dispone Ramón Trujillo hasta al momento son al menos 12 los inmuebles propuestos para formar parte del nuevo catálogo en tramitación, consensuado a nivel técnico entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife, que serán derribados porque sus propietarios han logrado que los jueces les den la razón, por haber transcurrido el plazo legal de protección cautelar. Recuerda el portavoz de Unidas Podemos y candidato de Unidas Sí Podemos a la Alcaldía, que el Consistorio tenía de plazo hasta junio de 2022 para aprobar el catálogo, por lo que los tribunales consideran que se ha superado ese tiempo de protección cautelar.
Desde la Gerencia de Urbanismo, al frente de la que está Guillermo Díaz Guerra, se confirma que ya son varias las sentencias que han recibido en ese sentido, una de ellas afecta a uno de los edificios de Miraflores que desató el primer encontronazo con el Cabildo por la protección de sus valores, en 2017.
Urbanismo destaca que si el catálogo no se ha probado hay que mirar al Gobierno de Canarias, donde lleva el documento un año y medio, y aún no ha iniciado el expediente para hacer la evaluación ambiental.
