Tras la última reunión entre los sindicatos CCOO, USO y CSIF y las empresas del sector vinculadas a dos patronales, los representantes de los trabajadores del transporte sanitario de las Islas manifestaron que “tanto los empresarios como el Gobierno de Canarias nos llevan a la calle a reclamar nuestros derechos”, tras permanecer más de dos años sin lograr la firma de un convenio colectivo, que se adecúen los salarios al coste de la vida y que nos mejoren las condiciones laborales.
El problema se solucionaría si el Gobierno de Canarias se implicara, adoptando medidas para obligar a ofrecer las condiciones de trabajo y las remuneraciones que merecen los trabajadores conforme a la legalidad, bien sea incorporando sus demandas a los requisitos establecidos para quien se adjudique finalmente el servicio, bien promoviendo una confluencia antes de sacar el acuerdo.
Para los sindicatos, el problema del sector “tiene una solución y es que pase a gestión directa de la Administración y que apartemos de una vez por todas a estas empresas que intermedian con el dinero público y se enriquecen a costa de precarizar el servicio”. Recuerdan que el Parlamento aprobó una moción por unanimidad para hacer un estudio sobre el transporte sanitario para que pase a gestión directa. “Una vez tengamos ese estudio de viabilidad se confirmará que es rentable esa gestión directa de la Administración, como se ha hecho en otras regiones”.
A los representantes sindicales les preocupa la vinculación que quieren hacer en la negociación las patronales de cualquier mejora que se logre a una adenda que le dé la administración, porque ya ha finalizado el contrato público, también las prórrogas y ahora los 9 meses que les permite la ley de contratos públicos por ser un servicio esencial. “No podemos condicionar ninguna mejora laboral ni salarial del convenio a una adenda para poder materializar los acuerdos en 2026, pues lo harían cuando empezaran a prestar el servicio las nuevas empresas adjudicatarias. Estamos hablando de que nos pondría en un horizonte de finales de 2027 e inicios del 2028. No podemos esperar, necesitamos una actualización urgente de salarios, de jornada y de condiciones laborales”.
Como ejemplo, no disfrutan los 14 festivos que legalmente corresponden, las empresas alegan que no están recogidas en el convenio y ni los compensan ni los pagan.
En el transporte sanitario, “los trabajadores estamos siendo maltratados por estas empresas que están bloqueando y secuestrando la negociación del convenio”, recalcan los sindicatos. “Siempre lo han hecho así, negocian el convenio a razón de que la administración les aumente el dinero a través de addendas o de nueva adjudicación”.
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, amenazó en el Parlamento de que si no se llegaba a un entendimiento, sacaría un concurso con el precio de la media nacional, eso conllevaría precios no acordes con Canarias, una situación que los sindicatos creen que “será dañina para los trabajadores y conllevará a más precariedad en el sector si el servicio es incorrectamente tasado”.
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