Lomo Negro no tiene sheriff que la controle, pero a buen seguro sí alguien que está negocios con el desarrollo, presuntamente ilegal, de este suelo. Pese a no serlo, este ámbito contiene todos los elementos comparables al crecimiento del Lejano Oeste en el mejor de los wéstern. Es una ciudad que, al menos desde hace una década, crece sin control a la sombra del aronero barrio de El Fraile. En un suelo rústico de protección agrícola. Es decir, que según la legislación vigente no puede destinarse bajo ningún concepto a uso residencial, ya sea mediante estructuras fijas o removibles. Tampoco se le pueden prestar servicios básicos, ya sea agua o luz.
No obstante, la zona cuenta con viviendas, fijas y removibles, vecinos, una ferretería y hasta una pequeña parcela destinada a celebraciones, mientras los vecinos aspiran a una legalización más que complicada. En primer lugar por la propia ubicación de la propiedad y la clasificación del suelo. En segundo lugar, porque Lomo Negro está sometido a una investigación judicial tras ser denunciada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn) a instancias del Ayuntamiento de Arona, en la etapa en la que José Julián Mena era alcalde y Leopoldo Díaz Oda concejal de Urbanismo, al tratarse de una situación que, ya lo dirá la justicia, que roza o traspasa lo penal.
El modus operandi que ha hecho posible el crecimiento de esta ciudad ilegal no es complicado: las fincas han sido segregadas en propiedades de 10.000 metros cuadrados, el máximo que permite la ley, y a los compradores se les hacen partícipes de un porcentaje de la propiedad de la finca. Esto en lo que se refiere a lo notarial y registral.
En la práctica, todo el ámbito está dividido en parcelas que se encuentran a la venta y que se compran para levantar en ellas un lugar en el que vivir. En un espacio en el que no se puede hacer ¿Las posibilidades de legalización? La prescripción de las infracciones, teniendo en cuenta que, en el momento de iniciarse un expediente administrativo se paraliza el tiempo para que esta se produzca, o bien vía Plan General. En ambos casos, siempre surge la duda de si se debe legalizar aquello que se hace mal de facto y también qué pasará ahora que la Fiscalía ha intervenido y puede, o no, presentar una denuncia o querella.
De hecho, el pasado 5 de julio el entonces consejero de Transición Ecológica en funciones, José Antonio Valbuena, informaba de que su departamento ha enviado ya al Ministerio Público el desarrollo de esta población que se asienta sobre un total de 150.000 metros cuadrados.
Para Valbuena, no obstante, está claro que quienes han construido en suelo de estas características no lograrán la legalización bajo ninguna circunstancia. Así, su departamento y la propia Agencia, explicaban que “las personas que construyen sin licencia pueden verse incursas en procedimientos judiciales penales como acusadas de un delito contra la ordenación del territorio, castigado con penas de hasta cuatro años de prisión”.
El director ejecutivo de la Acpmn en funciones, Ángel Rafael Fariña, añadió que “en la actualidad ya existen diligencias penales abiertas contra muchos de los propietarios que han construido o instalado sus viviendas en el interior de las parcelas segregadas”, además de avisar de que “estos terrenos están condenados a no poder reclasificarse como urbanos por el Ayuntamiento durante al menos 20 años, pues la Ley del Suelo de Canarias establece que los instrumentos de planteamiento urbanístico no podrán reclasificar terrenos que, siendo rústicos, hayan sufrido un proceso irregular de parcelación urbanística mientras no haya transcurrido dicho plazo”.
Sin embargo, en la pasada campaña electoral, hubo formaciones que acudieron a los vecinos de Lomo Negro a prometerles que se harían cargo del problema y darían una solución viable que los expertos ven más que complicada.
De hecho, este será una de las “papas” más calientes a las que deberá enfrentarse la nueva alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, que en su equipo, justamente en el área de Urbanismo, cuenta con un exedil de Más por Arona, Luis García, bajo cuya gestión entre 2015 y 2019 no se frenó una situación que amenaza ahora a decenas de vecinos.
Aparte de la ocupación para uso residencial de un suelo de protección agrícola, la parcelación, construcción e instalación de viviendas genera múltiples daños al medio, que van desde los vertidos al subsuelo hasta la destrucción de flora autóctona o la carencia de servicios básicos.
Eso fue lo que llevó al anterior gobierno municipal a reunirse con la Agencia, a intercambiar información y datos con esta hasta que la Acpmn valló y precintó la zona, precinto que fue levantado, un hecho por el cual también se ha presentado denuncia. Este precinto no fue capaz de frenar ni a parceladores ni a compradores, que no solo han sido denunciados, sino que a los primeros se les ha impuesto multas por 150.000 euros.
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