Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, apuntó ayer al compromiso del Gobierno central de declarar zona catastrófica las 14.700 hectáreas del incendio que comenzó el 15 de agosto en Arafo y llegó a Candelaria, Güímar, Fasnia, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos.
La intención de aprobar esta declaración de zona catastrófica -en puridad, de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil- ya la había adelantado en Arafo el día 21 el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Concretamente, señaló en su visita a la Isla que el Consejo de Ministros la iba a aprobar una vez controlado el incendio. “El Gobierno de España -subrayó Sánchez entonces- se va a involucrar en las labores de reconstrucción, recuperación y estabilización del día a día de los ciudadanos y ciudadanas afectados”.
Precisamente, ayer estuvo en la Isla otra representante del Ejecutivo central en funciones, la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien al evaluar los daños del incendio forestal destacó el trabajo desarrollado por la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como el del personal adscrito a otras administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Rosa Dávila explicó, junto a los consejeros de Presidencia, José Miguel Ruano, y de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González, que la Delegación del Gobierno en Canarias ha requerido al Cabildo y a los ayuntamientos de los 12 municipios afectados por la catástrofe una primera estimación de los daños causados por las llamas.
En este cálculo, el Cabildo maneja la cifra de 80,4 millones de euros, que, puntualizaron sus representantes, es provisional y solo se refiere a infraestructuras dependientes de la Corporación insular, a las afectaciones que conllevarán la regeneración del monte dañado, así como al Parque Nacional del Teide. Para obtener un número más preciso habrá que esperar, por tanto, a que el mayor incendio que ha sufrido España durante el verano, cuya gravedad ahora mismo es de nivel 1 (el Cabildo dirige el operativo de extinción) y se encuentra estabilizado, llegue a estar controlado.
Pero ¿qué representa la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil? Muy a grandes rasgos, supone la asunción por parte del Gobierno central de medidas de carácter extraordinario que buscan la reparación de los daños materiales y personales causados como consecuencia de una emergencia de gran magnitud. Lo que se persigue, en definitiva, es que la población damnificada pueda volver cuanto antes a desarrollar su vida, en la medida de lo posible, de la manera en la que lo hacía antes de la catástrofe.
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