Demoledor. En plena eclosión del caso Errejón (que por significativo que resulte no deja de ser uno más), la Fiscalía de Canarias ha denunciado sin contemplaciones que en los juzgados de la Isla de Tenerife destinados específicamente para combatir la violencia contra la mujer no se respetan las más elementales garantías de las víctimas, tanto por lo que atañe a las mujeres como incluso a los menores de edad afectados por esta lacra.
Así se detalla en la cuarta página de las 107 que tiene la Memoria del Ministerio Público en el Archipiélago donde se desvela que la reciente reorganización de dichos juzgados ha degenerado de tal manera el servicio que se prestaba a la sociedad que, después del mismo, se ha producido “una sobrecarga en unos órganos judiciales en que la atención a las víctimas así como a los menores, adolece de una falta de tiempo, espacio, intimidad esencial en esta materia, vulnerándose las más esenciales garantías que la ley exige para dichas víctimas necesitadas de especial protección y atención”.
En el documento, presentado ayer en sede parlamentaria por la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez. tampoco se deja lugar a la duda sobre las causas de semejante despropósito, por cuanto se achaca directamente a que la aludida reagrupación de estos juzgados se ha llevado a cabo “en base a criterios únicamente numéricos pero sin tener en cuenta el interés preponderante de la víctima”.
Concretamente, la Fiscalía señala a la “comarcalización, que ha entrado en funcionamiento en enero del 2023, de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, habiéndose ampliado la competencia de los dos Juzgados existentes en la capital a los partidos judiciales de San Cristóbal de La Laguna y Güímar, y la del Juzgado único de Violencia sobre la Mujer de Arona al partido judicial de Granadilla de Abona, previa propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y aprobación del Consejo General del Poder Judicial”.
Durante su comparencia parlamentaria. María Farnés Martínez puso énfasis en las carencias de medios para atender a las víctimas de violencia doméstica, especialmente en Santa Cruz de Tenerife, donde las mujeres muchas veces se ven obligadas a retirar sus denuncias debido a la falta de apoyo y de capacidad para conocer sus alternativas y derechos. “Si no funcionan las oficinas de protección de las víctimas, estas entienden que el mal menor es retirar la denuncia y volver con su agresor, pero es por una cuestión económica”, denunció la fiscal, en declaraciones recogidas por Efe.
Martínez consideró llamativo que el delito que más aumenta en cuanto a violencia de género es el de quebrantamiento de condena y de medidas cautelares, generado por una recuperación de la convivencia, al fallar las medidas de protección.
En cuanto a la evolución de los procedimientos y de la criminalidad, la fiscal indicó que se tramitaron 149.285 procedimientos penales en 2023, con una disminución del 7,3% en Las Palmas y un aumento del 15,59% en Santa Cruz de Tenerife.
Las sentencias de conformidad aumentaron hasta alcanzar el 98% de los casos, dijo Martínez, y defendió que se avance en la implementación de la justicia restaurativa o la mediación como alternativas en la resolución de conflictos.
Por enésima vez, se desmiente que la migración genere más delincuencia
Por enésima vez, la realidad destruye los bulos de quienes pretenden aprovecharse electoralmente de la desgracia imperante entre los más necesitados. La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, insistió ayer, una vez más, en que no hay ninguna relación entre el incremento de la criminalidad con la migración (como sostienen los propagandistas de la ultraderecha), añadiendo que en el último informe de la Fiscalía, correspondiente al año 2023, solo se han registrado cuatro procedimientos en los cuales puede estar implicado un menor extranjero no acompañado.
En comisión parlamentaria, en la que presentó los datos de la memoria de la Fiscalía, Martínez reconoció que los centros de acogida de migrantes están “muy saturados” y se están produciendo “enfados, peleíllas, pero nada especial”. De hecho, relató que ella misma fue a visitar uno de esos centros y los educadores le contaban que los migrantes “se pelean mucho”, a lo que respondió preguntándoles si tenían hijos, pues, “si en las vacaciones de verano tengo a mis hijos en mi casa mirando al techo, puede haber sangre”.
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