El grupo socialista en el Cabildo de Tenerife presentará una pregunta en la comisión plenaria del próximo jueves sobre el “lamentable” estado de conservación del Auditorio y la ampliación de plazos, por parte del actual gobierno insular (CC-PP), para el arquitecto Santiago Calatrava, quien diseñó la obra.
El PSOE se ha echo eco de la información adelantada por DIARIO DE AVISOS sobre el estado de esta infraestructura capitalina, de la que ha constatado que no se ha adoptado ninguna iniciativa al respecto desde el cambio de gobierno. En este sentido, recuerda que bajo la presidencia de Pedro Martín y tras numerosas reuniones debido a la falta de acuerdo entre las diferentes partes, el Consejo de Gobierno acordó en mayo de 2022 exigir al arquitecto la redacción del proyecto de reparación de todos los vicios ocultos, que los técnicos cifraban en unos 24 millones de euros, sumando los costes de las obras y el lucro cesante del Auditorio durante al menos un año.
En aquel momento, señalan los socialistas, se le dieron a Calatrava diecinueve meses para proceder a realizar los estudios necesarios y redactar el proyecto, desde la notificación del acuerdo. Como esta se produjo en junio de 2022, el arquitecto tenía hasta enero de 2024 para presentarlo. Sin embargo, cuando se produjo el cambio de gobierno se dio un nuevo plazo.
El PSOE asegura que, en Consejo de Gobierno celebrado en noviembre de 2023, el grupo que preside Rosa Dávila concedió un año más a contar desde la notificación, alargando de esta manera el procedimiento y elevando aún más los costes de la reparación por la subida de los precios.
Los socialistas muestran su “extrañeza” ante el hecho de que Dávila haya asegurado que el asunto se encuentra judicializado, cuando se han ido adoptando diferentes decisiones de carácter técnico y político desde 2018 e indican que, cuando Martín accedió a la presidencia insular, se encontró con el Auditorio en un caso judicializado y un estado técnico “lamentable”.
Los movimientos realizados fueron técnicos, restringiendo la actividad junto al edificio y colocando sistemas de seguimiento del mosaico exterior, denominado trencadís. A instancia judicial, en noviembre de 2019 las partes tenían que ponerse de acuerdo sobre los trabajos a realizar, pero al no haber consenso, el Consejo de Gobierno decidió, en 2022, ejecutar un acuerdo previo del Cabildo, de 2018, por el que se exigía a Calatrava la reparación a su costa, la cual recurrió pero la jueza dio la razón a la corporación en 2022.
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