La comisión parlamentaria de ayer del área de Bienestar Social permitió comprobar de forma clara las visiones dispares que tienen el Gobierno de Canarias y la oposición de PSOE y NC sobre la situación de la dependencia en estos cuatro meses de nueva gestión.
Mientras la consejera del área, Candelaria Delgado, aseguró que las listas de espera han bajado y que, desde este julio, se ha pasado de 817 a 687 días para resolver una solicitud, la portavoz del PSOE, Elena Máñez, puso el foco en los datos del pasado mes de octubre y remarcó que, respecto al mismo mes de 2022, las resoluciones se han reducido de 1.017 a 505 y los PIA (Programa Individual de Atención), de 802 a 367.
Mañez considera que esos números desmienten al Ejecutivo en su optimismo, claramente desplegado ayer con la aquiescencia de Vox, lo que se refuerza, asimismo, con la reducción presupuestaria para el departamento social. La diputada socialista criticó lo que llamó “negacionismo irracional” de CC y PP al sostener que no hubo avances en dependencia en el mandato anterior, “cuando los 24 millones que aportará el Estado con el nuevo convenio (publicado ayer en el BOE) suponen duplicar la cifra precisamente por el aumento de los expedientes resueltos” (la Comunidad debe aportar otros 24 millones, según la ley).
Asimismo, la diputada grancanaria del PSOE recordó que, en 2018, el “limbo de la dependencia suponía el 29%” de los demandantes, mientras que, al cerrarse el mandato anterior, el porcentaje había bajado al 16%. A su juicio, y lejos de la euforia gubernamental, los datos empeoran por la gestión, se produce “un fraude” por el recorte presupuestario y resulta injustificable que se pierdan 1,8 millones de las prestaciones económicas en 2024 pese a que el presupuesto regional crece un 11% (en 1.150 millones).
Frente a estas tesis, Delgado insistió (con el arropo de PP, CC, Vox y matices de ASG sobre la herencia recibida) en que la incorporación de 11 nuevas valoradoras ha permitido reducir los días y confía en que, antes de 2024, se esté al día en la grabación de todas las solicitudes presentadas. Según sus cifras, en 2022 se grabaron en el sistema 4.880 peticiones, mientras que, en este 2023, ya se ha llegado a 6.844 y espera sacar cada mes una media de 624 resoluciones de grado más. En este sentido, destacó especialmente la situación de La Gomera, La Palma, El Hierro y Fuerteventura (donde se está al día) y repitió su intención de hacer coincidir en un mismo acto administrativo (y mediante un decreto) la resolución del grado y el PIA para agilizar la asignación de prestaciones.
Según denunció, al llegar a la consejería “comprobamos que se había dado orden de paralizar las solicitudes de revisiones de grado presentadas desde 2017, mientras que, desde julio de 2023 hasta hoy, se han valorado 584 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 365 en la de Las Palmas, más del triple de las tramitadas en los últimos años”.
Asimismo, y en aras de la agilización, subrayó las medidas tomadas para que no se pierda ninguna cita (con mensajes vía SMS), la puesta en marcha del Registro Auxiliar de Entrada y Punto de Información en las dos capitales, la formación de 35 agentes del 012 para dar información especializada en esta materia, la creación de las Unidades Orgánicas para agilizar la entrada de documentación y la formalización de un programa informático de la gestión. Además, y en algo muy elogiado por los grupos (como hizo Natalia Santana, de NC-BC), anunció que las ayudas y prestaciones se abonarán los días 24, como ocurre con las pensiones, y no al final de mes.
LEGISLATURA ANTERIOR
Como hizo Melodie Mendoza (ASG), Santana reivindicó lo logrado en la legislatura anterior, remarcando el aumento en 207 millones en las políticas sociales, mientras que ahora no se llegará a los 55 millones que fija la Ley de Derechos Sociales.
Mendoza, por su parte, elogió los avances logrados en estos cuatro meses, pero recordó las 6.335 personas con el PIA aprobado que aún no reciben la prestación, así como las 4.000 “que llevan esperando más de seis meses para percibirla”.
Rosa Faustina Vera (PP) criticó duramente la gestión previa y dijo que el 57% de la reducción de la lista de espera se debió al fallecimiento de personas inscritas. A su juicio, “había un limbo de 6.000 personas con la dependencia reconocida y una prestación aprobada, pero que no la percibían”.
Raúl Acosta (AHI) ahondó en esta línea; dijo que la dependencia y la discapacidad fueron “las grandes olvidadas” de 2019 a 2023, y censuró que 3.203 personas fallecieron sin ser atendidas. Por su parte, Jana González (CC) afirmó que su grupo no cree en “varitas mágicas”, sino en el trabajo y la coordinación y advirtió de las empresas que no llegan a muchos municipios, “como pasa en Fuerteventura”.
Sobre esto, la consejera anunció un acuerdo con la Fecam para que sean los ayuntamientos los que se encarguen de los servicios a domicilio y se puedan aprovechar los 7 millones presupuestados este año.
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