El anterior Diputado del Común, Rafael Yanes, abanderó en su mandato las tareas de fiscalización a un Gobierno de Canarias que es incapaz de cumplir con la legislación para garantizar los derechos de las personas más vulnerables de las islas, por ejemplo, incumpliendo los plazos para resolver los expedientes de ayudas a la Dependencia, el grado de Discapacidad o la Renta Canaria de Ciudadanía. Por supuesto que se han dado pasos adelante en su mejora pero siguen siendo insuficientes. Según el informe de los expertos del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan) sobre los Presupuestos de Canarias 2024 desde una perspectiva social”, las Islas son la segunda Comunidad más desigual de todo el territorio nacional, la que menos invierte en políticas de protección y atención social de todo el Estado con 254 euros por habitante, la antepenúltima con los salarios más bajos y la penúltima con peor calidad de vida. Es la quinta región por la cola en gasto sanitario por habitante o la tercera con mayor incidencia de enfermedades mentales. La directora de Odesocan, Emma Colao, valora que tantos problemas y frentes abiertos se deben a la “infrafinanciación” y que estamos utilizando siempre los “mismos modelos fallidos esperando nuevos resultados”.
-¿Por qué nació Odesocan?
“Nacimos para vigilar que las instituciones públicas cumplan con sus deberes en materia social, fiscalizando, evaluando, analizando y defendiendo los derechos sociales de la ciudadanía. Eso lo hacemos teniendo en cuenta que somos un órgano independiente y autofinanciado en su estructura lo que nos permite auditar la gestión pública desde la objetividad y la imparcialidad, además de intentar proponer y colaborar con las administraciones, agentes sociales y cualquier órgano de carácter público o privado para la defensa y garantía de los derechos sociales. Además, elaboramos informes y análisis para realizar propuestas”.
-Estamos a la cola en diversos indicativos y el 33% de población está en riesgo de pobreza o exclusión social ¿Cómo luchamos contra esta vulnerabilidad?
“Hay una gran necesidad en la población de que se le informe sobre sus derechos, por un lado para poder ejecutarlos y así poder beneficiarse. Hay muy poco conocimiento en la población y la información que hay por parte de la Administración no es accesible, parece que está escrita en latín, la gente no lo puede entenderla. Por otro lado, en nuestro objetivo de vigilar y fiscalizar a las instituciones públicas para que cumplan con sus deberes en materia social queremos poder actuar de oficio si observamos vulneraciones de los derechos sociales”.
-¿Los informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señalan una mejora de ratios en dependencia y discapacidad, pero los incumplimientos de los plazos son graves. ¿Por qué no se están rebajando más?
“Tenemos dos cuestiones, una es que bajen las ratios y otra cosa es la resolución del problema para el ciudadano. El problema no se solventa cuando bajan o suben las ratios, el problema se resuelve cuando el derecho le llega de manera efectiva a la gente y no está siendo el caso. El que bajen o suban las ratios puede deberse por muchos motivos: porque en ese momento hay un poco más de personal, en este momento no se han abierto todos los expedientes y solo se calcula la ratio entre los expedientes en marcha; porque ha fallecido el usuario durante la demora de los plazos; porque hay gente que no solicita el derecho y muchos motivos. Para cubrir los derechos de los ciudadanos y cumplir los plazos legales debemos dotar la estructura no solo de personal sino también de financiación. Canarias es la penúltima región que menos invierte en políticas de protección y atención social de todo el Estado con 254 euros por habitante”.
-En las últimas dos legislaturas se está inyectando fondos a Bienestar Social, pero siguen los problemas en los procedimientos, el aplicativo informático… solo falta que echen la culpa al ciudadano por reclamar
“En ninguna circunstancia de las que se plantean el usuario tiene la responsabilidad de que no se le esté prestando el derecho. La realidad está en la estructura, tenemos unos procedimientos que se comen el derecho de la gente. La gente no puede encontrarse con un muro para tener sus derechos. Hay que flexibilizar y hacer más directa la atención a una persona en situación de dependencia y a las personas que cuidan. Odesocan en colaboración con Acufade propusimos en su momento a la Consejería de Bienestar Social una propuesta de decreto para simplificar el proceso de solicitud de dependencia. El decreto que denominamos de 600 a 60 propone simplificar el procedimiento y así reducir a dos meses todo el proceso, de una manera más descentralizada, con menos burocracia y con coherencia, teniendo en cuenta la realidad, poniendo el foco en la red de Centros de Salud que compone el Archipiélago. El problema está en cómo agilizamos la situación de la dependencia. Por otra parte, no podemos esperar que con la financiación que actualmente aporta el Gobierno de Canarias a las políticas sociales se solucione la dependencia”.
-También hay graves problemas en discapacidad, Renta Canaria de Ciudadanía, Ingreso Mínimo Vital, que no llegan a los que más lo necesitan…
“Efectivamente, de hecho se encuentra en peor situación a día de hoy la resolución de la discapacidad que la dependencia, y todo esto es continuo. También tenemos un gran problema con los usuarios de las pensiones no contributivas, tenemos problemas en la Renta Canaria de Ciudadanía y si vamos al Ingreso Mínimo Vital que, pese a que no es competencia del Gobierno de Canarias, tenemos un problema serio. Estas prestaciones no están llegando a todas las personas que tienen derecho a recibirlas. Muchas veces los usuarios sufren trabas durante el tramite. Si nuestra gente acude a estas prestaciones es esperando poder resolver problemas muy graves. Consideramos que no tienen la suficiente información sobre los requisitos y también los servicios sociales municipales están colapsadas. Además, se enfrentan a un proceso de solicitud complejo y no hay líneas de asesoramiento suficientes. Ademas muchas personas desconocen cómo comunicarse con la administración, por niveles de estudios bajos, escasas competencias digitales o no tienen internet. Hay muchos usuarios que necesitan avisar de que han cambiado su situación y no pueden notificarlo, no les cogen el teléfono, las citas están colapsadas, en definitiva, un aparato administrativo que no funciona, y esto genera que luego se les pida devoluciones de cuantías que no pueden asumir al estar en situaciones precarias y sin ser culpables. Consideramos que tenemos tantos frentes abiertos y problemas en Canarias porque hay infrafinanciación y porque estamos utilizando siempre los mismos modelos fallidos esperando nuevos resultados”.
-Otro fracaso estrepitoso ha sido el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, y ahora se aborda desinstitucionalizar a los usuarios. ¿Es un parche interesado ante esta ineptitud?
“No se han cumplido durante los años anteriores el objetivo de contar con 5.000 nuevas plazas residenciales públicas y centros de día y ahora estamos viendo las consecuencias que siempre van a ser mucho más difíciles de resolver. La realidad es que vamos a tener que empezar a dotar de más personal los servicios a domicilio, pero para eso también habrá que ampliar la cartera de formaciones y ahí entra la Consejería de Educación donde tendremos que ampliar la cartera de Formación Profesional para que puedan formarse y tener así la cantidad de profesionales que necesitamos a día de hoy para poder dar esos servicios. Sobra decir que invertir en Educación, en Políticas Sociales, en Empleo que son precisamente las partidas que en el presupuesto para 2024 se ven afectadas”.
-En Canarias hay ciudadanos de segunda, aquellos que teniendo concedida la ayuda o servicio no los están recibiendo en algunos casos por no tenerlo en su comarca o en su isla.
“Esa es otra de las cuestiones que trasladamos a la Administración. Hay que abordar la descentralización de las gestiones y los derechos, no se pueden centralizar los derechos y que la gente tenga que acudir a la capital para hacerlos efectivos, debemos desplegar los recursos y que lleguen a todos los puntos. En relación a la gestión de los centros residenciales, centros de día y servicios especializados públicos de dependencia no se están llevando a cabo y cuando se llevan a cabo muchas veces son precarias, y esto hay que resolverlo. Hay que abordar una urgente planificación, ya que en los próximos años se van a incrementar notablemente el número de personas mayores que necesitarán recursos, servicios y atención por su grado dependencia, discapacidad, problemas de salud…, por tanto, necesitamos más cuidadoras”.
-¿Están bien pagados las cuidadoras o siguen siendo la esclavitud del siglo XXI?
“En primer lugar aquí tenemos tres perfiles. Las cuidadoras familiares no están remuneradas. La prestación se da a las personas dependientes para pagar los gastos del cuidado, no se da a la cuidadora familiar. Ni en las leyes de Dependencia, ni en la de Servicios Sociales ni en ninguna otra normativa se dice que la cuidadora familiar tiene derecho a una prestación por esa labor. Por otro lado, las cuidadoras profesionales se encuentran remuneradas, habitualmente de forma precaria, como en la mayoría de los casos, porque si depende de una unidad familiar dependerá de su poder económico para contratarla de manera legal. Mientras que las que dependen de una empresa pues evidentemente tendrán un salario bastante reducido, un círculo vicioso continuo. Por tanto, efectivamente, los cuidados son una forma de esclavitud, y el problema está en que pueden ser perfectamente un modelo económico de los cuidados, para ello hay que reorganizar los recursos ante las grandes necesidades en cuidados sanitarios y sociosanitarios profesionales, y tenemos que invertir en esos cuidados y en la formación”.
-La Sanidad se ha convertido en la salvación de muchos ciudadanos de canarias
“El 36% del presupuesto de la Comunidad se destina a Sanidad, y debería ser una buena noticia para ayudar a facilitar la atención. Sin embargo, creemos que no se mejora la calidad de las atenciones sanitarias porque cuando se empeora la calidad de las atenciones en políticas sociales la gente acaba en Sanidad. La Sanidad se está convirtiendo en el dique de contención de las Políticas Sociales fallidas. Cuando una persona no tiene vivienda y está en riesgo de caer al sinhogarismo termina acudiendo al Centro de Salud con un trastorno ligado a la salud mental. Cuando una persona no encuentra empleo y está en una situación de precariedad acudirá a la sanidad al perder salud, cuando a un usuario no se le reconoce el derecho a la dependencia acabará acudiendo a la sanidad. Hay muchas cuestiones a mejorar en Sanidad y necesitará inversión, por ejemplo en la prevención en Salud Mental, donde Canarias es la tercera Comunidad en el consumo de ansiolíticos y la cuarta en antidepresivos. Otros usuarios de Servicios Sociales que afectan a Sanidad son aquellos sociosanitarios que ocupan camas hospitalarias por no tener una plaza en una residencia dicen que son abandonados, pero hay que ponerse en la piel de una familia que puede no tener la capacidad económica, logística o personal para atender los cuidados de un dependiente de grado 3. Entonces vemos cómo se va retroalimentando todo, es decir, terminan acudiendo a Sanidad”.
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