Las analíticas realizadas por el Consejo Insular de Aguas (Ciatf) y la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias reflejan que el control y los vertidos del emisario submarino de Punta Brava no dan contaminación biológica y por lo tanto, es necesario investigar sobre el origen de la calidad deficiente del agua que ha conllevado a establecer la abstención al baño en todo el Complejo de Playa Jardín desde el pasado miércoles, con las consecuencias que ello tiene para el destino Puerto de la Cruz.
Esta decisión se adoptó tras el informe realizado por la Dirección General de Salud Pública conforme al Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de la Comunidad Autónoma de Canarias, que confirma una calidad del agua insuficiente debido a la contaminación fecal y recomienda no bañarse en la zona, una advertencia a la que muchas personas han hecho caso omiso pese a los carteles instalados en la playa.
El pasado sábado este periódico publicó la denuncia de un vecino de Punta Brava quien aseguraba que desde hace dos años se producen “unos vertidos incontrolados por la rotura de una tubería que conecta con el emisario”, que afectaba a todo el litoral.
Desde hace dos años el emisario sufre una rotura que a día de hoy no ha sido reparada. Debido a ello, “está clorando de forma permanente” y desde el Ciatf se realiza un seguimiento y controles periódicos en seis puntos diferentes del emisario “por parte de una empresa autorizada e independiente, como en cualquier organismo, y el resultado es que las aguas están en perfecto estado para poder verter. Por lo tanto, se descarta que el proceso de contaminación venga del emisario”, insiste la consejera insular de Medio Ambiente, Blanca Pérez.
No obstante, el Cabildo de Tenerife “está pendiente de la autorización de la Dirección General de Costas para poder ejecutar las obras de reforma integral de esta infraestructura, cuya inversión asciende a dos millones de euros, y apenas se reciba, se procederá a actuar”.
Además, añade, también se hará una reparación de urgencia en la rotura que tiene y de manera inmediata se sacará la ampliación de la depuradora comarcal que ha quedado obsoleta.
Consultada acerca de la demora del citado departamento para otorgar el permiso, Perez responde que se debía “a temas urbanísticos que se tenían que aclarar con el Ayuntamiento” y que al parecer, ya están solventados. Así, una vez que se confirme, el Ciatf comenzará las obras.
“En cualquier caso, es evidente que la playa está pasando por un proceso de contaminación desde 2016, según Salud Pública, y eso obliga e mejorar todas las infraestructuras, incluidas las del saneamiento local”, declara. En este sentido, asegura que en la reunión celebrada el martes pasado entre los responsables de las distintas administraciones, a la que también asistieron el director general de Salud Pública José Fernando Díaz-Flores; el gerente del Consejo Insular de Aguas Javier Davara; y el alcalde, Marco González; se le trasladó a este último la necesidad de revisar todo el saneamiento para descubrir la posible procedencia de la contaminación. “Incluso puede haber vertidos controlados que no están detectados”, asegura.
Lo mismo trasladó el viernes a DIARIO DE AVISOS la concejal de Bienestar Comunitario, Gestión de Servicios Públicos y Actividad Industrial, Flora Perera, al ser consultada sobre este asunto. “El problema actual es que no se sabe cuál es la causa del vertido ya que según la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias la merma de la calidad del agua es un problema que ha ido creciendo en el tiempo y puede responder a una multiplicidad de causas”.
El director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, también confirma que las analíticas que se recogen mensualmente de los vertidos legales “dan todas satisfactorias y a día de hoy el Gobierno de Canarias no tiene ninguna evidencia que en la zona haya contaminación biológica”. Según el último informe realizado en abril de 2024, “lo que sí hay es sobrecarga de materia orgánica sobre la que se ha solicitado que se actúe y la propuesta que ha hecho el Cabildo de Tenerife es hacer una acción para modificar la estación depuradora”.
Otra cosa son los vertidos ilegales por los aliviaderos que, según Montañés, son cuatro o cinco y la competencia sobre su control y funcionamiento es del Ayuntamiento. “Autorizado y construido solo está el emisario de la EDAR de Punta Brava, del colector del Valle de La Orotava”.
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