Francisco González, que tiene a su madre de 87 años internada en la Residencia de la Tercera Edad Acorán, en Santa Cruz de Tenerife, ha querido denunciar públicamente, tanto en su nombre como en el de otras familias de usuarios, lo que considera unas “inhumanas restricciones” que impone la empresa que gestiona el centro para visitar a sus progenitores.
Una vez finalizada la pandemia del coronavirus, la empresa ha impuesto a las familias de los 40 usuarios con los que cuenta el centro dos días de visita a la jornada, con una duración de 45 minutos cada día, es decir una hora y media a la semana. Fuera de esos días y horarios estipulados, si desean visitarlos, deben abandonar con ellos las instalaciones y salir a la calle, cuando el centro dispone de diversos espacios, terrazas y jardines acondicionados para el uso y bienestar de los usuarios y sus familiares.
Asimismo, González lamenta que sólo pueden acceder al centro dos familiares por usuario, por lo que si hay más adultos o niños, deben permanecer fuera y esperar que uno o los dos salgan para intercambiarse.
Francisco González señala que su madre, en silla de ruedas porque tiene apenas movilidad, lleva 22 años en el centro y “he visto un retroceso en la gestión y atención que se presta en la residencia”. Antes solía acudir a visitarla casi todos los días, y no ponían impedimentos en la duración de la visita, “lamentablemente ahora sí lo hacen”. Además, anteriormente “podía estar y bajar con ella al dormitorio para acostarla o en muchas ocasiones durante las comidas”. Todo eso quedó atrás con la pandemia de la COVID-19, ahora el centro “prohíbe que los familiares podamos estar en el interior del edificio, y hace años que no bajo a su dormitorio, no puedo controlar las condiciones de limpieza en las que se encuentra, la ropa de su armario, observar si tiene alguna llaga en la piel, si está bien atendida… Pensaba que estas restricciones de dos días y 45 minutos cada día, serían temporales, pero ya llevamos cuatro años así”, lamentó.
Reconoce que varias familias de usuarios, por lo menos desde 2020, “no han tenido la oportunidad de ver la residencia, sino por fotos, porque no les han dejado entrar”. “Se supone que pagamos una residencia privada para que nuestros familiares estén en las mejores condiciones posibles y tengan una buena calidad en la asistencia”.
Visita no estipulada
Francisco González denuncia que, si las familias acuden a visitar a sus seres queridos fuera de esos dos días y horario estipulado, “no nos dejan permanecer dentro de las instalaciones de la residencia y nos obligan a salir a la calle”, cuando el centro cuenta con terrazas y jardines: “Tengo que estar con mi madre fuera, a la intemperie, atenderla en la calle, sentarme en la acera o en una silla de playa y así llevarle una infusión o agua para beber, darle algo de comer y aplicarle crema hidratante”.
La Residencia de la Tercera Edad Acorán dispone de varias terrazas y patios abiertos y cerrados, así como jardines interiores y exteriores habilitados y acondicionados para pasear o estar con usuarios con dependencia física y motora. “¿Entonces no entendemos por qué nos obligan a salir fuera?”, se cuestionan.
Fuera de ese cuadrante prefijado, tanto para iniciar como para concluir la visita, hay que llamar al timbre de la puerta donde deberán esperar hasta que una auxiliar les acerque a su madre en la silla de ruedas porque no los dejan entrar al interior del centro y al volver y entrar repetir el mismo proceso.
Francisco y su familia afirman sentirse “impotentes” por una situación que califican de “terrible”, porque su madre “necesita cuidados y que la familia pueda verla cuando quiera”. Ahora, fuera de ese horario, se la tienen que llevar a la calle, frente a la casa de algún vecino, porque no hay bancos donde sentarse, y el parque más cercano está algo lejos y hay una gran pendiente. Tampoco hay un bar o cafetería donde llevarla. “No entendemos por qué no nos dejan utilizar el jardín, es grande y no molestaríamos”. “No somos delincuentes para que nos traten así”.
Aseo y lavandería
La familia González también denuncia que la empresa gestora de la residencia ya no cubre los productos de aseo e higiene de los usuarios y obliga a las familias a traer champú, gel, colonia, toallitas y otros productos de aseo.
Además estiman que la plantilla de auxiliares pueden ser “entre 10 o 12, más no tienen, y algunas mañanas nos dicen que hay solo tres para atender a 40 usuarios”, además de las dos encargadas en administración. “Las auxiliares además de estar con las usuarias, se ocupan del teléfono, ayudan en la cocina y hacen otras tareas”.
Asimismo se quejan del mal funcionamiento de la lavandería del centro. “No han tenido cuidado y han manchado en ocasiones la ropa de mi madre, además le compramos prendas y no se las vemos puestas, no aparecen los dos últimos pantalones nuevos y, cuando les mostramos las fotos, no saben dónde están, y en ocasiones la visten con alguna prenda de otra usuaria. Como la gestión de la ropa funciona fatal, hemos decidido llevarla a casa y lavarla nosotros”, recalcó.
Actualmente, la madre de Francisco es la usuaria más antigua de esta residencia, así que su familia ha comprobado la evolución del centro. “Empezó con el propietario original y el centro ha pasado por otros dos más. La tercera empresa gestora, que la lleva actualmente, considero que es la peor”, manifestó. “Yo no digo que traten mal a los usuarios, pero estamos viendo que la calidad de los servicios no es como antes, se está ahorrando dinero y se ha convertido en un negocio puro y duro”.
Reiteró que “queremos ver a mi madre no solo dos días a la semana. No está internada en un centro penitenciario y hay mas más libertad de visitas en los hospitales”. “Parece que les incomoda que entren los familiares, esto nos genera dudas porque quizás hay cosas que no estén funcionando bien, puede ser que las comidas sean de menor calidad, que no haya tanto personal ….”, concluyó.
No hay normativa que obligue o regule los días y períodos de visita
El DIARIO DE AVISOS se puso en contacto con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para conocer su postura en relación a esta reclamación. Desde el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS), se señala que “no hay una normativa específica que obligue o regule” los días y períodos de visita en los Centros sociosanitarios y de Día, que será criterio de la dirección que gestiona el centro. Por su parte, la Consejería de Bienestar Social, que tiene la competencia sobre el registro y la inspección de calidad de los centros, manifestó que las medidas de restricción aplicadas “se levantaron una vez finalizada la COVID”. Una medida restrictiva como esa “no es lo habitual”.
“No se puede tratar de esa manera a los mayores y a sus familias”
Francisco González coincide en sus días de visita con otros familiares de usuarios de la Residencia de la Tercera Edad Acorán con los que habla en ocasiones de esta problemática y la calidad de los servicios que ofrece este centro de Santa Cruz de Tenerife, pero “aunque reconocen que hay cosas que no les gustan y que podrían mejorarse, la mayoría no quieren dar la cara ante la dirección” para reclamar estas situaciones que les desagradan.
La familia de esta usuaria de 87 años, que lleva más de 20 años ingresada en el centro, señala que “entendemos que con la escasez de plazas residenciales en Tenerife, les han puesto estas condiciones de visita de dos días y 90 minutos a la semana, y las han aceptado”, cuando conocen otros centros que tienen unos horarios mucho más flexibles.
La familia reitera que “es lamentable que nos obliguen a estar con tu familiar en la calle, a la vista de los vecinos o la gente que pase con su coche, cuando la residencia dispone de terrazas y jardines amplios, donde se puede realizar la visita sin molestar a nadie y en privacidad”, reclamo. “No se puede tratar a las personas mayores y a sus familias de esa manera, esas no son formas”, insistió.
Tampoco es fácil poder hablar con los responsables de la gestión del centro, “yo en 22 años he visto solo 10 veces a la directora”, además de ser “esquiva para atender a las familias y rápidamente las deriva a una encargada”, reconoció.
Colao: “Las familias tienen que callar ante la dificultad de lograr la plaza”
La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colao, asegura que ésta es una problemática habitual en varios centros. Una orden de 2022 del Gobierno de Canarias ponía fin a las medidas restrictivas implantadas para salvaguardar la salud de los residentes debido a la pandemia pero muchos centros han mantenido un blindaje que “genera dudas de lo que está pasando dentro” quizás “para evitar que se vean las deficiencias”.
Colao recuerda que las familias desconocen cómo funciona una residencia, cuál es la ratio de profesionales que debe tener, etc, “pero con su visita garantiza al menos que su familiar esté bien atendido, es una manera fiscalizar lo que ocurre”. Sin embargo, “hay algunos centros que continúan imponiendo restricciones en las visitas. En la mayoría de los casos se incumple la ratio de profesionales para atender a los usuarios, o hay un problema de higiene y salud, o fallan en las infraestructuras”.
Sobre la imposición de salir fuera del centro cuando se visita en un día u horario no designado, afirmó que “las familias están pagando un buen dinero por esa plaza y para el uso y disfrute de todos los espacios habilitados y adaptados con los que cuenta el centro”. Además, se cuestionó “¿Por qué tienen que comprar los productos de higiene o lavar la ropa?, esos son indicadores de que las cosas quizás no vayan bien”.
Las familias “tienen que callar ante la dificultad de lograr una plaza sociosanitaria. El miedo a perderla es brutal, porque muchas veces no pueden, no saben o no tienen recursos para atender a sus mayores que requieren cuidados profesionales”.
El Defensor del Pueblo pide a los centros “respetar la autonomía de los usuarios” y eliminar prácticas y restricciones de derechos
El Defensor del Pueblo incluyó en su último informe anual un apartado dedicado a las residencias y la atención que se presta, esperando que las Comunidades realicen un cambio hacia un nuevo modelo de atención “más centrado en las personas, su autonomía personal y sus derechos fundamentales”. Pide a los centros “respetar al máximo la autonomía de los usuarios, y eliminar todas aquellas prácticas que puedan derivar en restricciones de los derechos fundamentales o el indeseable proceso de institucionalización”.
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