El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, inició actuaciones de oficio con las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para recabar información sobre los retrasos en la valoración de personas con discapacidad, después de que el número de quejas ciudadanas se haya triplicado en los últimos cinco años por demoras de tres años o más en algunas regiones, como es el caso de Canarias.
En concreto, el Defensor del Pueblo ha solicitado el número de expedientes de reconocimiento o de revisión pendientes de resolver antes y después de la entrada en vigor de la nueva regulación, el Real Decreto 888/2022, que establece un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes de reconocimiento o revisión de la discapacidad.
También ha pedido información sobre los medios materiales y humanos con los que se cuenta para realizar esta labor, así como sobre las posibles medidas de choque implementadas o previstas, según señaló ayer el Defensor del Pueblo.
También solicitó los últimos datos sobre el plazo para la valoración, la resolución de los expedientes, y las medidas de coordinación establecidas, en cada consejería o departamento, con los servicios encargados de la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez.
Los expedientes de oficio ahora iniciados se unen a la actuación, también de oficio, abierta con el Principado de Asturias a finales de 2023, según recuerda el Defensor del Pueblo.
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