La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, anunció ayer que la tasa para cobrar el acceso a espacios naturales protegidos de la Isla comenzará a aplicarse este verano en el barranco de Masca, en el Parque Rural de Teno, con la reapertura de su embarcadero, cerrado desde 2018. Esta medida servirá de prueba piloto “con la idea de que esté plenamente implantada en enero de 2025” en el resto de espacios naturales, añadió en rueda de prensa junto con el vicepresidente insular, Lope Afonso.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el convenio de colaboración entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Buenavista para la gestión del embarcadero de la ensenada de Masca, que ya ha suscrito Puertos de Tenerife.
“El convenio interadministrativo lleva aparejado una mejora de los servicios y el incremento de la seguridad en este espacio, especialmente sensible desde el punto de vista ambiental, y contempla la apertura del embarcadero”, explicó Rosa Dávila, quien destacó que es una infraestructura “clave” para “aliviar el tránsito de personas en los trayectos de ida y vuelta y, lo más importante, reducir la cantidad de rescates de personas, porque no van a tener que volver a subir por el barranco” para salir de él.
Asimismo, la presidenta insular indicó que se podrá acceder a Masca tanto a través de empresas de turismo activo que ya actúan como de forma libre, “con la limitación que hemos establecido de 275 personas al día, y esto supone que pueden moverse en el barranco alrededor de unas 100.000 personas al año”.
Además, señaló que “la idea es poder tener un servicio de guaguas, de manera que también se van a aliviar los problemas de tráfico que existen en la actualidad en este punto”, que se añadiría al servicio del embarcadero para volver hasta Los Gigantes. En la bocana del embarcadero, se permitirá el fondeo de hasta cuatro embarcaciones más kayaks y piraguas.
En cuanto al precio de la tasa, la presidenta señaló que “estamos trabajando en el análisis del impacto económico” y recordó que “habíamos anticipado que el Cabildo se haría cargo del coste para los residentes en Tenerife”, lo que no incluye al resto de visitantes. Además, “todo esto tiene que venir ordenado en la ordenanza fiscal que regulará la ecotasa”, en la que también se trabaja, explicó, a lo que añadió que la gestión probablemente se tramitaría a través de la empresa pública Tragsa.
Becas
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también dio luz verde a la convocatoria de las líneas de becas para estudios universitarios, Formación Profesional y para alumnado con necesidades educativas especiales, por una inversión de 5,7 millones, ampliable hasta once. Dávila destacó que el Cabildo ha adelantado en cuatro meses los plazos para que las familias puedan disponer antes de los recursos.
El Consejo aprobó, además, el convenio con el Ayuntamiento de La Orotava para el acondicionamiento del tramo de la TF-21 entre el núcleo y Aguamansa. Se trata de una obra destinada a mejorar la seguridad vial y del tránsito de peatones mediante aceras, mejora de alumbrado y cruces de calles, mejora de la conectividad y servicios. El proyecto tiene un presupuesto de ejecución de 38,7 millones de euros y un plazo de 24 meses.
En el ámbito de Acción Social, Lope Afonso informó de que el Consejo de Gobierno aprobó iniciativas por unos diez millones, entre las que destaca la contratación del servicio de atención residencial y diurna para personas adultas con discapacidad del CAMP La Cuesta, por 9,267 millones.
Mientras, en Deportes, se dio luz verde a dos convenios con Arona y San Miguel de Abona para diversas infraestructuras.
Dávila firma el decreto que activa la declaración de la emergencia hídrica
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, firmó ayer el decreto de la declaración de la emergencia hídrica para la Isla, una vez contestadas e incorporadas algunas de las 16 alegaciones presentadas, lo que permite ya la ejecución de las 75 acciones que contiene el decreto para luchar contra los efectos de la sequía, principalmente, sobre el campo y ante un próximo verano “que ya se anticipa que será muy seco”.
Así lo anunció Dávila tras el Consejo de Gobierno, destacando que, “una vez se haya concluido la decena de obras que lleva aparejado este decreto, tanto de desalación como de depuración, vamos a poder poner a disposición más de 27.000 metros cúbicos de agua adicionales al día”, lo que supone “que se incrementará un 10% la oferta de agua agrícola” y un 5% para el cómputo general de la Isla.
Un documento que es “esencial” para que no solo las obras o infraestructuras tengan carácter de emergencia, sino que, “a partir de aquí, instaremos a los ayuntamientos a que adopten las medidas incluidas”, enfatizó.
En cuanto a las alegaciones presentadas, explicó que “han sido fundamentalmente de ampliación de los plazos, pérdidas de agua, reactivación de galerías y bombeos y de mayor eficiencia para el riego agrario”, entre otras.
La declaración tiene una vigencia de seis meses, con posibilidad de prórroga de otros seis.
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