El año pasado Cáritas atendió a casi 39.500 personas sin hogar en situación de calle en España, un 6,13% más que el año anterior, y el estudio sobre Exclusión Residencial Extrema en Tenerife presentado en 2022, señalaba que los casos de exclusión residencial extrema crecen hasta 2.738, casi 1.000 personas más que el año precedente. El próximo informe volverá a ratificar, a buen seguro, esta subida, una cronificación de situaciones. El 32,5% como mínimo llevan tres años en exclusión residencial extrema, y el 63%, más de un año.
Las Unidades Móviles de Atención en Calle de Cáritas en Tenerife y La Palma atendieron en 2022 a 1.253 personas, un 70% más que en 2019. El sinhogarismo es un problema social que no solo aglutina a las personas en calle o que acuden al albergue, sino también a las que viven en chabolas, cuevas, tiendas de campaña, caravanas, en asentamientos o en viviendas cedidas.
Una de las expertas de Cáritas en Derechos humanos, vivienda, sinhogarismo y exclusión social severa, Sonia Olea Ferreras, valoró para DIARIO DE AVISOS la situación en Canarias.
-¿Qué opina de los datos y perfiles del sinhogarismo en Tenerife?
“Colaboré en los primeros informes de Cáritas pautando la investigación dentro del enfoque de los Derechos Humanos, para que las personas vulneradas tuvieran el máximo protagonismo. Tenerife y toda la provincia tiene una situación muy compleja por la multiplicidad de sinhogarismos, ya que los tiene todos: personas en calle, en cuevas, en la playa, en infravivienda, en chabolismo, personas hacinadas en propiedad horizontal, en caravanas y vehículos. Luego también está la problemática de la vivienda turistificada y, como el resto del Estado, el rango muy pequeño de vivienda publica social, donde los compañeros y compañeras que trabajan en Servicios Sociales puedan disponer a la hora de acoger a personas de situación de calle o en infravivienda. Los dos informes que ha hecho Cáritas en Tenerife han sido buenísimos, los mejores según la Confederación de Cáritas Española. Son muy potentes porque tienen esa perspectiva de que la persona no tiene nunca solo un único problema o una única vulneración de derechos, tiene muchas, y además no está siempre en la misma situación, sino que va variando. Lo doloroso es la dificultad que hay en las Islas con la escasísima vivienda pública y cada vez más problemas de acceso”.
-Abordó en Tenerife el empadronamiento de estas personas.
“En las jornadas organizadas por Cáritas y la Universidad de La Laguna teníamos como objetivo unificar criterios y resolver dudas entre las personas relacionadas con el proceso en los ayuntamientos, tanto en Estadística como Servicios Sociales. Pese a tener una normativa para el empadronamiento excelente en España desde el año 1985, no es aplicada en la práctica administrativa y eso redunda en las personas vulneradas, las que tienen situaciones complejas. Cuando acuden personas con otra situación, que viven en una chabola, en la calle, en una cueva, pues se encuentran con una escalera de problemas tremendos. Llevamos muchos años con ellos, aunque hay muchos Ayuntamientos con una labor administrativa excelente y tienen un registro al día de las personas que viven en el territorio. Pero es fundamental seguir insistiendo para que la práctica administrativa sea la correcta”.
-¿Qué problemas se encuentran las personas vulnerables?
“Hay que acreditar solamente dos cosas: que la documentación esté en vigor, que eres tú la persona que está ahí, y que vives en ese municipio. El funcionario o trabajador del registro no debe meterse en nada más, por ejemplo, en las condiciones de la infravivienda, o si es una vivienda ocupada, cuando estar empadronada en estas situaciones no va a beneficiar a esta persona en un proceso de desahucio. Su obligación es inscribir a la persona, su trabajo es comprobar que presenta la documentación y las pruebas de dónde vive, y hay funcionarios que aceptan muchas alternativas, algunas como fotos, geolocalización, etc. Muchas veces no dejan presentar ni recogen la documentación”.
-La importancia del empadronamiento viene de la mano de recibir servicios sociales básicos.
“El empadronamiento es simplemente acreditar que vives en un lugar, es un registro administrativo estadístico, pero no te da derecho por sí mismo. Un residente está obligado por ley a empadronarse, y posteriormente solicitar y recibir los servicios básicos como gestionar la tarjeta sanitaria, la educación de los hijos, pedir ayudas…”.
“Es dolorosa la dificultad que hay en las Islas con la escasa vivienda pública”
Sonia Olea, abogada del Grupo Jurídico de Cáritas, experta en Derechos Humanos y Vivienda





