En 2014, en Lomo Negro, se levantaban apenas algunas edificaciones que nada tienen que ver con la población en la que se ha convertido hoy esta ciudad ilegal junto a El Fraile, que se halla en suelo rústico de protección agrícola. Suelo en el que, por definición, no cabe la prestación de servicios de suministros de carácter residencial, ya que estos están únicamente orientados a zonas urbanas o urbanizables.
Es decir, que en un terreno con estas características no se puede dar el suministro corriente de agua para consumo humano que reciben los vecinos ni, por tanto, autorizar los correspondientes acoples para la recepción del mismo. De la misma manera, tampoco se puede prestar el servicio de energía.
Sin embargo, entre la información y los datos de este caso, la Fiscalía deberá investigar la concesión de, al menos, una decena de acoples de agua o, lo que es lo mismo, autorización para la conexión al agua potable del municipio de Arona que podrían, presuntamente, haberse concedido antes del año 2015, según los datos a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS y que forman parte del intercambio de información que mantuvieron el Ayuntamiento de Arona y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que ha acabado en manos de la Fiscalía.
Posteriormente, y de manera paralela, tanto la exconsejera insular María José Belda como la exconcejala en Arona Antonella Aliotti llevaron ante la Fiscalía, en mayo de este año, una situación similar: el presunto suministro de agua regenerada, procedente de la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten), dependiente del Cabildo de Tenerife, a estas viviendas.
En ese momento, sin embargo, no se conocía la presunta autorización de acoples de agua al suministro municipal de agua potable de una decena de estas propiedades, extremo que deberá ser investigado en los próximos meses.
En ambos casos, lo cierto es que la concesión de este servicio a viviendas fijas o removibles en un suelo rústico de protección agrícola está totalmente prohibido y contribuye a la consolidación de una situación ilegal, ya que en este tipo de terrenos no es posible levantar ninguna construcción o estructura orientada al uso residencial, no solo por ir contra la ordenación del territorio sino por los daños medioambientales que pueden ocasionar.
Si bien el del agua potable es un servicio básico, este no se puede prestar sea cual sea la localización del suelo, ya que es propio de los núcleos urbanos y solo puede darse en parcelas que tengan la condición de solar, algo que no puede ocurrir en una finca o vivienda ubicada en suelo rústico.
De hecho, la ciudad ilegal de Lomo Negro ha ido creciendo bajo una parcelación ilegal en la que los compradores adquieren, en apariencia, un espacio de terreno en el que, por ejemplo, colocar una vivienda.
No obstante, desde un punto de vista notarial y registral, lo que están haciendo es adquirir el porcentaje correspondiente dentro de una finca de hasta 10.000 metros cuadrados, el máximo que permite segregar la ley.
Tal y como ha publicado este periódico, la ciudad ilegal de Lomo Negro ha ido creciendo desde antes de 2014 a la sombra de El Fraile, en el municipio de Arona, en suelo rústico de protección agraria.
Si en 2015 apenas se aprecian en ella construcciones, en 2022 este espacio estaba ya plagado de ellas, con más de un centenar de viviendas, lo que llevó al Ayuntamiento a mantener reuniones con representantes de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Del intercambio de información, siendo concejal de Urbanismo, Leopoldo Díaz Oda, y alcalde, José Julián Mena, en primer lugar se produjo una intervención del Seprona (unidad de la Guardia Civil), en la que se valló y se impusieron precintos que, además, fueron levantados de manera presuntamente ilegal y, posteriormente, la Acpmn puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que investiga este asunto.
“Más cerca de tu hogar”: las parcelas aún a la venta en internet
“Un paso más cerca de tu hogar”. Esta frase es reveladora de lo que se esconde detrás de la parcelación de Lomo Negro. Ni los expedientes abiertos ni la acción de la Fiscalía han frenado la venta de las parcelas, que se ofrecen en internet por 29.000 euros.
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