Más vale un ejemplo que mil palabras. Junto a estas líneas se puede contemplar un anuncio captado en Internet donde, a las 13.26 horas del pasado 24 de agosto, se ofrecía alquilar una cama de las cuatro que tienen esas dos literas en una habitación de una vivienda ubicada en la Rambla de Santa Cruz (anteriormente conocida como Rambla del General Franco, por el fenecido dictador español del siglo XX) y la de Juan Pablo II por nada menos que 250 euros.
Eso sí, tal cantidad de dinero también daba derecho a wifi por toda la casa y a compartir baño, cocina y hasta terraza, aunque se desconoce si solo para cuatro o incluso más personas.
Es la dura realidad en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, incluida en el top cinco del portal Idealista.com sobre el precio de vivienda más alto en España durante el pasado agosto. San Sebastián es la que registra el precio medio de la vivienda en venta más alto de dicha clasificación con 5.326 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid (4.015 euros) y Palma (3.863 euros). Por detrás, se encuentran Málaga (2.594 euros) y Santa Cruz de Tenerife (1.888 euros).
Lo peor es que precisamente es Santa Cruz de Tenerife la que ha visto aumentar más los precios en el último año, con una subida del 17,7%, por delante del 13,7% registrado en Málaga o el 13,2% de Palma.
El acceso a la vivienda pública en las Islas es 10 veces menor al de la Unión Europea
La media de vivienda pública en Europa con respecto al total de la vivienda es del 9,3%, mientras que en Canarias es de apenas el 0,96%. Es decir, que los canarios tienen como media 10 veces menos posibilidades de acceso a que las autoridades les facilite -en la medida de lo posible- un techo bajo el que guarecerse que la media del conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea. “Eso lo dice todo”, denunciaba ayer el diputado del Común, Rafael Yanes, en declaraciones a los periodistas tras entregar a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, un informe extraordinario sobre la situación de la vivienda en las Islas desde una perspectiva social. Al menos, Yanes explicó que en dicho informe no solo se describen las causas, sino que también se ofrecen “un total de 37 propuestas que serán presentadas próximamente en comisión parlamentaria”, detalló.
Para el titular de la Diputación del Común -cuya razón de ser no es otra sino defender los derechos y libertades constitucionales y supervisar las actividades de las administraciones públicas canarias en sus relaciones con los ciudadanos a fin de garantizar los mismos-, la vivienda es “el principal problema social que tiene Canarias”.
Por ello, Yanes considera urgente consensuar una política de vivienda en las Islas y aprobar un pacto con vocación de continuidad, pues “día a día es más difícil el acceso a la vivienda para una gran parte de la población”.
Rafael Yanes explicó que este informe extraordinario -el cuarto que emite la Institución- es un documento participativo en el que se ha consultado a los 88 ayuntamientos, a los siete cabildos, a la Comunidad Autónoma, a los colegios profesionales, a las asociaciones empresariales y a los colectivos implicados en la materia. De toda esa participación, añadió Yanes, se han diseñado las aludidas 37 propuestas que se pueden resumir, por un lado, en actuaciones en el ámbito privado, impulsando políticas que hagan de la vivienda un bien accesible a la mayor parte de la población, y, por otro, en actuaciones en el ámbito público, garantizando que hay viviendas de alquiler social para el resto.
Para este cargo público, es trascendental que “haya un parque de vivienda pública potente de alquiler social y con calificación permanente de público, de forma que no se pueda vender”.
Astrid Pérez agradeció a Yanes “el trabajo desarrollado”.
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