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Denuncian la restricciones a las visitas a mayores en residencias canarias

El Defensor del Pueblo señala que impedir el contacto con familiares y allegados de estos mayores requiere “justificación suficiente o autorización judicial” tras quejas en Canarias
Denuncian la restricciones a lasvisitas a mayores en residencias canarias

El Defensor del Pueblo incluye en su informe anual un apartado dedicado a las residencias y la atención que se presta en las mismas, esperando que las autonomías realicen un “cambio hacia un nuevo modelo de atención residencial, mucho más centrado en las personas, su autonomía personal y sus derechos fundamentales”.


En el documento de cerca de 400 páginas, la institución recuerda que, en 2023, inició una actividad complementaria de “supervisión directa del funcionamiento” de los centros residenciales, para “comprobar las condiciones” en que se atiende a los mayores, “respetando al máximo su autonomía personal y eliminando todas aquellas prácticas que puedan derivar en restricciones de los derechos fundamentales o en un indeseable proceso de institucionalización”.


En el primer año, el Defensor del Pueblo examinó cinco centros para personas mayores y dependientes, de titularidad pública (autonómica, diputaciones provinciales, local), en las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid. Castilla y León es la comunidad con mayor número de centros y plazas para mayores en relación con su población. Además, se solicitó una información inicial a las comunidades de Cantabria y Galicia.


“Esta institución va a seguir con esta supervisión directa y, a partir de las quejas que recibe, los cambios normativos y de organización que vayan adoptando las diferentes Administraciones sociales que hagan realidad ese nuevo paradigma”, subrayó en el documento.


Según apuntó la institución “un punto de partida para contrastar cómo se producen esos cambios en el modelo residencial” son los criterios comunes sobre acreditación de centros residenciales acordados en 2022 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).


El Defensor del Pueblo entiende que las líneas generales de ese acuerdo son “válidas como guía para verificar las mejoras y los avances que se producen en cuestiones destacadas por esta institución en los últimos años, como son: la efectiva coordinación con el sistema sanitario; el incremento y mejora de la actividad inspectora; el fomento de la participación en los centros; o el control sobre todas las situaciones de restricción de derechos fundamentales”.

Impiden visitas y comunicaciones


En relación a Canarias comprobó que la Consejería de Bienestar Social, responsable de supervisar la atención en los centros residenciales de mayores, “toleraba la práctica seguida en algunos centros de restringir visitas y comunicaciones” de algunos usuarios con familiares y allegados, “por la simple indicación de los tutores o curadores representativos”, exigiéndose “justificación suficiente y, en su caso, autorización judicial”.


Formuladas las recomendaciones, la Consejería informó de que las implementaría, requiriendo a las entidades prestatarias del servicio que “justifiquen adecuadamente la privación de comunicación y visitas”. También indicó haber suscrito un convenio con las Fiscalías Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, para la comunicación de estos casos.

Prestación a favor de fallecidos por demora


Por otro lado, en las quejas por retrasos o incidencias en los expedientes de reconocimiento de dependencia y de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el informe señala que durante 2023 en Canarias “se ha normalizado el reconocimiento de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, modificando el criterio respecto a la responsabilidad de la Administración por la demora en el reconocimiento de derechos a favor de las personas fallecidas”, cuando hayan trascurrido más de seis meses desde la presentación de la solicitud y se puede acreditar la contratación y pago del servicio. La necesidad del cambio había sido planteada por el Defensor hace años.

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