Según ha podido confirmar DIARIO DE AVISOS, un importante inversor británico ha otorgado el pasado viernes, en una notaría de Santa Cruz de Tenerife, un poder especial para interponer una querella criminal contra el mayor accionista del Club Deportivo Tenerife, José Miguel Garrido, por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público y estafa, en relación a una operación de compraventa del 10 por ciento del accionariado del Club Deportivo Tenerife hace un año. Una venta de la que el mayor accionista de la entidad no ha dado cuenta en su totalidad ni al Consejo de Administración ni a los socios del club que conforman el pacto sindicado que permite la gobernanza del representativo tinerfeño en la Liga española de futbol.
Esta transacción habría tenido lugar el mes de agosto de 2023 a través de un documento contractual entre Garrido y el referido inversor inglés, por un importe total de 3,5 millones de euros, de los que el accionista que cuenta con la mayoría en el CD Tenerife percibió, en concepto de adelanto, la cantidad de un millón de euros. Esta transacción se llevó a cabo teniendo como base la constitución de una garantía pignoraticia especial por parte de José Miguel Garrido, vinculada a su paquete de acciones.
Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, el inversor ha contrastado fehacientemente que la supuesta garantía notarial, emitida y aparentemente protocolizada ante notario en la capital tinerfeña, es “absolutamente falsa” y no ha sido comunicada oficialmente por el principal accionista del club ni al Consejo de Administración de la entidad ni a la Junta General de Accionistas. Esto implica irregularidades que no solo contravienen la legislación vigente, sino también lo que, por otra parte, contempla el restrictivo pacto privado de socios, suscrito entre Garrido y los principales accionistas mayoritarios del CD Tenerife, los empresarios Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado Bacallado.
DIARIO DE AVISOS ha podido confirmar con el propio inversor afectado, quien anuncia la presentación de la citada querella criminal para esta misma semana, que la venta pactada del diez por ciento de las acciones de la entidad requirió, como condición indispensable, la sindicación de este paquete de acciones en favor del propio José Miguel Garrido, a los efectos de que este pudiese seguir manteniendo el control en la gestión del club tinerfeño.
La mayor crisis en la historia del club
Esta primicia informativa de DIARIO DE AVISOS se hace pública en el momento más convulso que atraviesa la entidad. El club registra el peor comienzo liguero de toda su historia, en el que no ha ganado ningún partido de los seis disputados, con la destitución de su primer entrenador y la reciente incorporación de Pepe Mel al banquillo blanquiazul.
A esta crisis deportiva se suma la mayor inestabilidad institucional del CD Tenerife, provocada, en gran medida, por los problemas judiciales del mayor accionista de la entidad, José Miguel Garrido. Como desveló también en exclusiva DIARIO DE AVISOS el pasado 12 de julio, la Audiencia Nacional juzga en Madrid al máximo accionista de la entidad por defraudar a Hacienda en una macrocausa que afecta a una treintena más de procesados.
Aunque el juicio continuará hasta el próximo 23 de octubre, según ha podido confirmar este periódico en fuentes judiciales, Garrido negoció con la fiscalía un pacto previo al comienzo de la vista para evitar ir a prisión, declarándose culpable de hasta cinco delitos a cambio de aceptar una multa millonaria.
El principal accionista del CD Tenerife reconoce, en el acuerdo suscrito con la Fiscalía Anticorrupción, que defraudó a Hacienda en las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) respecto a los ejercicios comprendidos entre los años 2011 y 2015 -ambos incluidos-, por lo que ha tenido que abonar un total de 1,872 millones de euros, condición imprescindible para alcanzar dicho acuerdo con el Ministerio Público y, así, evitar el ingreso en prisión, si bien serán los magistrados de este órgano judicial los que deben validar finalmente esa decisión mediante sentencia, que se emitirá previsiblemente a final del próximo mes de noviembre.
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