Es la edil más joven del gobierno del Ayuntamiento capitalino y, además, dirige una de las áreas con mayor presupuesto. Charín González (CC), concejala de Asuntos Sociales, Educación y Juventud, y presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), asegura que este primer año de mandato ha sido “intenso y con dificultades”, donde se han afrontado retos importantes centrados en el servicio de ayuda a domicilio o la atención integral a personas sin hogar. Último punto que, recientemente, ha abierto un conflicto ante la sobrecarga que padece el Centro Municipal de Acogida, en el que se está atendiendo a personas vulnerables procedentes de otros municipios y capitales, como Las Palmas de Gran Canaria. Por ello, la intención es cambiar el actual modelo de atención del albergue.
–¿Ser la edil más joven del equipo de gobierno municipal es una ventaja o un inconveniente?
“La ventaja creo que es la disponibilidad que tengo para centrarme en mi trabajo, pues por mi edad (32 años) no tengo más responsabilidades ahora mismo que las de mi trabajo. Además, dentro del ámbito de los servicios sociales, área que conozco al ser trabajadora social, son muchos los compañeros que me conocen. Por ello, aunque lo pueda hacer mejor o peor, que se alegren de que alguien de esta profesión desarrolle esta tarea es una satisfacción, a pesar de que es un área dura”.
–¿Es complicado gestionar uno de los mayores presupuestos del ayuntamiento y en áreas tan complejas?
“No es fácil, pues estamos hablando de casi 32 millones de euros, además del gran volumen de personal que hay detrás. Dentro de Servicios Sociales, tenemos muchos sectores de población en los que entramos y muchos aspectos distintos a atender. Por ello, uno de mis objetivos es salirnos de esa visión negativa de que solo atendemos a personas con escasez de recursos, pues abarcamos más problemáticas, como convivencia de menores en el hogar, mayores en desamparo o niños con discapacidad. Nuestro fin es mejorar la calidad de vida de todas las personas”.
–¿Qué destaca de las diferentes acciones que se han puesto en marcha hasta ahora?
“Destacaría Santa Cruz Vital, donde partíamos de una situación complicada tras la supresión del programa insular Ansina. Sacarlo adelante fue muy costoso, pero verlo crecer es una satisfacción. Por otra parte, está el nuevo servicio que vamos a sacar de atención a las personas sin hogar y la modificación del contrato de las escuelas infantiles municipales, que también ha sido complejo por el cambio en la licitación. En el área de mayores, una cuestión importante ha sido afrontar la nueva formación del personal técnico, para salirnos de esa visión asistencialista y poder volver a las raíces de nuestra profesión, centrada en la intervención comunitaria y en el propio usuario”.
–El Centro Municipal de Acogida se ha convertido estos días en noticia. ¿Qué medidas se prevén para rebajar la actual sobrecarga?
“Lo que reclama el ayuntamiento es que el resto de municipios también tengan los recursos adecuados para atender a las personas sin hogar, con el objetivo de que no sobrecarguen a la capital. En la medida en que otras localidades vayan abriendo sus recursos, nuestra atención social va a disminuir. Por ello, la idea para el servicio integral de personas sin hogar es, a largo plazo, cambiar el actual modelo que tenemos respecto a la atención a vulnerables. No queremos continuar con un Centro Municipal de Acogida convertido en un macrocentro con más de 100 plazas, como sucede ahora. Tenemos las plazas adecuadas y no se van a aumentar, pero en cambio el resto de municipios sí deben incrementarlas. Nuestra intención pasa por impulsar un modelo distinto de atención, basado en pequeños espacios, y centros con un máximo de 15 ó 20 personas”.
-¿Quiere decir personalizar la atención del albergue o distribuir a estas personas?
“Ambas, pues por una parte el objetivo es que el Centro Municipal de Acogida sea un centro de día, con un volumen mucho menor de camas disponibles para pernoctar. Por otro lado, por las distintas ubicaciones del municipio, la idea es abrir otros pequeños centros que cuenten con plazas disponibles, pero en ningún caso aumentar el volumen de las actuales, sino diversificar las que tenemos. Estamos ahora impulsando otro tipo de procedimientos para llegar a ese fin”.
-¿Es un cambio vinculado a la polémica por el empadronamiento de personas vulnerables de Las Palmas en Santa Cruz?
“En Santa Cruz, tenemos a mil personas empadronadas en el albergue que reciben directamente ayudas de nuestros servicios sociales, mientras que Las Palmas de Gran Canaria dice que tiene a otras mil censadas en sus centros municipales de acogida. Es raro, porque, con el doble de población que tiene la otra gran capital, se tiene casi el mismo número de empadronados que nosotros, lo que es un indicio de que algo no está funcionando del todo bien”.
-¿Pero las mil personas vulnerables censadas en Santa Cruz son todas de otros municipios?
“En lo que llevamos de año, hemos recibido a 57 personas más en situación de calle en Santa Cruz, de las que el 13% proviene de la provincia tinerfeña. Este dato revela que estamos asumiendo una carga social que no es exclusiva del municipio y cuyas consecuencias se traducen en que la presión social que tenemos es bastante elevada. Además, también es un inconveniente hasta por las propias personas que, ante estas situaciones de vulnerabilidad, se tienen que trasladar de municipio para poder tener una atención, lo que dificulta la intervención. El perfil que nos estamos encontrando en situación de calle es de un 30% de personas extranjeras, un 29% de personas con problemas de salud mental y un 28% en situación administrativa irregular. Además, estamos detectando un incremento de casos de salud mental en personas que finalmente terminan en situación de calle. También afecta la migración o antiguos menores que están tutorizados en centros, cumplen la mayoría de edad, y solicitan plaza en nuestras instalaciones. A ello se suman nuevos perfiles de casos llamativos que están siendo atendidos por la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), donde muchas personas deciden vivir en una caravana por propia elección. Entendemos que nosotros no estamos para apoyar este tipo de casos, pues somos servicios sociales para personas con situaciones vulnerables, enfermedades de salud mental o con alguna adicción o patología dual”.
-Otro asunto son las ayudas para alimentos: ¿cómo está la situación?
“El ayuntamiento fue pionero en sacar un convenio en 2017, que actualmente lo tenemos con Dinosor y se incrementará en otros supermercados, para que la ayuda de alimentos a familias vulnerables se hiciera mediante una tarjeta monedero. Ahora, el Estado ha dado esta competencia al Gobierno de Canarias, que es el que gestiona el reparto a través de Cruz Roja. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el Ejecutivo, pues no tenemos capacidad para seguir atendiendo la demanda con los modelos específicos que se incluyen ahora para entregar las tarjetas monedero. Estábamos dispuestos a entrar en este plan, pero si tenemos que cambiar las pautas de trabajo para acceder a su distribución no es muy útil, aparte de que la cuantía económica que nos correspondía a Santa Cruz era de 300.000 euros en este periodo, cuando nuestra facturación mensual en tarjetas de alimentos ronda los 800.000 euros. Aparte, el Estado ha dejado fuera a las familias sin hijos, algo que nos preocupa. El Gobierno regional está haciendo un esfuerzo para que estas tarjetas lleguen a la mayor población posible, pero creo que el trasvase del programa FEAD a las comunidades autónomas no ha sido el adecuado”.
-¿Cada vez hay más familias que demandan ayudas?
“Si comparamos con el año anterior, no tenemos un elevado número, aunque sí vemos cambios de perfil en la población. Cada día atendemos a familias empleadas que, por las circunstancias de alquiler u otras variantes, tienen una dificultad económica para poder llegar a fin de mes”.
-Ya que ha hablado de vivienda: ¿qué ocurre con los casos de desahucios?
“Una de las condicionantes que aún nos preocupa es la situación de la vivienda, pues nos encontramos con casos donde es muy complicado terminar el proceso de integración ante la dificultad actual de familias con escasos recursos para poder acceder a una vivienda. En ese sentido, aparte de lo que son las prestaciones económicas para el alquiler, 3.000 euros anuales, estamos suscribiendo convenios con Provivienda, donde este año se ha aumentado a 42 pisos destinados a personas necesitadas”.
-Hay dos casos concretos: Añaza y el edificio Alejandro. ¿Cómo va la negociación?
“Con Añaza, la entidad gestora es Visocan y, en este caso, desde el ayuntamiento estamos negociando con la entidad pública para establecer otros medios y que estas personas accedan a un alquiler justo. Por el contrario, el edificio Alejandro tiene propietario privado y la situación es más compleja, aunque en breve me reuniré con el dueño del inmueble para abordar la problemática de las personas que ocupan desde hace once años esas viviendas”.
-¿Está afectando la migración en el aumento de la demanda de ayudas sociales?
“No hemos tenido que aumentar partidas por los migrantes. La población extranjera que tenemos en Santa Cruz, por continentes, y la que se lleva el mayor número procede de América del Sur, seguida de Europa, Asia, África, América del Norte y Oceanía”.
-Otro foco son las acusaciones de trabajadores del IMAS sobre maltrato y sobrecarga laboral. ¿Qué ocurre al respecto?
“Nos hemos reunido con la Junta de Personal para alcanzar acuerdos, negociaciones que aún siguen abiertas. Este año, ha habido cambios de personal porque estamos en un proceso de estabilización en toda la casa, que al final nos ha afectado. Lo que buscamos es que los trabajadores estén bien, para que el servicio que presten sea el mejor. Estoy hablando con representantes sindicales y con trabajadores sobre la situación que se denuncia, la cual no reconoce el 100% de los empleados del IMAS. Hablar de maltrato es muy grave y si alguien así lo considera le invito a que acuda a la vía judicial o al servicio de Prevención del ayuntamiento para poner de manifiesto esta situación. Incluso he abierto mi despacho, pero hasta ahora nadie ha ido ni por una vía ni por la otra”.
-Otra de sus áreas es Juventud: ¿hay novedades?
“El objetivo es tener en cada uno de los distritos del municipio una casa de la juventud. Ya tenemos la Siliuto, con una programación que va como un cohete; la casa Mascareño, donde este año hemos puesto una nueva programación; y la la siguiente medida será abrir otra en el Suroeste y en Ofra. Aparte, contamos con el programa Distrito Joven, repleto de acciones de formación y ocio en los barrios”.
-¿Cuáles son los retos inmediatos?
“Poner en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio, además de renovar distintos centros de Servicios Sociales. A corto plazo la atención a nuestros mayores y su soledad, al igual que la salud mental de los más jóvenes, donde ya se trabaja en colegios e institutos. Aparte, también se sumará el proyecto de proximidad, en colaboración con el Cabildo, donde habrá 19 personas más trabajando en centros municipales de atención social para prestar un servicio más individualizado”.
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