Algunas de las soluciones de emergencia al déficit de generación de energía eléctrica detectado por REE en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, serán con gas propano, según ha avanzado este viernes el consejero regional de Transición Ecológica, Mariano Hernández.
A este concurso exprés han concurrido una quincena de empresas de países como Noruega o Arabia Saudita, entre otros, algunas de la cuales plantean soluciones de economía circular, como aprovechar el gas que generan las plantas de tratamiento de residuos, ha avanzado Hernández Zapata en un encuentro informal con periodistas de las islas.
Aunque inicialmente lo que se adjudicará serán 120 megavatios en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 50 en Fuerteventura, el Gobierno canario estima que habrá que actuar en todas las islas, no sólo por el déficit que presentan, sino por la antigüedad de los equipos, algunos de ellos de la época franquista, como ocurre en La Palma.
El consejero no entiende por qué en Canarias no se ha aplicado el gas para generar energía eléctrica y se ha optado “por seguir quemando fuelóleo”, por lo que ha adelantado que algunas de las propuestas empresariales recibidas para este concurso de emergencia se sustentan en el gas, concretamente en el propano.
La Consejería que dirige Hernández Zapata se propone que el próximo mes de diciembre se pueda comenzar a tramitar en el Parlamento una modificación de la Ley de Lucha contra el Cambio Climático, aprobada en la anterior legislatura por el Gobierno presidido por el PSOE.
Una modificación legislativa con la que se persigue “reducir el cuerpo” de esta norma, al entender que contiene “muchas recomendaciones” y prevé la creación “de muchas entidades” nuevas, es decir, que ahonda en “la burocracia extensiva”.
“Hay que acompañar a los canarios en su lucha contra el cambio climático, no chocar contra ellos”, ha referido.
El consejero también ha avanzado la intención de su departamento de invertir entre 25 y 28 millones al año, esto es, los fondos que recauda de la gestión de los residuos para tratar de evitar los vertidos sin autorización que se producen en las islas, a razón de 200 en cada una de ellas, tanto de forma puntual, por las lluvias, como por el funcionamiento de infraestructuras como las desaladoras.
Dados los “atascos” que Transición Ecológica detecta en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental que afectan a la penetración de las renovables en las islas, el departamento que dirige Hernández Zapata va a tratar de que haya “unanimidad de criterios” entre los técnicos de la comunidad autónoma encargados de gestionarlas.
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