Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha revelado la detección de un total de 480 casos de fraude eléctrico en las Islas Canarias durante los primeros ocho meses de 2023, lo que ha resultado en la sustracción irregular de más de 5 millones de kilovatios/hora (KWh) de energía eléctrica.
De acuerdo con la declaración emitida por la empresa eléctrica, estos actos fraudulentos, que conllevan riesgos para la seguridad y la calidad del suministro eléctrico para otros usuarios, han elevado el número de expedientes abiertos por el uso ilegal de la electricidad en Canarias a un total de 2,772 desde el año 2021.
Dentro de estos casos de fraude identificados durante los primeros ocho meses de 2023 en las islas, se procesaron 206 expedientes relacionados con el fraude eléctrico en la provincia de Las Palmas y 274 en Santa Cruz de Tenerife. Entre los municipios con mayor volumen de energía sustraída de la red de manera irregular se encuentran San Bartolomé de Tirajana (con 659,318 KWh), Agüimes (con 539,614 KWh), Las Palmas de Gran Canaria (con 507,551 KWh), Arona (con 575,741 KWh) y San Cristóbal de La Laguna (con 407,094 KWh).
Desde el año 2021, Endesa ha gestionado 2,772 expedientes de fraude en Canarias, lo que representa casi 27 millones de KWh de electricidad defraudados.
La digitalización de las redes, la implementación de sensores y la introducción de medidores inteligentes están proporcionando una mayor cantidad de información sobre el funcionamiento de los dispositivos de medición y la red de media y baja tensión.
Según señalan, este análisis de datos facilita la identificación de desviaciones y comportamientos atípicos, lo que permite dirigir las inspecciones de manera más eficaz y aumentar la detección de fraudes.
Endesa destaca que la aplicación de la inteligencia artificial a los datos y la mejora continua de los modelos predictivos están permitiendo una detección más eficiente de todo tipo de fraudes, tanto en los suministros con contrato vigente como en los suministros sin contrato, abarcando desde los fraudes más simples hasta los más sofisticados y descubriendo un mayor número de casos de manera más precisa.
Por último, subrayan que el fraude eléctrico causa perjuicios a la sociedad en su conjunto, ya que resulta en un aumento de las facturas eléctricas para todos los consumidores y pone en peligro tanto la seguridad como la calidad del suministro eléctrico para el resto de usuarios. Además, hacen hincapié en que las conexiones irregulares y las manipulaciones de las instalaciones eléctricas implican riesgos significativos para la salud de las personas que las realizan y las que las rodean, pudiendo provocar incendios, electrocuciones y descargas eléctricas.
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