Ha pasado más de un mes desde las movilizaciones ciudadanas del 20-A y, desde entonces, las formaciones políticas se han sumergido en estudios y debates para intentar dibujar una hoja de ruta que implique un cambio radical en temas como el modelo turístico, el alquiler vacacional o el control demográfico en Canarias, cuya población ha aumentado en más de 431.000 personas en los últimos 20 años, en especial, por la llegada de nuevos residentes. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y diputado del grupo nacionalista (CC-NC), José Manuel Bermúdez, ha sido una de las voces activas en el Parlamento autonómico al respecto, donde ha defendido varias iniciativas con el objetivo de paliar la actual crisis poblacional y habitacional.
-Canarias tiene temas importantes a los que dar respuesta urgente, como el crecimiento demográfico o el actual modelo turístico. ¿Ha sido la presión ciudadana la que ha motivado que se empiecen a buscar soluciones?
“Existe ahora un gran debate en la población derivado de que Canarias ha crecido en los últimos 20 años en más de 431.000 habitantes. Además, la proyección que da el Instituto Nacional de Estadística (INE) es que para los próximos 15 años serán 350.000 personas más, derivado del ritmo que llevamos, pues solo en el último año han aumentado en más de 23.000 personas los nuevos residentes en las Islas. Ante este hecho, la administración pública, nacional y canaria, no puede responder a las necesidades de infraestructura, sanidad o servicios sociales que los nuevos residentes y los actuales generan, lo que está motivando un hartazgo importante entre los que viven aquí y que se demuestra en esa sensación de masificación que existe. Los nuevos residentes vienen a vivir a un territorio limitado, como el nuestro, en el que ni podemos construir en espacios naturales protegidos, ni queremos hacerlo; ni en suelo rústico o en barrancos o laderas. Es cierto que esta presión poblacional no ocurre igual en todas las islas, sino básicamente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pero sí implica que España y Europa tienen que responder a las necesidades de todos los habitantes, los actuales y los que están por llegar. Si no es así, habrá que poner sobre la mesa la limitación de la llegada de nuevos residentes a Canarias porque la situación es insostenible”.
-¿Esta limitación sería una moratoria, en este caso, residencial?
“La mayor parte de los nuevos residentes que llegan a Canarias son de la Unión Europea, de Sudamérica y en menor número de África. Por ello, hay que empezar a poner sobre la mesa todas estas cuestiones para dar solución desde el Parlamento de Canarias, el Gobierno regional, el Gobierno de España y la Unión Europea. Aclaro que es una situación que nada tiene que ver con la procedencia ni con la religión de los que vengan de fuera, pues nosotros hemos sido también un pueblo inmigrante. Es una cuestión de sostenibilidad, pues no podemos seguir creciendo en Canarias en número de residentes al mismo ritmo que en los últimos 20 años, simplemente por supervivencia. La limitación de residencia podría ser temporal, una especie de moratoria, hasta que los datos de viviendas e infraestructuras necesarias en materia de movilidad sean sostenibles, que ahora mismo no lo son. Ni España ni Europa pueden abandonar a Canarias en el control de la residencia. Si creen que con receta de continente se van a resolver los problemas de un Archipiélago a 2.500 km de distancia, con un terreno absolutamente limitado, no vamos a poder resolver nuestros problemas. Esto lo tienen que ver los grandes partidos europeos y los grandes gobiernos. Creo que hemos claudicado a la hora de poder acudir a Europa a pedir un trato especial. Si lo tenemos como región ultraperiférica y se ha luchado por tantas otras especificidades que ahora tenemos, hay que volver a hacerlo por nuestro espacio”.
-¿Y cómo propone llevar a cabo la limitación de nuevos residentes?
“Europa ha ido incrementando a lo largo de los últimos 30 años el número de países que la integran y, por tanto, las posibilidades de que cualquiera de sus ciudadanos puedan venir a vivir aquí, cuando nuestro territorio sigue siendo el mismo. Por ello, hay que poner parámetros de sostenibilidad, que pasarían por la limitación de la residencia. El cómo se haga podría ser a través de una ley de residencia o con cargas fiscales o tributarias a los nuevos residentes, pero eso habrá que abordarlo junto a Europa, que lo que no puede hacer es mirar para otro lado, al igual que España. Además, siempre he pensado que Europa ha comprendido mejor a lo largo del tiempo las especificidades de Canarias que incluso el propio Gobierno nacional, por ello vamos a acudir ante la Unión Europea a plantear con datos lo que está ocurriendo y lo que está por venir. No hay más posibilidad que limitar la residencia, tanto de personas Europa, incluido el territorio español, como de oriundos de Sudamérica”.
-El actual crecimiento demográfico afecta a la limitación territorial, pero también al empleo.
“Efectivamente una gran parte de estas personas vienen a buscar trabajo aquí. Aunque se ha creado empleo en estos últimos 20 años, curiosamente la tasa de paro no desciende, algo lógico porque cada año llegan más personas y no se generan puestos laborales al ritmo necesario. Lo mismo ocurre con las listas de espera sanitarias. ¿Cómo se pueden reducir si cada año se suman 23.000 nuevos residentes más en las Islas? Es imposible y además un asunto crucial, quizás el más importante que tenemos ahora mismo en Canarias”.
-Esta situación ya se veía venir. ¿Por qué no se ha actuado antes?
“Tanto Europa como, sobre todo, el Gobierno de España, han mirado para otro lado. Mientras en Canarias, al ser territorio de la Unión Europea, hemos tenido que asumir las mismas normas para todos y, en este sentido, hemos sido muy optimistas a la hora de abordar estos problemas. Ahora, en estos momentos es la población la que nos está diciendo que hay que ponerle puertas a la entrada de nuevos residentes y es lo que vamos a hacer”.
-Para ello, usted ha defendido en el Parlamento iniciativas sobre el crecimiento poblacional relacionado con el modelo turístico.
“Sobre el modelo turístico se están diciendo muchas inexactitudes. La oferta alojativa hotelera en Canarias no ha crecido en los últimos 20 años debido a tres moratorias existentes, que significaron un parón en la construcción de hoteles. Sin embargo, la oferta alojativa sí ha crecido por el aumento exponencial del alquiler vacacional, que viene a suponer unas 57.000 camas legales, es decir, un tercio de toda la oferta actual. Un crecimiento que, además, no se ha concentrado sólo en las zonas turísticas sino que se ha expandido a todos los municipios y ha generado un problema que no teníamos y que podría ir a más si no lo regulamos. Algo en lo que el Gobierno ya trabaja. A esta situación se suma otra que ha afectado de manera ostensible a la ocupación de las zonas del litoral, que son las caravanas. Vehículos que se han incrementado por cifras de tres dígitos en cuanto a venta o alquiler en los últimos años y que ha generado un aluvión en zonas litorales, creando problemas como el de Abades. Por ello, se necesita su regulación ante el sentimiento de agobio que existe en la población”.
-A esta problemática se suma la de los espacios naturales. ¿Qué plantea?
“Se han propiciado acciones que tienen que ver con la regulación de los espacios naturales. En estos momentos estamos en un nivel de recepción de turistas de récord histórico, en cuanto a visitantes y ocupación. Pero, al turista le dijimos hace 20 años que saliera del hotel para que produjera gasto en la isla, contrarrestando el efecto del todo incluido, aunque esta situación ahora ha generado una gran presión en espacios naturales como Teno, Anaga o El Teide, donde se hace necesario limitar el acceso para proteger nuestras zonas. Habría dos maneras, por un lado el cobro de una tasa a los visitantes, al igual que se hace en toda Europa, o bien limitar el número de visitantes, como en Anaga, cuyas carreteras y espacios no están preparados para tanta gente. Por tanto habrá que cobrar y que limitar los accesos, pero intentado excluir de la tasa de pernoctación a los residentes, lo que hoy es inconstitucional. Hay que enfocar bien este tema para que no paguen los que vivimos aquí, sino los que vienen de fuera. Algo que no es fácil con las actuales leyes europeas y españolas”.
-¿La solución pasa por involucrar al Estado y a Europa?
“Lo primero es que exista un consenso entre las grandes fuerzas políticas y, en el caso de Canarias, hay que sentarse y pactar, porque si el Gobierno de España no está de acuerdo con tratarnos de manera diferente en el tema residencial podríamos tener un problema interno. Si conseguimos ese gran acuerdo será más fácil obtenerlo en Europa con el apoyo de los gobiernos de España y de Canarias. Creo que Coalición Canaria debe de abanderar este asunto y espero que el PP y el PSOE también lo hagan suyo”.
-Otro asunto es la ley de vivienda vacacional. Santa Cruz ha presentado alegaciones al anteproyecto. ¿Qué se persigue?
“En primer lugar ordenar, pues ahora mismo se necesita tener una ley que dé seguridad jurídica a los ayuntamientos y a los cabildos para poder inspeccionar y sancionar, además, de que haya criterios muy claros para los promotores de estas viviendas, tanto grandes tenedores como particulares. Lo que no podemos es pedir a la hoteles y apartamentos unos parámetros de calidad, y no al alquiler vacacional. Tiene que haber una norma para el ámbito exclusivamente residencial y ahí es donde se está trabajando, además de que se dote de fondos necesarios para que los ayuntamientos podamos hacer que la ley se cumpla”.
-¿Y qué ocurre con la venta de viviendas a extranjeros?
“Este es otro fenómeno que no tiene que ver con el vacacional, por lo menos directamente, pero sí con el crecimiento demográfico y el uso del alquiler vacacional. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, una de cada tres viviendas que se han vendido en los últimos once años ha sido a un extranjero, lo que está muy por encima de la media española, e incluso algunos años, hemos estado a la cabeza de toda España. En la provincia de Gran Canaria es casi un 21%, pero en Santa Cruz estamos muy por encima. Por tanto hay que limitar este asunto, bien con carga fiscal o en la manera de acceder a la compra de viviendas por parte de extranjeros. Es algo que se ha hecho en países de Europa, como Dinamarca, Finlandia o Malta y si ahí se ha permitido por qué no podemos hacerlo en un territorio ultraperiférico y limitado como el nuestro. Es algo que hay que lograr por una cuestión incluso de identidad y de control de nuestra tierra y del mantenimiento de una manera de vivir y de residir”.
-¿No es contradictorio limitar residentes y construir viviendas?
“En Canarias hemos llegado a construir hasta 30.000 viviendas más por año, pero en los últimos tiempos no llegamos a las 3.000. Si hay una emergencia habitacional es lógico que se necesite construir vivienda más rápido y para ello deberíamos utilizar procedimientos excepcionales, como en su momento se hizo con la pandemia. Si tenemos una emergencia habitacional y necesitamos incrementar el ritmo de construcción para sacar a concurso la redacción de proyectos y adjudicar las obras más rápido, habría que declarar la emergencia administrativa, lo que nos permitiría poder adjudicar al arquitecto a dedo para empezar a trabajar al día siguiente, con la supervisión y fiscalización necesaria. Se solventaría gran parte del problema para que haya nueva vivienda al ritmo que exige la demanda poblacional presente y futura”.
-Aún así, ya hay municipios que están pidiendo ser zonas tensionadas. ¿Podría ser la solución?
“Esta ley limita los alquileres y los precios bajo unos estándares. En Cataluña ha significado un encarecimiento de la vivienda más barata y la salida de pisos del mercado de alquiler, pero también una abaratamiento de las casas más caras. He encargado un informe para ver la posibilidad de declarar zona tensionada a Santa Cruz”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas