Bodegas Insulares de Tenerife (Bitsa), sociedad mixta que nació en 1992 con el fin de modernizar el subsector vinícola de la Isla y ayudar a los productores (ahora, sobre todo, de Tacoronte Acentejo), vive tiempos de total incertidumbre. El Gobierno del Cabildo (entidad que tiene el 45,6% de las acciones, con 4.413) decidió el pasado 29 de diciembre no renovar el contrato para el uso de las instalaciones situadas en El Sauzal y su equipamiento por parte de los cosecheros obligado por varios informes jurídicos de la propia corporación. Se evitó así prorrogar el acuerdo suscrito desde 1994, renovado en 2003 y 2013, pero que se topaba con una denuncia de parte del subsector desde 2018 ante la UE por supuesta competencia desleal e incumplimiento de la libertad de empresa, lo que hizo que Bruselas, dándole la razón a esta parte, exigiera la renovación del canon en busca de hacerlo real, conforme a los equipos existentes y a los precios del mercado.
No obstante, y en aras de minimizar los efectos de una situación “compleja”, según reconocen todos los grupos del Cabildo, el Gobierno insular ha decidido fijar un plazo de nueve meses (anunciado a la UE) para encontrar la hoja de ruta lo más consensuada posible, salvar la cosecha de 2024 y resolver este considerable problema social y económico con la máxima seguridad jurídica, cumpliendo las directrices europeas y sin desequilibrios para la empresa, aunque hay lecturas muy críticas, como la que hace el PSOE.
Ese desequilibrio resulta palpable por el hecho de que, según la tasación encargada por el anterior gobierno insular cuatro días antes del 28M, el edificio y los equipamientos y maquinaria tienen un valor total de 2,6 millones de euros. En función de la cláusula 3 del contrato, esa tasación obliga ahora al pago de un canon anual de 159.000 euros, cifra inasumible para Bitsa si se atiende a que sus beneficios anuales son de 50.000.
Eso sí, y como recalca el consejero del PSOE Javier Parrilla, exconsejero de Agricultura, cabían otras fórmulas de reequilibrio, como la ampliación de capital o las aportaciones de los viticultores socios, antes de no prorrogar el contrato por diez años, ya que, de esta manera, “ahora la empresa no podrá entrar en un concurso público antes de siete meses, con lo que ya no son nueve. Una cosa es la renovación del canon, que debía hacerse por obligación, y otra la del contrato, pues el día 20 se aprobó en el consejo de administración renovarlo y ya estaban esos informes. Alguien se equivoca porque, además, lo vinculan con pérdidas de ayudas europeas”. En este sentido, subraya que, en 2019, Bitsa daba pérdidas, cuando, en su último ejercicio, logró 50.000 euros de beneficios, “y con un aumento paulatino de socios”.
Parrilla teme por el futuro de unos 300 productores de esta comarca y por la cosecha de 2025 si esa hoja de ruta que se busca no da los resultados adecuados. Según sus cifras, las aportaciones anuales son de unos 750.000 kilos de uva. En una línea similar se muestra la gerente de la denominación de origen Tacoronte-Acentejo, Mari Paz Gil, quien advirtió ayer, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, de los riesgos de que se pierdan unos 500.000 kilos de uva al año, porque muchos de esos 300 productores no encuentren a quién vendérsela. No obstante, confía en que, durante estos nueve meses (o siete) se logre esa solución, se siga con la empresa y, lejos de perjudicarse, se acabe reimpulsando al subsector.
Aunque con inquietud, fuentes de los trabajadores de Bodegas Insulares esperan también que todo se solucione, afirman que las cosechas de 2023 (su embotellamiento y distribución) y la de 2024 están aseguradas, y, eso sí, advierten de que, de lo contrario, “ya estaríamos con el hacha de guerra en la calle”.
SOBREDIMENSIONADAS
Desde el Gobierno insular se insiste en que esperaron hasta el último momento para tratar de buscar una alternativa a la renovación del contrato, pero, ante su imposibilidad y dados los informes desfavorables, no tuvieron más remedio que renunciar en ese consejo de Gobierno urgente del 29 de diciembre. Asimismo, y como detalló en el pleno del pasado viernes el consejero de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal, Manuel Fernández (PP), las instalaciones de Bitsa se han quedado ahora “sobredimensionadas”, al tener capacidad para dos millones de kilos de uva y recibir al año 500.000 por “el abandono del campo y los problemas con el clima” que sufre el subsector.
Fernández, al igual que Valentín González (CC), exige “seriedad y altura de miras” y se compromete a la “máxima transparencia”. Por eso, le reprocha a Parrilla que “haya alarmado a los viticultores y miembros del consejo de administración de Bitsa al afirmar que se les echa de la empresa porque, incluso, no estaban de acuerdo con mi comparecencia en el pleno por estar buscando esa hoja de ruta”.
Además, le critica que sus propuestas no se las trasladara al consejero socialista Aarón Afonso, con el que abordaron esta cuestión en diciembre, así como que “de Bitsa no se hablara en todo el mandato anterior y tampoco en el traspaso de gobierno”. Según insisten el PP y CC, “todos luchamos por el sector primario y no vamos a dejar a nadie tirado”.
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