La Federación de Salud de Intersindical Canaria presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las graves carencias materiales y organizativas que afectan a los profesionales de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, una situación que evidencia el progresivo abandono que sufren los trabajadores del sistema sanitario público y el deterioro de sus condiciones laborales.
Entre las principales deficiencias denunciadas figura la insuficiente dotación de equipos de protección individual (EPI) para médicos y personal de enfermería que desarrollan su actividad fuera de los centros de salud, así como la utilización de vehículos particulares para realizar desplazamientos profesionales y visitas domiciliarias. El sindicato considera inaceptable que los trabajadores deban asumir riesgos y responsabilidades que corresponden a la Administración sanitaria.
Según Intersindical Canaria, la falta de medios no constituye un problema puntual ni aislado, sino la consecuencia de años de ausencia de planificación y adaptación del Servicio Canario de la Salud a las necesidades reales de la población tinerfeña y de los profesionales. Advierte de que las exigencias asistenciales han aumentado de forma considerable en los últimos años, mientras que los recursos humanos y materiales no han evolucionado al mismo ritmo.
El sindicato subrayó que muchos profesionales deben prestar asistencia en entornos complejos y potencialmente peligrosos, como barrancos, carreteras o escenarios de emergencia, sin disponer en todos los casos de los elementos de protección específicos que requieren estas intervenciones. “No es admisible que el personal sanitario afronte situaciones de riesgo con los mismos recursos utilizados habitualmente dentro de un centro de salud”.
Denunció que la falta de vehículos asignados para la actividad asistencial obliga con frecuencia a utilizar medios particulares para atender a pacientes a domicilio. Esta situación traslada a los trabajadores una carga que debería asumir la Administración, responsable de organizar y dotar los servicios públicos.
Estas carencias están contribuyendo al desgaste físico y emocional de unas plantillas sometidas a una presión creciente. Sostiene que el compromiso y la profesionalidad de los trabajadores no pueden seguir utilizándose para compensar las deficiencias estructurales del sistema ni para justificar la ausencia de inversiones y planificación. Reclama la adopción inmediata de medidas correctoras, entre ellas la dotación de equipos de protección adecuados para cada tipo de intervención, la revisión de las condiciones en las que se realizan las visitas domiciliarias, la incorporación de medios de transporte apropiados y una actualización real de las plantillas y recursos disponibles. También exige que la prevención de riesgos se convierta en una prioridad efectiva.
Garantizar una atención sanitaria de calidad pasa por proteger a quienes la hacen posible y por poner fin a una situación de precariedad que compromete la seguridad de los profesionales y asistencia.







