La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, afirmó en el transcurso de la reunión de trabajo que celebró recientemente con Sophie Muller, la Representante en España de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que “esperamos una llegada importante de menores, mujeres y familias migrantes y refugiadas en las próximas semanas”.
En este encuentro, se analizó el reto que representan las llegadas de niños y niñas migrantes y refugiados no acompañados, un colectivo especialmente vulnerable en el que las necesidades de protección internacional pueden ser mayores que en adultos, debido a las circunstancias específicas que motivan su salida y la ausencia de posibilidad de regreso. Es necesario unir fuerzas para identificar y proteger a las niñas y niños refugiados y abordar la situación de los dispositivos de acogida inmediata de Canarias.
Delgado afirmo que “pedimos no sólo la solidaridad del resto de comunidades sino también dar cumplimiento del acuerdo” alcanzado en el marco de la Conferencia de presidentes de marzo de 2022 donde ya quedó patente la “necesidad de acoger a estos niños y niñas de forma corresponsable dentro del territorio español”, así como la implicación de la UE.
Según la Consejería, en lo que va de año, han llegado a las islas 186 pateras y cayucos, en los cuales viajaban 1.598 menores no acompañados, 1.483 niños y 115 niñas. Además, se registraron 13 menores desaparecidos y 5 perdieron la vida.
Delgado aclaró que durante el mes de agosto se ha registrado una inferior llegada de niños y niñas en relación a meses anteriores aunque, insistió, “esperamos que la llegada de menores así como de mujeres y familias a nuestras costas buscando una oportunidad de vida mejor se incrementará considerablemente en los meses de septiembre y octubre. Es habitual que primero lleguen adultos varones y, en siguientes oleadas, se sumen más mujeres y niños migrantes y refugiados”.
La responsable de ACNUR, Sophie Muller, abordó la necesidad de continuar y ampliar la cooperación entre ambas instituciones a fin de garantizar la protección jurídica y social de los menores migrantes y refugiados. Así como la situación de las mujeres, muchas de ellas supervivientes de persecución, mutilación genital, matrimonios forzados o violencia de género, o durante la ruta.
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