La comparecencia ayer por parte del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), abanderando una imaginaria rebelión municipalista en toda España contra la ley de amnistía, nada menos, pone de manifiesto el grado de estolidez y quijotismo al que hemos llegado en la espiral de manifestaciones verbales y callejeras desatada por
PP y Vox contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el PSOE.
Ninguna razón ajena a ese ardor guerrero fomentado por la derecha y la ultraderecha explica una exageración política como esta, tan alejada geográficamente como racionalmente de lo que se espera de un ayuntamiento democrático en mitad de la elección democrática de un
presidente de España durante la investidura que se iniciaba ayer.
La intervención del alcalde tinerfeño, aun con la mejor voluntad política de querer dar la campanada y merecer el elogio conservador nacional en un momento sensible de la política española, era convocada, para más inri, a la hora y minuto en que tomaba la palabra el candidato socialista, Pedro Sánchez, en el arranque del debate parlamentario que habrá de culminar hoy con la consiguiente votación.
Esa anecdótica interferencia poco elegante, reclamando la atención de los focos locales, cuando Sánchez comenzaba el discurso de investidura, resulta un esperpéntico exceso de protagonismo, que el alcalde debe hacerse mirar.
Más incomprensible aún es anunciar un encargo inconsecuente a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de un informe que desbroce caminos hipotéticos ante los tribunales con el fin de detener a toda costa la tramitación parlamentaria de una ley de amnistía al procés catalán (sic) o, en su caso, las vías para evitar finalmente su aplicación.
Lo primero causa extrañeza en un demócrata y se produce a rebufo de una iniciativa de Vox ante el Tribunal Supremo, para abortar el inicio de la investidura ayer en base al mismo rechazo obstinado a la citada ley. Un intento fallido al no contar con la anuencia del Supremo.
El encargo del alcalde a sus servicios jurídicos del informe de marras exige, obviamente, el concurso de expertos en Derecho Constitucional, que acaso obligue a recabar un asesoramiento externo acorde a la materia. De ser así, costaría entender el recurso al socorrido informe de terceros de tan flaco prestigio cuando se ha dado el caso.
En ninguna cabeza cabe requerir semejante cometido al departamento jurídico del Consistorio, ya de por sí inmerso en labores de su competencia relacionados con desahucios y servicios sociales de enorme trascendencia para los vecinos.
En España asistimos a una psicosis desmesurada, y ojalá pasajera, a propósito (o despropósito) de una proposición de ley que promueve un partido político en el ámbito de la Constitución y que no podrá cobrar cuerpo sino en el seno del Congreso (como todas las leyes). Estos últimos días se han exacerbado los nervios de un sector de la clase política, con una ira verbal desmedida, se han alentando concentraciones vandálicas contra la sede del
PSOE en Ferraz y se han exhibido banderas preconstitucionales junto a símbolos nostálgicos de la peor etapa histórica que se recuerda en Europa.
En este contexto, chirriaba ayer la voz de un alcalde, a 2.000 kilómetros, queriendo competir con el Congreso de los Diputados, a la misma hora que el reloj de la democracia empezaba a contar el tiempo de la investidura; en sí mismo, resultaba un acto grotesco.
El máximo representante de la capital tinerfeña secundaba una moción contra la amnistía aprobada anteriormente con los votos del PP, Vox y su partido, CC, y admitía actuar como alcalde y no como dirigente de un partido político que hoy tiene previsto respaldar la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Siendo ciertas las objeciones de CC a esta ley en particular, pese a su apoyo al candidato socialista, no se esconden en esta ocasión diferencias internas en dicha fuerza nacionalista sobre el pacto de investidura, en su mudanza del PP al PSOE.
En las fuerzas conservadoras se ha abierto una competencia por no perder electorado en medio de esta confusión. La amnistía es opinable, como todas las leyes, pero en política cada cual debe saber el papel que le corresponde y evitar hacer el ridículo por el qué dirán. ¡Jaque mate!
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