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Los primeros canarios que serían reclutados en caso de que España entrara en guerra

La ley de la carrera militar, aprobada en 2007, define tres tipos de reservistas: los de especial disponibilidad, los voluntarios y los obligatorios

En Europa, la palabra “guerra” resuena con fuerza en la actualidad. Ante la reciente acción de Vladímir Putin en Ucrania, ha despertado todas las alertas, llevando a las naciones a incrementar sus presupuestos de defensa y reconocer la importancia de estar militarmente preparados.

En España, el Gobierno navega entre el apoyo a sus aliados de la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el antimilitarismo de una parte del Ejecutivo y sus socios parlamentarios. Desde que Pedro Sánchez asumió el cargo, el gasto militar ha aumentado y el presupuesto de Defensa se encamina hacia el 2% del PIB.

Sin embargo, nuestro país no aborda el conflicto con la misma claridad que algunos de sus vecinos. No obstante, la Constitución Española es clara en este tema y en su artículo 30 establece que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”.

Tres categorías de reservistas Desde 2001, cuando el Gobierno de José María Aznar abolió el servicio militar obligatorio, España cuenta con un Ejército profesional. Actualmente, las Fuerzas Armadas están compuestas por unos 120.000 efectivos, quienes serían los primeros en intervenir en caso de un conflicto armado.

A partir de ahí, es crucial revisar la legislación para determinar quiénes serían los siguientes en enlistarse. La ley de la carrera militar, aprobada en 2007, define tres tipos de reservistas: los de especial disponibilidad, los voluntarios y los obligatorios.

Su incorporación se activaría en situaciones excepcionales o crisis donde “las necesidades de la defensa nacional no puedan ser atendidas por los efectivos militares profesionales”.

Aspectos a considerar

En caso de ser necesario, el Consejo de Ministros convocaría primero a los reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (un grupo compuesto por exmilitares que dejaron el Ejército al cumplir los 45 años y civiles que solicitaron su adscripción a las Fuerzas Armadas).

Este grupo suma unas 8.000 personas. Si no fueran suficientes, el Gobierno debería solicitar autorización al Congreso para convocar a los reservistas obligatorios, es decir, a civiles sin experiencia militar previa. La ley estipula que esto afectaría a personas entre los 19 y los 25 años.

Los jóvenes convocados recibirían un cuestionario para proporcionar información voluntaria sobre su estado de salud y físico, así como sus preferencias sobre el Ejército al que incorporarse. Además, podrían indicar si están dispuestos a integrarse en unidades de combate o prefieren otros destinos.

Posteriormente, se llevarían a cabo exámenes médicos y pruebas psicológicas y físicas. Una vez que reciban el uniforme, quedarían integrados en las Fuerzas Armadas como soldados, siguiendo el comportamiento militar y estando sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares.

No obstante, aquellos que no deseen participar en este contexto tienen la opción de acogerse a la objeción de conciencia, según establece la ley de la carrera militar. El artículo 138 de dicha ley permite que sean objetores aquellos individuos que no quieran servir en las Fuerzas Armadas ni en otras entidades “donde se requiera el uso de armas”.

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