El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya ha puesto fecha a una de las decisiones más polémicas en el último año: la retirada o permanencia del monumento a Franco de su enclave en la avenida de Anaga de la capital tinerfeña. El próximo 23 de octubre, la Justicia emitirá su valoración tras analizar los recursos presentados para la conservación de la escultura como bien artístico, según adelantó a DIARIO DE AVISOS el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.
Hace un año, el TSJC decidió proteger cautelarmente el monumento a Franco al admitir un recurso presentado por la asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel en contra de la decisión del Cabildo de Tenerife de no declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) esta obra de Juan de Ávalos. Una medida, ratificada el pasado febrero por el Tribunal Supremo (TS), que ha mantenido intacta la escultura a pesar de que el catálogo de vestigios franquistas, aprobado por el anterior Gobierno de Canarias, y recientemente revocado por el actual Ejecutivo, recogía su supresión de la vía pública para dar cumplimiento a las leyes estatales y canaria de Memoria Histórica.
Al respecto, el regidor capitalino subrayó que “la ley dice que para quitar cualquier vestigio franquista, éste tiene que estar ordenado en un catálogo de índole regional, es decir, que sin un listado publicado por el Gobierno de Canarias, como alcalde de la ciudad no puedo hacer nada aunque quisiera, pues así lo ha ratificado el TSJC en su auto. Por tanto, hasta que el tribunal no emita su valoración, el monumento no se toca”. Un blindaje que también aseguró mantendrá para los leones del puente Serrador, los cuales forman parte del catálogo de protección del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Bermúdez recordó que, además, “la ley de Memoria Histórica permite mantener y resignificar cualquier vestigio si está protegido, por tanto el TSJC decidirá el próximo octubre si existen elementos susceptibles para ello. Esperaremos al fallo judicial para ver qué hacemos, porque si tan fácil es para el Partido Socialista retirar este monumento, entonces invito al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a que lo haga y firme una resolución conforme a derecho”, alegó el alcalde.
Debate político
Asimismo, puntualizó que “Patricia Hernández, en los 14 meses que fue alcaldesa de la ciudad, tampoco hizo nada al respecto. Si tan fácil era pudo enviar una grúa y quitar el monumento, pero durante su tiempo en el Ayuntamiento jamás tuvo esa iniciativa. Por tanto, me llama la atención cuando se intentan hablar de temas complejos con soluciones facilongas. Como alcalde voy a cumplir la ley, pero tal y como está escrita”.
Un monumento al dictador que sigue focalizando el debate político y judicial, el cual se ha agudizado en las últimas semanas tras la revocación del catálogo de símbolos franquistas por parte del Gobierno autonómico. Un listado que, tras recibir cuatro denuncias ante el TSJC, una del Ayuntamiento y otras de diferentes asociaciones, por considerar que centraba la atención sólo en el municipio chicharrero, sigue enfrentado opiniones entorno a la Memoria Histórica, a pesar de que el presidente regional, Fernando Clavijo, ya ha anunciado que se elaborará un nuevo listado de vestigios “único” para Canarias.
Al respecto, Bermúdez reiteró que “el anterior Gobierno socialista, al frente de Ángel Víctor Torres, hizo las cosas mal y aprobó un catálogo que está siendo ampliamente cuestionado por los tribunales, con autos que solo al leerlos dan un buen tortazo a la política de atajos que quiso realizar ese ejecutivo”.
Así, destacó que “nos opusimos a este listado, en primer lugar, porque ponía el foco sólo en Santa Cruz, lo que incumple la ley, y por otra parte porque este catálogo debió de consensuarse previamente con Cabildo, Ayuntamiento y otras asociaciones de investigación de la historia de la ciudad. No se obró de manera adecuada”.
En este sentido, el regidor afirmó que su voluntad es “cumplir la ley de Memoria Histórica y, de hecho, en algunos aspectos que eran evidentes ya lo hemos hecho, como al nombrar Hijo Predilecto a José Carlos Schwartz, el último alcalde republicano que fue asesinado en 1936; retirar el escudo franquista del colegio Miguel Pintor; o renombrar algunas calles, como la de Comandante Sánchez Pinto por Miguel Cabrera Camacho, pues no tenían por qué llevar nombres de personas que o bien participaron firmando sentencias de muerte o por méritos que, desde mi punto de vista, no fueron tales”.
Bermúdez añadió que el problema radica en que “estamos hablando de otras cosas incluidas en el catálogo a las que no le veo sentido. Así, cuestionó “por qué tenemos que quitar los leones al puente Serrador que, además, son idénticos a los del Congreso, cuando forman parte de una infraestructura incluida en el catálogo de protección del Ayuntamiento. No los voy a quitar ni aunque el catálogo lo ordene, porque lo está ordenando mal”.
El alcalde de Santa Cruz apuntó que “no se pueden eliminar elementos a un bien cultural protegido y, por tanto, creo que hay muchos aspectos que se tienen que volver a estudiar y poner sobre la mesa, pues el catálogo también pide, entre más cosas, quitarle el nombre a la glorieta Arquitecto Marrero Regalado, que se denominó así por ser el creador del mercado Nuestra Señora de África, el Cabildo insular o la Basílica de de Candelaria”.
“El PSOE no fijó una estrategia parlamentaria sobre quién financia la ley”
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, habla claro sobre la actual polémica entorno a las leyes de Memoria Histórica, tanto la nacional como la canaria, y se cuestiona “por qué el anterior Gobierno de Canarias, al frente del PSOE, no llevó al Parlamento regional una estrategia para determinar quién financiaría todo esto a lo que la ley obliga a los ayuntamientos. Si no lo hizo, simplemente es porque no quiso”.
El regidor afirma que “todo el problema viene arrastrado porque se han hecho muchas cosas mal y no se han llevado a cabo como se tenían que hacer en su momento. Esto es lo que la Justicia ha detectado y por lo que ha decidido suspender temporalmente determinadas actuaciones recogidas en el catálogo de vestigios franquistas”.
Un listado, también revocado por el Gobierno de Canarias, y al que formaciones políticas como Podemos ha anunciado que presentará alegaciones al procedimiento de derogación.
Podemos insta al Ejecutivo al cumplimiento de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En concreto, al de las obligaciones recogidas en los artículos 12, 16 y 17 de la norma , referidos al propio catálogo y a la inclusión de contenidos específicos en los currículums educativos, entre otros aspectos.
Manuel González, secretario de Organización de la formación, señala que resulta “indigno e indecente que siga en las calles de la capital el monumento a un dictador genocida que causó terror en nuestro país durante 40 años” e insta al Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias a aplicar la ley de Memoria de manera inmediata.
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