El Gobierno y el Parlamento de Canarias se disponen a arrancar esta semana el proceso para intentar que se cambie por ley la tutela y custodia de los menores migrantes, de manera que haya un reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas con criterios objetivos, independientemente del territorio por el que acceden al país. El orden del día del Consejo de Gobierno de Canarias de este lunes incluye una comunicación que remitirá a la Cámara regional para que la cámara legislativa apoye el cambio legislativo que se propone, una iniciativa que Canarias pretende que asuma el Ejecutivo central para que el Consejo de Ministros apruebe por decreto ley un cambio en el Código Civil.
La Comunidad Autónoma de Canarias tutela actualmente más de 5.500 niños y adolescentes llegados a las costas de las Islas sin la compañía de mayores, los cuales están albergados en 72 instalaciones; muchas de ellas, abiertas con premura ante la llegada incesante de cayucos en los últimos meses (sobre todo, desde el pasado trimestre de 2023). El Gobierno de Canarias se ha visto obligado a pedir permiso a la Fiscalía para alojar provisionalmente a 140 menores de edad en el centro de acogida de migrantes adultos de Las Raíces, en La Laguna.
Ya en octubre pasado, Canarias recabó el apoyo de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Entonces, tutelaba unos 3.300 menores y el acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia fue distribuir a 347 de ellos entre el resto de los territorios. Cuatro meses después, los menores en el Archipiélago son 5.500 y ninguno de los 347 de los que se habló ha sido acogido aún en otras comunidades, a falta de la firma de acuerdos bilaterales, garantías de financiación por parte del Estado y otros trámites. Por ahora, solamente cuatro comunidades han mostrado su disposición a acoger a los menores fruto de ese acuerdo, según el Gobierno de Canarias: Madrid, con 34; Galicia, con 28; Cantabria, 26, y Aragón, 24. Por eso, la conclusión de casi todo el arco parlamentario es que, dado que la “solidaridad voluntaria” no funciona, debe cambiarse la legislación para que haya una “solidaridad obligatoria”, es decir, un reparto entre comunidades a partir de parámetros objetivos, como la población. Además, se plantea que debe ser la Administración General del Estado la que asuma el coste de la atención de estos menores extranjeros, que en Canarias representa en este momento unos diez millones de euros mensuales. Esto requeriría acometer modificaciones legislativas que los servicios jurídicos autonómicos han examinado.
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