María José Regalado saca fuerzas de flaqueza, a pesar de que su lucha, que es la de 14 familias de un edificio de El Fraile (Arona), va ya para nueve años, los que han transcurrido desde que entró en una vivienda social con opción a compra y se despertó en el inmueble de una entidad bancaria, que ejecutó la hipoteca al promotor, que, a su vez, había recibido ayudas públicas para construirlo.
En diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Arona y Visocan, organismo del Gobierno de Canarias, acordaron que el primero traspasaría al segundo 2,7 millones de euros y, con ese dinero, Visocan recompraría el edificio Aloe I. En junio de 2022, así se hizo. No obstante, y a pesar de las gestiones realizadas por Visocan ante el fondo propietario, la realidad es que, a día de ayer, no había nada firmado. Es más, el pasado junio volvieron a llegar comunicaciones de desahucios, como viene ocurriendo desde hace nueve años, cuando en 2014 tuvo lugar la ejecución hipotecaria sobre el promotor del inmueble y el fondo pasó a ser el propietario. Los primeros lanzamientos se anunciaron en 2015. Y María José Regalado y sus vecinos lograron ir parándolos. En 2015, en 2018 y ahora. “Otra vez nos llegan cartas de desahucios cuando hay un acuerdo entre Visocan y el fondo propietario. Ahora, parece ser que van a suspenderse hasta diciembre, ¿pero qué pasa si en diciembre no se firma el acuerdo de compra y nos hacen los contratos?, se pregunta Regalado.
“Somos personas que accedimos a estas viviendas en situación de vulnerabilidad. Personas con menores a cargo, con discapacidad, en situación de desempleo o que viven con una pequeña ayuda… Se supone que lo que han hablado Visocan y el fondo tiene una duración hasta el 21 de diciembre, pero ¿y si se echan atrás?”, se pregunta.
Su intención es acudir el próximo jueves a la sede de Visocan y encadenarse. “Hemos parado 16 desahucios, hemos ganado dos plenos municipales, conseguimos un acuerdo del Ayuntamiento con Visocan… Ya está bien”.
